La pasarela intransitable del 'procés': ni un 'mosso' pudo efectuar su traslado a la Policía tras el 1-O

“Tenemos claro que estas presiones, persecuciones y amenazas no se acaban el día 1 de octubre, siendo para muchos de nosotros la única salida la que nos da el acceso al Cuerpo de Policía Nacional. Para otros y gran mayoría de agentes supondría un balón de oxígeno para realizar con total seguridad sus deberes profesionales”. Este es un extracto de una carta de un agente de los Mossos d’Esquadra enviada en 2017 al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. La misiva fue publicada por el diario 'El País' el 13 de octubre de ese año, días después del referéndum ilegal del 1-O, así como de los graves altercados que se produjeron en la comunidad durante esas fechas, y reflejaba el malestar de una parte de la plantilla ante una utilización política del cuerpo. Un grupo de agentes que amagaba con cambiar de uniforme y pedir su incorporación a la Policía Nacional, pero que por ahora no pueden realizar este tránsito porque el “desarrollo reglamentario” de esta ‘pasarela’ está congelado desde hace años e impide esta posibilidad.

El traslado de un efectivo de una policía autonómica está contemplado en la disposición adicional cuarta del Régimen de Personal de la Policía Nacional recogido en la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, en la que se especifica que en la permuta se tendrá en cuenta “la escala o categoría en la que se encuentra el aspirante en su cuerpo de origen, grado personal consolidado y nivel de complemento de destino del último puesto desempeñado”.

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Pero siete años después de que se aprobara esta norma, el traslado de los 'mossos' es inviable porque los últimos ejecutivos del PP y PSOE-Unidas Podemos no han habilitado el armazón administrativo que lo posibilite. En 2018, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Ciudadanos, el Ministerio del Interior explicaba que se trabajaba en el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y el Reglamento de Ingreso, Formación y Promoción Interna de la Policía Nacional, que debían articular una ‘pasarela’ que el actual Gobierno hizo extensible a policías locales y 'ertzainas'.

Poco más ha trascendido sobre este asunto y todo indica que ha sido aparcado. Es lo que se desprende de la respuesta dada por la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, que tras una consulta de El Confidencial confirmó que “ningún” policía autonómico catalán ha podido culminar su traslado a la Policía Nacional porque “hasta la fecha no se ha llevado a cabo el desarrollo reglamentario de dicho precepto”.

La permuta también ha sido imposible con la Guardia Civil, aunque el motivo es distinto. Ni la Ley de Régimen del Personal del cuerpo ni el real decreto de 2002 de ingreso en los centros docentes de formación contemplan este extremo. Y es algo que ningún Ejecutivo se ha planteado de momento, a pesar de que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) cifró en un 20% los 'mossos' que estarían dispuestos a incorporarse al Instituto Armado.

El portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Carlos Morales, incidió en que los factores ambientales también dificultan la habilitación de esta ‘pasarela’. “La presión social que sufre un miembro del cuerpo de Mossos en Cataluña es menor que la que recibe un policía nacional”, y “no solo los agentes, sino también sus familias, que son señaladas”. Una circunstancia por la que “venimos reclamando que esta región sea declarada zona de especial singularidad”.

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Morales, además, considera que las distintas condiciones laborales disuaden a posibles policías autonómicos interesados en dar el paso y solicitar su pase a la Policía Nacional. “Siguen existiendo agravios profesionales entre los diferentes cuerpos policiales”, destacó, para recordar que en 2018 firmaron un acuerdo de equiparación salarial con el objetivo de alcanzarla en un plazo de tres años. “Pero la realidad ha sido diferente: nos han hecho subidas salariales, no se han equiparado los sueldos y no nos cansaremos de reclamar por todos los medios que se cumpla lo acordado”.

Del referéndum al banquillo

El papel de los Mossos d’Esquadra durante la jornada del referéndum ilegal de independencia celebrado en Cataluña hace cinco años fue abiertamente criticado por su supuesta actitud laxa y falta de colaboración para impedir la colocación de las urnas y la apertura de los colegios electorales. Una supuesta connivencia con el independentismo —plasmada en vídeos que se difundieron masivamente— que derivó en el inicio de acciones judiciales que sentaron en el banquillo al mayor Josep Lluís Trapero.

Héroe durante los días más convulsos, y repudiado por el secesionismo tras ser escuchado en las sesiones del juicio por sedición que se celebró en la Audiencia Nacional, el mando policial fue absuelto. Un fallo que la Fiscalía decidió no recurrir, a pesar de la contundencia de su escrito de acusación inicial, en el que acusaba a Trapero de “diseñar de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos pudieran cumplir con las instrucciones dadas”.

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La sentencia, que contó con el voto particular de la magistrada Concepción Espejel, señaló que "la prudencia [del mayor y los otros encausados] ante una situación tan extraordinaria, aunque posibilitara la celebración del referéndum ilegal y favoreciera la estrategia independentista, no puede ser considerada como una cooperación a la sedición o como una desobediencia a los mandatos judiciales".

En la resolución se destacaba la posición de Trapero en las reuniones que el 26 y 28 de septiembre de 2017 mantuvo con el entonces 'president', Carles Puigdemont, en las que, en presencia del secretario de Estado de Interior, le pidió que desconvocara el 1-O. El Gobierno catalán hizo caso omiso a sus consejos, pero el mando de los Mossos volvió a recordarle el 13 de octubre que la policía autonómica debía actuar bajo criterios de neutralidad política, imparcialidad y profesionalidad, ejecutando las decisiones de jueces y fiscales. Los dos magistrados que apoyaron su absolución consideran probado este compromiso a la vista del dispositivo que preparó para la detención de cargos y representantes políticos el día de la declaración unilateral de independencia (DUI), operación que finalmente no llegó a llevarse a cabo porque la autoridad judicial no lo consideró necesario.