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Espadas urge a Moreno soluciones a la 'guerra' del taxi que él fue dilatando como alcalde
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Espadas urge a Moreno soluciones a la 'guerra' del taxi que él fue dilatando como alcalde

El gremio desespera ante la incertidumbre por la regulación autonómica de los VTC. Mientras, siguen sin adaptarse las ordenanzas municipales a un decreto de la Junta de 2021 para modernizar el sector y hacerlo más competitivo

Foto: Taxistas sevillanos protestan contra las VTC. (EFE/José Manuel Vidal)
Taxistas sevillanos protestan contra las VTC. (EFE/José Manuel Vidal)

La convivencia entre los sectores del taxi y VTC genera un conflicto de alto voltaje y difícil solución que va arrojando la pelota de tejado en tejado, sin que se dé un paso firme y definitivo en Andalucía que evite que el problema se politice aún más. Esto es precisamente lo que está ocurriendo y es especialmente llamativo en Sevilla, pues el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, urge ahora a la Junta de Andalucía recetas que apaciguarían al sector pero que él no aplicó ni desarrolló durante los seis años que estuvo en la Alcaldía de Sevilla. La capital hispalense es uno de los sitios donde se libra una de las batallas más cruentas y largas de España. De hecho, la llegada de los vehículos de transporte con conductor a la ciudad sólo recrudeció el conflicto que ya vivía el sector a cuenta de la conocida “mafia del taxi” que ejercía su monopolio en el aeropuerto y que pasó de los pinchazos de ruedas y amenazas a sabotajes y a la quema de nueve coches VTC que derivó en una macrocausa judicial donde, por ahora, poco se ha esclarecido.

Foto: Taxistas andaluces. (EFE)

Expira el periodo transitorio de compensación de cuatro años dado por el conocido como decreto Ábalos, el real decreto ley 13/2018 de 28 de septiembre que introdujo cambios en el régimen jurídico del servicio de los VTC. Y la patata caliente pasa a manos de la Junta de Andalucía, que tiene que aprobar en menos de dos semanas una regulación sobre este servicio. De entrada, eso ha puesto en pie de guerra a los taxistas, que ya se han manifestado en dos ocasiones este mes, una de ellas, con sonoros y violentos altercados. Y lo único claro es que el Gobierno no prorrogará la moratoria y el Ejecutivo de Juanma Moreno sigue sin aclarar qué hará para garantizar esta convivencia en las zonas urbanas, donde los VTC tendrían que dejar de circular el 1 de octubre, pues si no se regula se entiende que se fomenta la competencia desleal respecto a los taxis.

En pleno embrollo, Espadas ejerce de líder de la oposición y apremia a Moreno a frenar la intranquilidad de los taxistas. ¿Cómo? “Dando la cara y mojándose”, apunta convencido de que el presidente ha apurado los plazos para evitar poner antes de las elecciones autonómicas del pasado junio un documento sobre la mesa. Ya la guerra del taxi estalló en 2018 contra el PSOE, reventando incluso un mitin de Susana Díaz en la campaña electoral, mientras que tomó partido por Podemos, pues hubo taxistas que lucieron publicidad en sus vehículos a favor de la coalición de izquierdas Adelante Andalucía.

Foto: El invento que han encontrado para cumplir con el decreto catalán. (Bolt)

Pero si la posición de los grupos de izquierdas está clara, a favor del gremio de taxistas, la del PSOE es más difusa, pues Espadas ha intentado buscar siempre el equilibrio, llamando a la calma tras incidentes que han sido muy radicales y dilatando la adopción de medidas, lo que ha mantenido desde hace años el conflicto latente. El ahora secretario general del PSOE andaluz ya apostó en su etapa de alcalde por impulsar un debate que precisamente coincide con el planteamiento del Gobierno del PP: que fuera el Estado quien coordinase la regulación del taxi y los VTC “porque había margen” y se evitaría la multiplicación de normas. O, en su defecto, que lo hiciera la comunidad autónoma, pues el objetivo era recuperar el equilibrio roto como consecuencia de la desigual competencia, pues los VTC cuentan con plataformas tecnológicas que dejan fuera de juego al sector del taxi. El reto pasa por modernizar al sector y, de hecho, la Junta de Andalucía aprobó en febrero de 2021 un decreto para ello.

Y ahora que ha estallado de nuevo, el PP recuerda a Espadas que él hizo del conflicto del taxi en Sevilla un tema recurrente e igualmente enquistado. Como alcalde agotó también los nueve meses fijados por el Gobierno de Moreno para adaptar las ordenanzas de la ciudad al nuevo decreto de modernización del taxi que introduce, como importantes cambios para mejorar el servicio y hacerlo más competitivo frente a los VTC, el precio cerrado de la carrera para servicios contratados a través de una aplicación de telefonía móvil, por ejemplo, así como vehículos compartidos en supuestos de gran demanda, lo que permitiría abaratar el coste de los trayectos, o el derecho a pagar con tarjeta o bizum.

