Dudan de la veracidad del documento presentado por la okupa de la operación de pecho

Los abogados del hombre que denunció a la okupa de su casa que ha logrado suspender el juicio contra ella por usurpación alegando una operación estética de “elevación de prótesis” han solicitado a la autoridad judicial que verifique la autenticidad del documento de una clínica que su defensa presentó cuatro días antes de la vista.

Los letrados, en declaraciones a este periódico, explicaron que la “carta de ingreso de paciente” de la Clínica Dorsia esgrimida por la denunciada carece del número de colegiado del cirujano plástico que supuestamente debía realizar la intervención y “tampoco recoge la fecha de cuándo fue emitida”.

Entre los escasos datos que recoge el documento están la fecha de la operación —el pasado día 17—, el apellido del facultativo que presuntamente la iba a realizar y el tipo de intervención: “Elevación de prótesis”.

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Esta circunstancia genera serias dudas en los representantes legales del denunciante, que, tras impugnar esta maniobra, han solicitado al juzgado de Málaga que lleva el caso que “libre oficios a los responsables de la clínica para que reconozcan la firma del médico e informen desde cuándo estaba programada la operación, entre otras cuestiones”. Las citadas fuentes advirtieron de que, como se demuestre que la carta de ingreso es falsa, también iniciarán acciones legales por un presunto delito de falsedad documental, que implica pena de cárcel, no como la multa que conllevaría la usurpación leve por la okupación.

El primer juicio por este caso se fijó para finales del pasado mes de noviembre, pero se acabó suspendiendo por la huelga convocada por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que estos días vuelven a estar de actualidad. “Esto supuso gastos importantes a nuestro cliente, porque se desplazó desde el extranjero, tuvo que abonar un hotel…”. Se pidió celebrar la vista 15 días más tarde, pero los defensores de las okupas esgrimieron problemas de agenda.

Los letrados desean, entre otras cosas, que se aclare la urgencia de la intervención estética

La siguiente fecha fijada por el tribunal fue el pasado 17 de enero. “En esta ocasión”, el denunciante iba a declarar por videoconferencia desde Nueva York, por lo que debía estar frente a la pantalla a las cuatro de la madrugada. Pero eso no acabaría ocurriendo. La defensa de la okupa presentó cuatro días antes un documento de una clínica de estética con el que solicitaba la suspensión porque su clienta iba a someterse el día del juicio a una intervención de “elevación de prótesis [mamarias]”.

La Fiscalía no se opuso a la petición y la jueza instructora aceptó retrasar la vista, contra la opinión de los abogados del denunciante, que presentaron un recurso de queja tras impugnar la presentación de la “carta de ingreso de paciente”. Consideran que no es más que una estrategia para ralentizar el proceso porque entienden que una intervención quirúrgica es algo serio, que no se programa de un día para otro, que “requiere de un preoperatorio, unas analíticas o pruebas de anestesia”, y la presunta okupa nunca había manifestado con anterioridad que tuviese que pasar por el quirófano.

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Los letrados de Ruiz Ballesteros Abogados, el bufete que lleva el caso, inciden en que en ningún momento se justifica la urgencia de este procedimiento médico. Tampoco ocultan su perplejidad por el hecho de que la denunciada presuntamente usurpase la vivienda de un legítimo dueño porque al parecer no disponía de recursos económicos y ahora disponga de dinero para abonar una operación de estética que en la clínica en la que se van a practicar publicitan por un importe desde 1.995 euros.

La vista se suspendió incluso para otra mujer que actualmente tiene okupado el domicilio, y que podrá seguir residiendo en él mientras no se produzca el lanzamiento definitivo, que es lo que presuntamente está persiguiendo para poder tener acceso a una serie de ayudas sociales, apuntaron las citadas fuentes. El juicio sigue sin fecha porque, entre otras cuestiones, el juzgado deberá dirimir sobre el recurso y las impugnaciones presentadas por los representantes legales del propietario.

Este, un ciudadano suizo, decidió comprar una vivienda en Málaga tras enamorarse de la ciudad y su objetivo era pasar largos periodos e incluso instalarse definitivamente en un futuro próximo. Por el inmueble, ubicado en el barrio de La Trinidad, está pagando 700 euros mensuales de hipoteca y debe seguir abonando la luz y el agua para que "otros no le denuncien por coacciones".