La Junta se anota un tanto en su bronca con Igualdad por el Pacto de Violencia de Género
La Administración andaluza renovará temporalmente los contratos de 21 interinos de refuerzo de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Sin embargo, no cierra la continuidad de expertos como psicólogas o trabajadoras sociales
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Noticias agridulces para los expertos en asistencia a las víctimas de la violencia de género cuyos puestos de trabajo estaban en riesgo por disputas entre el Ministerio de Igualdad y la Junta de Andalucía. Un choque provocado por la utilización y transferencia de los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública confirmó a este periódico que los 21 interinos que reforzaron los juzgados de Violencia sobre la Mujer prorrogarán sus contratos tres meses y se abonarán con dinero autonómico mientras llegan las partidas del Gobierno central. Pero la incertidumbre no se disipa para las psicólogas, trabajadoras sociales y otros profesionales de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) adscritas a los Institutos de Medicina Legal (IML), cuyas renovaciones no han fraguado a pocos días de Noche Vieja, fecha en la que cesan. La Administración autonómica afirma que trabaja para que esta circunstancia no se produzca, pero reconoce que “es un poco más complejo”.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) comunicaba este jueves que la Consejería de Justicia había confirmado “la continuación en 2023 de las medidas de refuerzo de los juzgados con competencia en Violencia sobre la Mujer” y señalaba que se sufragaría con cargo a las cuentas andaluzas mientras se produce “la renovación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género”. Fuentes del Ejecutivo autonómico precisaron a El Confidencial que serán 21 empleados públicos los que tienen su puesto asegurado desde el 1 de enero al 31 de marzo.
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“Resultaría lamentable que el primer regalo de Año Nuevo a la Administración de Justicia en Málaga sea perder el 25% de la plantilla de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Genero”, señalaba el citado sindicato sobre el caso concreto de una trabajadora social y una psicóloga que, tras años de trabajo en el IML malagueño, están a un paso de cesar en sus puestos porque la renovación de los expertos de estos equipos se está dilatando.
Las fuentes consultadas reiteraron que la situación de estas profesionales “se está estudiando”, aunque advirtieron que su caso “es un poco más complejo”. La explicación que ofrecieron a esta diferencia es que “hablamos de distinto tipo de personal”, pues “hay administrativos que pertenecen a la Administración General del Estado, forenses...”.
La disputa entre administraciones deja en el aire el futuro de expertas en la lucha contra el maltrato
“La idea es poder seguir contando con los equipos de refuerzo, como se ha hecho con los juzgados, pero no está resuelto aún”, añadieron, para después reconocer que “no se puede dar un plazo exacto” para la resolución de este problema. Eso sí, aseguraron que “no es algo que se pueda demorar mucho, está claro”.
Estos trabajadores se incorporaron a sus puestos después de que el 3 de agosto de 2018se aprobase un Real Decreto para el desarrollo del Pacto de Estado con el fin de atajar el problema de la violencia machista, Un texto en el que también se desgranaban las ayudas. Las dos expertas afectadas en Málaga, por ejemplo, se incorporaron al Instituto de Medicina Legal en esas fechas, por lo que el paso del tiempo les ha otorgado una amplia experiencia en “un campo muy específico de la violencia”, destacaron fuentes sindicales, que lamentaron que cuando se convoquen las plazas —“allá por marzo”— se “tirará de la bolsa”. “Y entonces habrá que formar a las personas que se incorporen”, así que existirá un periodo en el que el trabajo se ralentizará.
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La psicóloga y la trabajadora social mencionadas trabajan habitualmente casos del ámbito Civil y sus dictámenes son necesarios para los procesos derivados de divorcios problemáticos, conflictos en las custodias y otros contenciosos. Así que su ausencia prolongada puede ralentizar toda la maquinaria judicial al colapsar el trabajo del IML y condicionar las instrucciones de los casos al no disponer las autoridades judiciales de los informes de valoración de los implicados.
Fondos y reproches
¿Y cuál es el origen de esta situación? Pues la Junta de Andalucía y el Ministerio de Igualdad ofrecen versiones contradictorias. Desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se asegura que el Gobierno central es el responsable porque “el problema es que el Pacto no está renovado”. “Se ha anunciado, pero no está renovado”, manifestaron fuentes de este departamento, que consideran que que el Ejecutivo central “ha llegado tarde” porque “no previó que no hubiese un espacio de tiempo entre uno y otro”.
Igualdad espeta que los fondos del Pacto de Estado no se deben emplear en medidas de refuerzo
“Sin los fondos no se puede hacer la renovación y mantener la continuidad, que es lo que desde la Consejería se quiere”, apuntaron. Algunas organizaciones sindicales también deslizan esta circunstancia como origen de la problemática actual.
Estas acusaciones fueron rechazadas por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que a preguntas de este periódico se desmarcó de la polémica asegurando que, “con normalidad”, transfirió 16,5 millones de euros a la Junta de Andalucía, “tal y como quedó establecido en la conferencia sectorial del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del 1 de marzo”.
Fuentes del Ministerio de Igualdad acusaron de la situación de los trabajadores de refuerzo al Ejecutivo autonómico y le reprocharon su decisión de pagarles “con recursos que le vienen” del acuerdo estatal. “La mayoría de las comunidades autónomas que tienen Unidad de Valoración Integral de Violencia de Genero la mantienen con fondos propios porque se trata de su ámbito competencial”, censuraron, antes de añadir que “el dinero del Pacto Estatal contra la Violencia de Género va a sufragar las actuaciones adicionales” en esta materia.
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“Es su decisión dedicar lo que reciben a éste u otro servicio. Si carece de recursos propios para mantenerlo, el problema es de insuficiencia presupuestaria de Andalucía”, echa en cara el departamento ministerial.
Desde el Gobierno andaluz, no obstante, se insistió en que esos 16,5 millones forman parte del anterior Pacto de Estado y que “el problema se producirá en 2023” porque aún no se ha renovado y no se han liberado nuevas partidas.
Noticias agridulces para los expertos en asistencia a las víctimas de la violencia de género cuyos puestos de trabajo estaban en riesgo por disputas entre el Ministerio de Igualdad y la Junta de Andalucía. Un choque provocado por la utilización y transferencia de los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública confirmó a este periódico que los 21 interinos que reforzaron los juzgados de Violencia sobre la Mujer prorrogarán sus contratos tres meses y se abonarán con dinero autonómico mientras llegan las partidas del Gobierno central. Pero la incertidumbre no se disipa para las psicólogas, trabajadoras sociales y otros profesionales de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) adscritas a los Institutos de Medicina Legal (IML), cuyas renovaciones no han fraguado a pocos días de Noche Vieja, fecha en la que cesan. La Administración autonómica afirma que trabaja para que esta circunstancia no se produzca, pero reconoce que “es un poco más complejo”.