Foto: Miembros de la Asociación Hispalense Solidaridad y Unión Sevillana del Taxi. (EFE/ Raúl Caro)

La única medida adoptada por el equipo de Espadas, a la que ha dado continuidad su sucesor, Antonio Muñoz, es la elaboración de un estudio de viabilidad del taxi, un diagnóstico previo y necesario para conocer el comportamiento actual de la demanda y su evolución en vista a una futura ordenación donde se garantice la convivencia con los VTC, y que ni siquiera se ha adjudicado. En enero de este año salió a licitación por más de 84.000 euros, aunque ya se había anunciado en marzo de 2021, y este pasado agosto se acordó volver a sacarlo al excluir el Ayuntamiento del procedimiento por cuestiones técnicas a la única empresa que había concurrido al mismo.

Otras capitales andaluzas han dado ya algunos pasos hacia la adaptación de sus ordenanzas, como es el caso de Cádiz, pero en Sevilla el tema sigue enquistado, a pesar de que Espadas prometió antes de salir de la Alcaldía otras mejoras que aún se esperan, pero cuya promesa ha servido para frenar anteriores huelgas de los taxistas. El mayor compromiso fue adquirido en la previa de las elecciones autonómicas de 2018. Entonces Espadas se comprometió a promover la creación de un grupo de trabajo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las principales ciudades y la Junta de Andalucía del que pudiera surgir el desarrollo del decreto que entonces se pensó nacional.

Foto: Taxistas sevillanos protestan contra plataforma vtc uber Opinión
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También se garantizaron sistemas de controles e inspecciones para detectar posibles situaciones de intrusismo nocturno por parte de vehículos VTC y el entonces alcalde prometió al sector del taxi ejecutar una plataforma digital y una app e instaurar un sistema para tramitar denuncias voluntarias de forma que los propios taxistas pudieran remitir los datos de un vehículo VTC que estuviera cometiendo una infracción. El gobierno de Espadas siempre ha estado del lado de los taxistas pero, aunque ha recogido sus reclamaciones y propuestas, siempre ha remitido al gremio a la Junta de Andalucía, creando de nuevo puntos de fricción y lastrando cualquier avance.

Sólo Madrid y Cataluña cuentan con una regulación de los VTC en vigor actualmente. Las líneas generales esbozadas por la Junta de Andalucía apuntan que la norma autonómica no será ni tan liberal como la de Isabel Díaz Ayuso, ni tan restrictiva como la catalana. Entre otras restricciones propuestas, figuran la imposibilidad de circular o estacionar a menos de 300 metros en los aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses y a menos de 150 metros de hoteles de cuatro estrellas, hospitales, juzgados o lugares de eventos. Pero se rechazan las peticiones claves para los taxistas: la precontratación con 15 minutos de antelación, la actuación sólo en municipios que no sean grandes capitales y la obligatoriedad de conceder una licencia de VTC por cada 30 de taxis.

Foto: Una viajera pasa entre los taxis aparcados en Sevilla. (EFE)

Ante las críticas de Espadas, que reclama mayor diálogo con las partes implicadas, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, asegura que existe y se justifica el retraso por la necesidad de lograr la mayor seguridad jurídica. De hecho, hay ya resoluciones contradictorias por toda España y reclamaciones patrimoniales millonarias por parte del sector. Y, de hecho, la propia Comisión Europea ha recomendado revisar y adecuar la normativa a las directrices y la libre competencia que evite restricciones y límites que perjudiquen al acceso al mercado.

Andalucía es, después de Madrid, la segunda comunidad autónoma en número de licencias de VTC, 3.256 según el último censo y en su mayoría centradas en la Costa del Sol y Sevilla. Un dato que constata con las 8.782 de taxis. Una diferencia que, a juicio de Espadas, obliga a mantener el equilibrio, aunque sea a costa de vender consejos que para él no tuvo en su momento.

La convivencia entre los sectores del taxi y VTC genera un conflicto de alto voltaje y difícil solución que va arrojando la pelota de tejado en tejado, sin que se dé un paso firme y definitivo en Andalucía que evite que el problema se politice aún más. Esto es precisamente lo que está ocurriendo y es especialmente llamativo en Sevilla, pues el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, urge ahora a la Junta de Andalucía recetas que apaciguarían al sector pero que él no aplicó ni desarrolló durante los seis años que estuvo en la Alcaldía de Sevilla. La capital hispalense es uno de los sitios donde se libra una de las batallas más cruentas y largas de España. De hecho, la llegada de los vehículos de transporte con conductor a la ciudad sólo recrudeció el conflicto que ya vivía el sector a cuenta de la conocida “mafia del taxi” que ejercía su monopolio en el aeropuerto y que pasó de los pinchazos de ruedas y amenazas a sabotajes y a la quema de nueve coches VTC que derivó en una macrocausa judicial donde, por ahora, poco se ha esclarecido.

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