Condenan a cárcel a seis bomberos forestales por causar un incendio que calcinó 788 hectáreas

Seis bomberos forestales del Plan Infoca de la Junta de Andalucía han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga como autores de un delito de incendio por imprudencia grave que calcinó 788,65 hectáreas en los municipios de Pujerra y Júzcar. A cada uno de ellos se le ha impuesto seis meses de cárcel y una multa de 1.800 euros, así como el pago de forma conjunta y solidaria de los "perjuicios causados" a los propietarios de las fincas afectadas por las llamas.

Esta resolución se conoce una década después de que se produjesen los hechos. Los daños ocasionados por los investigados se han cifrado —basándose en valoraciones agroforestales, estadísticas de producciones y precios del mercado— en más de 4 millones de euros y el tribunal señala como responsable civil subsidiaria a la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).

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Los seis meses de cárcel impuestos a cada uno de los bomberos procesados son casi la mitad de los 11 que inicialmente solicitaba la Fiscalía, que acabó modificando sus conclusiones conforme ha ido avanzando un caso cuyo enjuiciamiento se ha retrasado en diversas ocasiones.

La titular del juzgado de lo Penal número 11 de Málaga considera probado que del 30 de enero al 3 de febrero de 2012, el retén del Infoca ME-123 de Igualeja, compuesto por los acusados, estuvo trabajando en la ejecución del Proyecto de Selvicultura preventiva contra incendios forestales. "Su labor consistía en la formación de una faja auxiliar cortafuegos, la cual comportaba la eliminación de los residuos vegetales mediante el uso del fuego en la zona que existe entre la pista forestal asfaltada de Pujerra al Puerto de la Alanadillas", se especifica en la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico

El fallo considera que "no apagaron con agua" el fuego hecho para quemar rastrojos

El último día, los investigados "realizaron tres hogueras —dos en la cuneta y una en el arcén contrario— de la pista forestal [...] para eliminar los residuos vegetales procedentes de los trabajos forestales". Los dos primeros fuegos "no contaban" con el perímetro de seguridad necesario de 50 centímetros, "no se apagaron con agua y fueron abandonados antes de su completa extinción", dejándose a merced del fuerte viento reinante en la zona en aquella fecha, a pesar de que había un aviso de meteorología adversa para el riesgo de incendios y su propagación.

Las rachas de aire reavivaron las llamas de las hogueras, "propagándose hacia arriba por una ladera de castaños, con el suelo tapizado de hojarasca seca y por una tira de matorral existente junto a un cortafuegos", y llegando hasta una línea divisoria de aguas por la que circulaba un camino de tierra. Las pavesas, empujadas por el viento, cruzaron vía aérea este camino y originaron focos secundarios en el pinar ubicado al otro lado. Esto hizo que el incendio continuara extendiéndose hacia el sur.

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El fuego fue detectado a las 11.15 horas del día siguiente, 4 de febrero de 2012, y no se logró controlar hasta dos días después. Finalmente, quedó extinguido a las 19.30 del día 7 y se estimó que resultaron afectadas un total de 788,65 hectáreas de masa forestal. Como consecuencia de este siniestro, se produjeron numerosos daños en las fincas pertenecientes a los parajes de El Helecha, Riajana y Sierra Bermeja, pertenecientes a los términos municipales de Pujerra y de Júzcar.

"Todos participaron"

La jueza considera que "la relación de causalidad existente se encuentra claramente probada por el informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil", donde se plasman los vestigios incandescentes encontrados en el punto en el que se ubicó el foco de inicio del fuego. Y otorga más valor a esta diligencia que a la prueba pericial propuesta por las defensas.

"Pese a las versiones de los investigados insistiendo en que hicieron el cercado perimetral de seguridad, y que las hogueras estaban totalmente extinguidas al finalizar su jornada laboral", la autoridad judicial afirma que "el atestado, y en concreto de la inspección ocular practicada, demuestran que no estaba hecho".

La Junta de Andalucía, al mismo tiempo, es víctima y responsable subsidiaria

En la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, se concluye que "todos los acusados participaron en el hecho, ejecutando las labores propias de la obra, a sabiendas de que carecían de las mínimas medidas de seguridad para evitar un peligro de incendio claramente previsible y evitable".

Sobre las indemnizaciones, deberán abonar a cinco propietarios de fincas 3.775.338,14 euros; mientras que también tendrán que sufragar los gastos ocasionados a la Junta de Andalucía por los gastos de extinción de las llamas —248.818,22 euros— y al Estado por la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) —96.564 euros—. Se da la paradoja de que probablemente la Administración andaluza se tenga que abonar dinero a sí misma, ya que la Amaya, la agencia de la que depende el Plan Infoca para el que trabajaban los condenados, es responsable subsidiaria. Y todo hace pensar que los seis bomberos difícilmente puedan afrontar el pago de estos más de cuatro millones de euros.