La Fiscalía Anticorrupción insiste en que Griñán debe entrar en prisión por los ERE
Reitera su rechazo a la suspensión de las penas de cárcel solicitadas por el expresidente y otros ocho altos cargos tras la petición del tribunal sentenciador, que ya tiene todos los escritos solicitados para tomar una decisión
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La Fiscalía Anticorrupción insiste en que José Antonio Griñán debe entrar en la cárcel para cumplir la pena de seis años por el caso de los ERE. El Ministerio Público ha reiterado su posicionamiento inicial sobre el expresidente de la Junta y los otros ocho exdirigentes socialistas que reclamaron la suspensión de sus penas de prisión. En un escrito fechado el 7 de noviembre, los representantes de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla responden la petición de la Audiencia de Sevilla, que ese mismo día reclamó un nuevo posicionamiento de los fiscales sobre las penas de los altos cargos condenados por la gestión de las ayudas repartidas de forma fraudulenta en Andalucía entre 2000 y 2010.
El tribunal sevillano dio un plazo de tres días a la Fiscalía y la acusación, que está en manos del PP andaluz, para posicionarse por segunda vez sobre las peticiones de Griñán y el resto de exdirigentes. La primera vez se les pidió una respuesta sobre la solicitud de indulto realizada por los políticos socialistas, mientras que la segunda aludía al incidente de nulidad interpuesto por las defensas ante el Tribunal Supremo como forma de rechazo a la confirmación de la pena dictada por la Audiencia de Sevilla. Fuentes de la Fiscalía han explicado a este periódico que el nuevo posicionamiento reclamado fue una forma de las respuesta a los escritos presentados por las defensas de los exaltos cargos socialistas.
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El PP, que también debe posicionarse, anunció el pasado sábado que se adhería a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, pero todavía no han hecho públicos ninguno de los escritos que debe emitir a petición de la audiencia. El Ministerio Público aludió a la longitud de las penas, todas salvo una mayores a los seis años de prisión, para justificar su rechazo a la suspensión. "Estamos ante una forma más de corrupción política", defendía el escrito inicial de los fiscales para destacar la gravedad de los hechos condenados por la Audiencia de Sevilla y refrendados por el Supremo el pasado julio.
La defensa del expresidente, dirigida por el letrado José María Calero, rechazó que su representado sea un "hombre corrupto", insistió en que no hubo enriquecimiento personal y afirmó que existen excepcionalidades en la situación del expresidente de la Junta para rechazar el posicionamiento del Ministerio Público. El letrado defiende que la pena de prisión de seis años por el delito de malversación debe quedar en suspenso mientras el Supremo no decida sobre el incidente de nulidad y el Gobierno no haga lo propio con el indulto. La defensa de Griñán todavía tiene una vía para intentar evitar la entrada en prisión, el recurso de amparo al Constitucional si el Supremo no atiende el incidente de nulidad.
El PP anunció que se adhería a la posición de la Fiscalía, pero todavía debe hacer público su escrito para rechazar la suspensión de las penas
En cualquier caso, la decisión está en manos de Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el tribunal sentenciador. Después de solicitar los distintos posicionamientos y una vez que este jueves termina el plazo de tres días, el tribunal sevillano tiene la potestad para decidir sobre la pena de cárcel de Griñán y otros ocho altos cargos. Son los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, pero también los ex altos cargos Juan Márquez, Agustín Barberá, Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jesús María Rodríguez Román. Serrano Aguilar, que fue director general de IFA /IDEA, ha solicitado ya incluso el recurso de amparo al Constitucional, según figura en el escrito de la Fiscalía.
Este viernes, 11 de noviembre, se cumple un mes desde que la Audiencia de Sevilla activó la ejecución de la sentencia confirmada por el Supremo en julio sobre la pieza política del caso ERE. Con los altos cargos condenados a prevaricación, entre los que se encuentra Manuel Chaves, puso en marcha la pena de inhabilitación asociada a este delito. Respecto a los exdirigentes condenados por malversación, con pena de cárcel, solicitó los citados posicionamientos de la Fiscalía y las acusaciones particulares. Ahora debe tomar una decisión sobre la suspensión socilitada por el expresidente, algo para lo que no tiene plazo.
La Fiscalía Anticorrupción insiste en que José Antonio Griñán debe entrar en la cárcel para cumplir la pena de seis años por el caso de los ERE. El Ministerio Público ha reiterado su posicionamiento inicial sobre el expresidente de la Junta y los otros ocho exdirigentes socialistas que reclamaron la suspensión de sus penas de prisión. En un escrito fechado el 7 de noviembre, los representantes de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla responden la petición de la Audiencia de Sevilla, que ese mismo día reclamó un nuevo posicionamiento de los fiscales sobre las penas de los altos cargos condenados por la gestión de las ayudas repartidas de forma fraudulenta en Andalucía entre 2000 y 2010.