El PSOE pidió a sus senadores actualizar sus bienes en plena ofensiva del caso Marbella

No solo el senador socialista José Miguel Alonso. Al menos 10 compañeros de bancada ampliaron sus declaraciones de bienes y rentas cuando su partido intensificaba los ataques por las posesiones de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el Gobierno central cocinaba el nuevo delito de enriquecimiento ilícito que fija penas de cárcel para los cargos públicos cuyo patrimonio aumente en más de 250.000 euros sobre sus ingresos sin justificación. Una modificación con la que regularizan siete viviendas, coches, plazas de garaje y fondos de inversión y que pone de relieve un patrón de comportamiento que marcó la dirección del PSOE en una reunión de grupo en la que se indicó a los senadores que debían actualizar sus fichas, según confesó a El Confidencial uno de los políticos que han participado en este proceso.

Entre finales de octubre, fecha en que los socialistas ponían a Muñoz en el centro de la actualidad política nacional por la investigación que afecta a su marido y a un hijastro, y el 1 de diciembre, día en que el PSOE impulsaba en la Cámara Alta un expediente sancionador contra la dirigente popular para que se dilucidara su tardanza en informar sobre sus bienes, distintos senadores socialistas fueron poniendo al día sus posesiones. En el mismo periodo, hubo otras cuatro actualizaciones en el grupo popular, entre ellas, la que hizo la regidora marbellí el 17 de noviembre.

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Pablo D. Almoguera Carlos Rocha

Santiago José Castellá, senador socialista por Tarragona, informaba de la adquisición en 2021 y 2022 de un fondo de inversión y dos pisos —uno en copropiedad con sus hermanos, recibido en herencia— cuyo valor no se especifica en la modificación de sus datos patrimoniales. Tampoco se detalla en el caso de la senadora por Málaga Estefanía Martín Palop, quien el 15 de noviembre incorpora a su catálogo de bienes y rentas el 56% y el 50% de dos viviendas compradas este año y el pasado. Igual ocurre en el caso de su compañera por Albacete Donelia Roldán, que solo en 2022 adquirió un apartamento y una casa con plaza de garaje, ambos en Sevilla, según se recoge en la documentación consultada por este periódico, donde se especifica que ya en 2019 informó de la posesión de un piso con trastero y plaza de garaje, un terreno rústico de 500 metros, el 50% de un adosado en Segovia y el 25% de un domicilio recibido en herencia. En la actualización de datos, desaparecen la finca y el piso.

Estas modificaciones, que solo son un ejemplo de las que se produjeron en ese periodo, no se pueden abstraer del discurso político que dominaba aquellas fechas y que desde los partidos de izquierda focalizaban en la alcaldesa de Marbella, para después tratar de extender a la máximos dirigentes del PP. El PSOE, principalmente, respondía de manera acompasada a cada revelación sobre la investigación por blanqueo de capitales y asociación ilícita —entre otros cargos— que cerca al esposo de Ángeles Muñoz y a uno de los hijos de este.

Las insinuaciones de que el ayuntamiento marbellí revivía una nueva Malaya se sucedían junto con las peticiones de dimisión de la regidora. Pero la estrategia socialista viró hacia la cuestión patrimonial cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, desligó de las pesquisas al ayuntamiento marbellí cuando en un auto remarcó que “no se menciona la existencia de ningún destino irregular de fondos públicos”, tampoco que el consistorio “haya sido utilizado para la realización de un posible blanqueo de capitales” y que “no se menciona a ningún cargo público que por acción u omisión pudiera tener relación con los delitos mencionados”.

Fue entonces cuando los dirigentes del PSOE, que sufrieron el revés de que se les negase su personación en el caso, comenzaron a comparecer públicamente para hacer hincapié en el patrimonio millonario de la regidora y también senadora del PP y extrapolar esta investigación con el caso que en 2014 llevó a la disolución del ayuntamiento. Un contexto en el que 11 miembros de la bancada socialista en la Cámara Alta comenzaron a actualizar sus declaraciones de bienes.

