El militar peruano buscado por "genocidio" se niega a ser extraditado

El militar peruano Augusto Gabilondo García del Barco, reclamado por las autoridades de su país por un delito de “genocidio” y delitos de “lesa humanidad”, y que fue detenido el pasado viernes por la Policía Nacional en el municipio malagueño de Fuengirola, quedó en libertad provisional sin fianza tras comparecer ante el Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional. Al arrestado, al que se vincula con más de 60 muertes cometidas a mediados de los 80, se le han impuesto medidas cautelares hasta que se resuelva su situación procesal después de “no aceptar” su extradición simplificada.

La resolución emitida por el juez Santiago Pedraz, a la que tuvo acceso este periódico, acuerda la libertad provisional sin fianza del arrestado, al que le impuso diversas medidas cautelares que limitan sus movimientos. García del Barco debe fijar domicilio a efecto de notificaciones, comunicar a este juzgado cualquier cambio del mismo y facilitar un teléfono para estar siempre localizado. También debe comparecer cada 15 días en sede judicial, “mientras se sustancia el presente expediente en el juzgado más próximo a su domicilio habitual”. Además, se le prohíbe salir de España “sin previa autorización judicial”, por lo que se le retira el pasaporte.

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A lo largo de los seis folios que componen el auto, y después de que el investigado se opusiese a su extradición inmediata a Perú, el magistrado argumenta por qué no decreta su encarcelamiento a pesar de la gravedad de los delitos de “lesa humanidad” que las autoridades peruanas imputan al militar le imputan en su país. “Aunque puedan derivarse las correspondientes responsabilidades penales de los hechos supuestamente cometidos, la medida de prisión provisional sigue siendo de naturaleza excepcional. Sólo en presencia de las exigencias constitucionales que autorizan acudir a ella, podrá entenderse justificada”, señala.

La postura de Pedraz fue avalada por la Fiscalía, mientras que el letrado de la defensa se adhirió a esta propuesta, pero reclamó con “medidas menos gravosas”.

Como adelantó El Confidencial, la captura del prófugo, de 67 años de edad, se produjo la mañana del viernes en la localidad costasoleña de Fuengirola. El detenido estaba en este lugar buscando alojamiento y tratando de pasar desapercibido en una zona que estos días multiplica notablemente su población por la llegada de turistas de todas partes del país y del mundo. Algo relativamente fácil en una población en la que conviven más de 140 nacionalidades.

La captura fue realizada por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que, al comprobar su identidad, observaron que sobre ese anciano pesaba una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE) por “genocidio”.

Varias investigaciones

García del Barco se encontraba fugado de la justicia de su país desde hace meses, tras supuestamente incumplir dos requerimientos de la Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Perú, y después de que se decretase la apertura de juicio oral por la “desaparición forzosa” de decenas de compatriotas.

Entre ellos se encontraba el corresponsal del periódico 'La República' Jaime Ayala. Su paradero se desconoce desde el 2 de agosto de 1984, fecha que la que se desplazó en la base que la Marina había habilitado en la ciudad de Huanta. Según relataron sus familiares y amigos al medio para el que trabajó, Ayala quería que le diesen explicaciones de por qué las fuerzas del orden habían irrumpido violentamente en casa de su madre preguntando por él. El periodista supuestamente era buscado desde que los militares supieron que había estado en el sector de Callqui recabando información sobre el asesinato de campesinos que se encontraban en una iglesia presbiteriana. Este fue el motivo, asegura su entorno, de su posterior secuestro, tortura y desaparición.

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Los restos de Jaime Ayala no han sido encontrados por ahora. En 2009 se exhumó una fosa común en Huanta con 37 cuerpos. Pero no estaba el suyo. Su viuda, Rosa Pallqui, aún continúa la búsqueda, como lo hacen los familiares de decenas de desaparecidos entre julio y agosto de 1984 y que vinculan a oficiales de la Marina con las muertes de personas que fueron encontradas desnudas, maniatadas, con signos de torturas y orificios de bala en el cráneo. Historias que conformaron el llamado caso Huanta.

El nombre de Augusto Gabilondo García del Barco, teniente primero cuando sucedieron estos hechos, se relaciona con distintas causas abiertas por la justicia peruana por acciones similares; aunque por el caso concreto de la desaparición de Jaime Alaya y otras víctimas, la Fiscalía Superior solicitó para él, en marzo, una pena de 25 años de cárcel por delitos de “lesa humanidad”. Las autoridades locales destacan su presunta implicación con el asesinato de 17 personas y la desaparición de 45. Entre los fallecidos se encontrarían seis religiosos que fueron ejecutados, así como un buen número de campesinos.

El oficial, que ya fue condenado a 15 años en un proceso previo, exjefe de la Base Contrasubversiva, supuestamente se dio a la fuga cuando iba a sentarse de nuevo en el banquillo. Por lo que la Sala Penal, publicó el pasado mes de abril 'La República', le declaró “reo contumaz” y ordenó su detención e ingreso en prisión preventiva durante nueve meses.