Se suicida en prisión un maltratador al que sus hijas impidieron que matara a su madre

La Guardia Civil ha abierto una investigación en torno a la muerte en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre de un individuo que fue detenido hace aproximadamente tres semanas por intentar asesinar a su expareja en Estepona asestándole ocho puñaladas. La intervención de las dos hijas de la pareja evitó que el hombre lograra su objetivo al interponerse entre ambos y poner en fuga al agresor. Los primeros indicios apuntan a que el hombre, de 48 años de edad, se quitó la vida ahorcándose, aunque se está a la espera de los resultados del examen médico legal.

Según ha podido saber El Confidencial de fuentes penitenciarias, el hallazgo del cadáver se produjo en la mañana de este martes. Se encontraba en la celda que compartía con otro reo y al parecer aprovechó que este había tenido que salir para un trámite judicial. Supuestamente, utilizó unos cordones de zapato para ahorcarse en un instante en que estaba solo y sabía que nadie iba a pasar por la estancia.

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Una vez se descubrió el cuerpo inerte, y comprobando la imposibilidad de reanimarlo, se activó el protocolo establecido para estos casos y se dio aviso a la comitiva judicial, señaló Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que añadió que se dio traslado de lo sucedido al juzgado de guardia.

Fuentes del Instituto Armado confirmaron el hallazgo de un cuerpo en la citada prisión y agregaron que, a la espera de los resultados de la autopsia prevista en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, las primeras diligencias de investigación concluyen que el suicidio es la hipótesis más probable para explicar el óbito.

El fallecido protagonizó uno de los casos graves de la escalada de violencia machista del país

Ninguna de las fuentes oficiales quiso confirmar la identidad del fallecido, pero otras consultadas por este periódico precisaron que se trata de un presunto maltratador cuyos actos delictivos se enmarcaron en la escalada de casos de violencia machista que azotó eel país en el cierre de 2022 y que se ha prolongado en el arranque del presente año.

Los hechos que motivaron su detención y posterior encarcelamiento preventivo se produjeron el 19 de diciembre en el municipio costasoleño de Estepona, informó la comisaría provincial en su momento, que señaló que el investigado agredió con un arma blanca a su expareja, de 42 años. Sobre las 20:40 del citado día, “el hombre esperó a su víctima en la puerta del domicilio, accediendo finalmente al mismo y asestándole ocho puñaladas en la espalda con una navaja que portaba en su bolsillo”.

El arrestado no logró su objetivo de asesinar a su exmujer porque “las hijas de ambos, menores de edad, evitaron que su padre cumpliera su propósito”. Fueron agentes de la Policía Nacional los que localizaron al presunto agresor a unos 400 metros del lugar y presentaba una herida sangrante en un antebrazo autoinfligida para suicidarse. No lo logró entonces, pero las primeras líneas de investigación en torno a su muerte apuntan que en esta ocasión sí lo ha conseguido, cerrando la vía penal en torno a unos hechos descritos inicialmente como tentativa de homicidio.

Este fue uno de los casos de violencia machista graves que se registraron en distintos puntos del país en las últimas semanas del pasado año. Los distintos asesinatos, unidos a la polémica de la ley del solo sí es sí, tensionaron, una vez más, la coalición del Gobierno central, con reproches entre dirigentes de Unidas Podemos (UP) y el PSOE.

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La tendencia alcista de crímenes machistas no ha cesado en los pocos días que llevamos de 2023, con asesinatos en Cádiz, Almería, Tenerife o Ciudad Real, y por eso durante dos días se ha reunido el Grupo de Análisis Policial que examina los 49 crímenes machistas confirmados durante el pasado año, “un proceso que tiene como objetivo extraer conclusiones y propuestas de mejora que ayuden a reforzar la prevención de los crímenes de violencia de género”.

El Ministerio del Interior informó de que los participantes realizaron un estudio de la actuación policial, administrativa e institucional en todas y cada una de las investigaciones, con el objetivo de “extraer ámbitos de mejora en todos los frentes, desde la prestación operativa de medidas de protección de la víctima hasta en la adopción de actuaciones preventivas de seguridad sobre el posible agresor”.