La primera actualización de bienes registrada el 26 de octubre fue a las 12:45 y la sexta, a las 18:21

Las sospechas de que estos movimientos pudiesen obedecer a una directriz de partido se acrecientan cuando se observa que al menos cinco miembros del PSOE pusieron al día su inventario de bienes y rentas en una misma jornada y durante un corto intervalo de tiempo. Concretamente, entre las 12:45 del 26 de octubre, cuando la senadora y exalcaldesa de Puertollano María Teresa Fernández Molina registró su modificación para incluir el 50% de una vivienda adquirida en 2021, y las 18:21 de ese día, instante en que María Mercedes Berenguer, representante por Valencia y concejala de L’Eliana, actualizaba sus datos para informar de la compra de un coche híbrido el año pasado.

Llama la atención que tres de estos políticos, Jesús Manuel Alonso —el senador de las 140 fincas—, Jesús Caro Adanero y Francisco Javier Aragón, realizaron este trámite a las 14:56, 15:05 y 15:13, en una horquilla de 17 minutos. Se da la circunstancia de que estos dos últimos, que informan de la compra de dos coches, declararon un gran volumen de patrimonio inmobiliario. El primero comunicó un inmueble industrial, dos viviendas, 31 hectáreas de superficie de secano y un 20% de un local comercial. Mientras que Aragón detalló la posesión, en mayor o menor grado, de cuatro casas en Granada y Almería, tres garajes, una nave industrial, un terreno urbano y una parcela rústica.

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C. Rocha. Sevilla

Las regularizaciones aumentan en torno a esa fecha, y el 23 de octubre, por ejemplo, José Fernández Blanco, senador por Zamora y alcalde de Puebla de Sanabria, comunicaba la compra en 2020 de un vehículo. Una semana más tarde, era Roldán la que detallaba la adquisición de nuevos inmuebles, y un día después, su compañero Félix Ortega Fernández, elegido por Toledo y alcalde de Cobisa, comunicaba la compra de un piso en Madrid a lo largo de 2021.

Una reunión del grupo parlamentario

La hipótesis de una estrategia prefijada que se intuía de la mera observación de la información pública fue confirmada por un senador socialista. Hay que tener en cuenta que la normativa de la Cámara Alta no obliga a sus miembros a actualizar su patrimonio según lo adquieren. Solo al asumir la condición de senador deben hacer pública esta información, pero en lo que va de legislatura se han registrado 82 modificaciones en estas fichas. La mayor parte corresponden al PSOE (45), pero la actualización de cinco actas en una sola jornada no tiene precedentes. El 9 de mayo de 2022, hubo una coincidencia de tres senadores socialistas, mientras que el resto de grupos no superan el par de regularizaciones en una semana.

En el periodo en que el PSOE indujo a 11 de sus senadores a actualizar sus declaraciones de bienes, hubo otras cuatro en el PP. A la de Ángeles Muñoz hay que sumar la de Javier Lacalle, alcalde de Burgos, que incluyó en su información que está construyéndose una segunda vivienda en la localidad de Cabellón de la Sierra en régimen de gananciales y después de la compraventa del suelo. El regidor de Algeciras, José Ignacio Landaluce, también revisó sus datos y añadió la adquisición en 2021 de un piso en Madrid que posee al 50%. En sus cuentas, a fecha de 30 de noviembre de este año, hay 121.144 euros, mientras que en febrero de 2021 había 218.626 euros. Sus participaciones en empresas se mantienen casi intactas, con valor por más de 1,5 millones de euros. Por último, el senador por Ceuta David Juan Muñoz Arbona adquirió en la ciudad autónoma un local y un despacho, aunque vendió una casa en Sevilla.

Hay que tener en cuenta que las actualizaciones de bienes no son la única información pública que deben presentar los senadores. También están obligados a revelar sus intereses económicos, y aquí es el PP más numeroso. De las 36 actualizaciones de este apartado registradas en la legislatura, 24 llevaron la firma de senadores populares y cuatro de ellos hicieron su actualización el 24 de octubre pasado, poco después de que el caso relacionado con la alcaldesa de Marbella estallase, aunque es cierto que el 19 de julio de 2021 hubo otras cuatro actualizaciones.

Los responsables de las cuatro regularizaciones más recientes son Sergio Ramos, senador por Gran Canaria, que informó de que entre 2012 y 2018 fue "ayudante del presidente del Gobierno" en el Ministerio de la Presidencia —Ramos hizo hasta revisiones en el mismo día, aunque con distinta fecha, pero solo una es pública—; Asier Antona, que fue diputado autonómico en Canarias, y Juan Manuel Juncal, que informa sobre su condición de senador entre 2011 y 2016 y de diputado entre 2016 y 2019.