La Junta deja el control de taxis y VTC a los ayuntamientos, pero el de Sevilla se rebela

Los ayuntamientos andaluces, especialmente los de Sevilla y Málaga, donde se concentra la mayor parte de la actividad de los VTC (vehículos de transporte con conductor) de toda la región, tendrán a partir de ahora un papel fundamental en el control de la convivencia entre el servicio de compañías como Uber, Cabify o Bolt y el de los taxistas. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto que regulará este sector a partir de este mismo sábado, día 1 de octubre, tras finalizar sin acuerdo la negociación llevada a cabo por la Consejería de Fomento con los representantes de ambos colectivos.

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La principal novedad de esa normativa es que deja en manos de los ayuntamientos las competencias de inspección y sanción, tal y como pedían los taxistas, que temían que la regulación quedara en papel mojado por la falta de capacidad inspectora de la Administración autonómica.

Los taxistas no han conseguido su reivindicación de que los VTC se tengan que precontratar con un tiempo mínimo de espera de 15 minutos, pero han logrado que “no puedan, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes, ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio permaneciendo estacionados a tal efecto”. Además, no podrán estacionar a menos de 150 metros de aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses, hospitales, centros comerciales y de ocio, paradas de taxi, hoteles de 4 y 5 estrellas, sedes oficiales y sede de eventos deportivos, culturales o de ocio. Solo podrán estar en circulación continuada a unos 300 metros de aeropuertos, puertos y estaciones de tren y autobuses.

Todas esas restricciones hacen más complejo el servicio de los VTC en el centro de las dos grandes capitales en las que operan, Málaga y Sevilla, cuya dimensión del casco urbano hace mucho más difícil las zonas en las que pueden operar. Por otra parte, la Junta puede poner tope a los precios de los VTC para evitar tarifas abusivas en determinadas situaciones de gran demanda, como eventos. Junto a ello, la nueva legislación autonómica deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de establecer los descansos de los VTC, como ya puede hacer en estos momentos con los taxis.

A pesar de esas medidas, que han conseguido el apoyo de los propios VTC y del sindicato UGT, los representantes del sector de taxi no han querido dar su aval a esta normativa y se mantienen en su exigencia de que los coches de Uber, Cabify o Bolt no se puedan contratar con menos de 15 minutos de antelación, como ha ocurrido en otras comunidades como Cataluña, medida que en la práctica saca del mercado a las empresas de vehículo de transporte con conductor.

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La Junta ha insistido en sus dudas sobre la legalidad de esa medida, que allí ha sido recurrida, y asegura que aquí prefiere apostar por la seguridad jurídica. Además, la Administración autonómica congela la concesión de nuevas licencias de VTC hasta que ser cumpla la ratio de uno de estos vehículos por cada 30 taxis.

En estos momentos, existen en Andalucía 8.782 licencias de taxis frente a 3.256 de VTC. Las patronales del sector privado señalan que con las actuales licencias se mueven unos 8.000 empleos y tiene un impacto económico de 370 millones de euros.

La consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, ha insistido durante la presentación del decreto en el esfuerzo negociador realizado en las últimas semanas y ha recordado que se han aceptado todas las peticiones de los taxistas menos dos —la precontratación en 15 minutos y la eliminación de las licencias estatales—, al considerar que crean inseguridad jurídica. Asimismo, la representante del Gobierno de Juanma Moreno pidió un esfuerzo a los 70 ayuntamientos de la región en los que actualmente hay licencias de VTC.

Sin embargo, la decisión de la Junta ha sido respondida este mismo martes por el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo concejal de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, en presencia del alcalde, Antonio Muñoz, ha declarado a los periodistas que la nueva normativa autonómica “nos pide a los ayuntamientos un esfuerzo que tiene un coste, pero no se nos dan medios para llevarlo a cabo”. También ha señalado la "complejidad" de que los policías locales controlen esa distancia de 150 metros a las que pueden estar los VTC de los espacios aprobados.

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Por otra parte, el representante municipal ha asegurado que el Ayuntamiento sevillano está a favor de la convivencia de los taxis y los VTC, pero consideró muy razonable la petición de los taxistas de la obligatoria precontratación con 15 minutos de antelación para las empresas privadas.

También la asociación Élite Taxi Sevilla ha manifestado este martes su rechazo a la nueva norma, que considera una “condena de muerte” al sector y anuncia que se mantendrá “dando batalla” en la calle frente a la “actitud apisonadora y amenazante” de la consejera y del Gobierno de la mayoría absoluta de Juanma Moreno.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha lamentado el "fracaso" de la Junta en la regulación de la actividad en el ámbito urbano de los vehículos de transporte con conductor al considerar que le ha pillado "el toro" sin llegar a un acuerdo, al tiempo que ha pedido "equilibrio" para que este sector y el del taxi "puedan convivir".