La Guardia Civil culpa a la Junta de Moreno del retraso en el caso de los cursos de formación

Para no perderse en el entramado de casos de corrupción relacionados con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía bajo gestión socialista sería necesaria una genealogía como las que Tolkien ideó para su Imaginarium. El caso de los cursos de formación es distinto al de los ERE y el de Invercaria, las otras dos macrocausas que han puesto en jaque a toda una generación de políticos del PSOE andaluz. Mercedes Alaya comenzó a investigarlo en 2015 con una sonora redada, pero la matriz sigue en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ahora en manos de José Ignacio Vilaplana. Y en la Guardia Civil consideran que esa dilación es, en parte, responsabilidad de la Junta, ahora en manos del PP, que ejerce al mismo tiempo de acusación.

La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ha enviado a Vilaplana un oficio, con fecha de 2 de marzo, en el que alerta de un "retraso significativo" en la instrucción de este caso. Se habló, en los albores de la investigación, de una estafa de 3.000 millones de euros de fondos desviados para pagar cursos de formación y subvenciones. Pero la situación sigue enredada, incluso con una paralización de por medio. Fue María Núñez Bolaños, la primera sustituta de Alaya, quien en octubre de 2016 decidió archivar la pieza, que se mantuvo así durante 2 años, 6 meses y 19 días.

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Es el tiempo que tardó en reabrirse el caso a raíz de un recurso interpuesto, precisamente, por el PP, que utilizó como ariete los distintos casos de corrupción de la Junta socialista en su estrategia de oposición durante años. Los abogados populares en las distintas piezas, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, son hoy altos cargos de la Junta. El primero es miembro del Consejo Consultivo tras haber pasado por la Consejería de Justicia, mientras que Fuster es secretaria general de Interior y Espectáculos Públicos en el departamento de Presidencia, que encabeza Antonio Sanz. Ahora, la representación de los populares está en manos del despacho de Alfonso Martínez Escribano.

Una vez reabierta la investigación, en un auto del 31 de julio de 2020, se acuerda crear un grupo de trabajo formado por personal de la Intervención General del Estado, de la Intervención General de la Junta y de la propia UCO. La misión de este equipo es analizar los expedientes aportados por la Consejería de Empleo, ya bajo mandato del PP, sobre subvenciones relacionadas con los cursos de formación. El objetivo era cotejar que estos documentos, debidamente digitalizados, tienen la misma "falta de documentación y defectos" que los analizados a través de aplicaciones informáticas en diligencias anteriores.

Hay 520 expedientes por analizar, de los cuales quedan 377 en el tintero por la falta de funcionarios

Según el oficio de la UCO, los informes en cuestión eran previos al periodo 2009-2012 que se investiga en la causa de los cursos de formación. Pero sí hay otros expedientes de subvenciones concedidas en ese trienio, que fueron solicitados por la Junta en febrero de 2022, y llegaron al grupo de trabajo en abril de 2022. Fue en ese momento cuando el juzgado reclamó a la Junta la participación de funcionarios de la Dirección General de Formación para estudiar los 520 expedientes que obran en manos de este equipo.

Sin funcionario desde noviembre

Tres empleados públicos de la Consejería de Empleo, en manos de Rocío Blanco desde 2019, fueron nombrados el 6 de mayo de 2021. Poco después comenzó un carrusel de bajas, que es donde la UCO pone el foco para alertar sobre ese "retraso" en la investigación de los cursos de formación. En junio de 2022, dos de los tres empleados públicos causaron baja, que fueron sustituidos el 14 de junio.

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"A partir de ese momento se han sucedido continuas bajas laborales entre los funcionarios designados, ilustra el informe. Dos meses después, el 18 de agosto, uno de los dos nuevos funcionarios causó baja, pero no fue sustituido hasta el 10 de octubre de 2022. Este nuevo trabajador causó baja un mes y medio después, el 21 de noviembre. Cuatro meses después, la Consejería de Empleo todavía no ha nombrado al nuevo encargado de esta labor.

El resultado de estas dilaciones es que de los 520 informes que están en manos del equipo de interventores, investigadores de la UCO y funcionarios desde el 27 de abril de 2022, solo se han revisado 143. La situación varía mucho entre provincias, ya que en Almería están cotejados 48 de los 51 que había en manos del grupo. Por contra, no se ha analizado ni uno de los 50 que llegaron desde Cádiz y solo 2 de los 78 que fueron remitidos desde Málaga.

Uno de los tres funcionarios de Empleo causó baja en noviembre y la Junta no lo ha sustituido

"Esta situación no se corresponde con el calendario de trabajo previsto", denuncia la UCO en su oficio, que pone de manifiesto el retraso en la investigación de este caso. Esto no es baladí si se tiene en cuenta que las primeras detenciones de esta pieza se produjeron en 2015 y hay personas investigadas desde hace casi 8 años.

Esa dilación es uno de los argumentos utilizados, por ejemplo, por los políticos del caso ERE, condenados en firme desde el pasado septiembre después de casi una década de proceso. Pero hay que tener en cuenta que el caso de los cursos de formación no ha pasado todavía el umbral de la instrucción. Este dato adquiere relevancia si se tiene en cuenta que una de las quejas más habituales del PP andaluz cuando estaba en la oposición era la falta de colaboración del Gobierno de Susana Díaz para permitir al juzgado avanzar en la investigación de los cursos de formación.