Los supermercados andaluces defienden sus precios ante la escalada inflacionista

La asamblea de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) sirvió este jueves como lugar de reivindicación de este importante sector regional y su labor durante el último año frente a la escalada inflacionista actual.

En la actualidad CAEA está conformada por 26 grupos empresariales —algunos tan conocidos como Coviran, El Jamón o Cash Barea—, que tienen una facturación de 35.000 millones de euros de a nivel nacional (9.000 de ellos en Andalucía), cuenta con 8.000 establecimientos comerciales (3.500 en la región), 128.000 empleados en toda España (42.000 en Andalucía). Además, incluye 4.500 pymes comerciales franquiciados o socios de cooperativas, más de 2,2 millones de metros cuadrados de superficie comercial y más de 2 millones de metros cuadrados de superficie de almacén y logística.

La reelegida presidenta de la organización, Virginia González Lucena, subrayó en su discurso que “nuestros establecimientos, están sirviendo de dique de contención para evitar una subida de precios mayor”. “Si se trasladaran directa y proporcionalmente al precio de venta al público los incrementos en los eslabones precedentes, la inflación alimentaria estaría en cifras mucho más elevadas de lo que se encuentra actualmente”, explicó.

Como ejemplo, recordó que el mes de febrero ha cerrado con cifras de incrementos de precios de más de un 60% de media en origen en el sector productor agrícola y ganadero (según el Ministerio de Agricultura); un 20% de media en los fabricantes y proveedores de la industria alimentaria (según el INE) y un 16,6% de IPC de media en el lineal del comercio minorista.

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Al margen de los precios de los alimentos en origen, la máxima responsable de CAEA señaló alguno de los costes que se han disparado en el último año para el sector de las empresas de distribución de alimentación, como la electricidad, que se ha multiplicado por cuatro; la eliminación de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante; la entrada en vigor el 1 de Enero, del impuesto al plástico no reutilizable; y los incrementos salariales, que en algunos casos se han alineados al IPC.

Por ello, lamentó que, “de cara a la opinión pública, en gran medida debido a acusaciones de determinados ámbitos políticos, los culpables de la inflación son los distribuidores comerciales, a los que nos han situado en el punto de mira como los malvados de la cadena por supuestamente aprovechar la situación para incrementar márgenes”.

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Además, rechazó de plano “cualquier propuesta intervencionista del tipo: tope o congelación de precios, cestas básicas, impuestos a las distribuidoras”, ya que a su juicio, “podría tener efectos devastadores sobre la cadena y suponer la destrucción de muchísimos puesto de trabajo y la ruina de muchas empresas”.

“Medidas de este tipo podrían provocar desabastecimiento, importación de productos de terceros países con costes más baratos, pérdidas de calidad o surgimiento de la economía sumergida, entre otros efectos no deseados”, insisitió.

Virginia González subrayó que “la mayor garantía de competitividad de este sector es la pluralidad de enseñas. Actualmente en España existen más de 320 cadenas de supermercados, con una menor concentración que en la mayoría de países europeos”.

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, defendió la importancia de este sector y lamentó que una parte de la clase política “demuestra su memoria de pez ante el papel esencial que jugó la cadena de distribución alimentaria, casi tan importante como el sector sanitario durante la pandemia”.

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“Lo olvidan con facilidad cuando hoy os intentan culpar de la escalada de la inflación con ataques gratuitos y absolutamente desinformados, sin tener en cuenta que los incrementos de costes son muy superiores a la subida de los precios, y están siendo absorbidos por el sector de la distribución comercial pese a los escasos márgenes de entre el 1% y el 3% en el que os desenvolvéis”, señaló.

Por último, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, señaló las “innumerables tensiones de incremento de costes de toda índole, —sociales, salariales, regulatorios, ambientales—, a las que están sometidas las empresas andaluzas”. De ahí que lamentó “esa acusación falsa de enriquecimiento a través de unos supuestos incrementos desmedidos de márgenes”.