Detenido en Málaga un militar peruano buscado por genocidio y vinculado con más de 60 muertes

El militar peruano Augusto Gabilondo García del Barco, inmerso en una causa por la “desaparición u homicidio” de más de 60 personas, fue detenido el pasado viernes por la Policía Nacional en la localidad malagueña de Fuengirola, en respuesta a una orden internacional de detención y entrega (OIDE), según pudo saber El Confidencial de fuentes cercanas al caso. El motivo por el que se requería su arresto era “genocidio”.

García del Barco se encontraba fugado de la Justicia de su país desde hace meses, tras supuestamente incumplir dos requerimientos de la Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Perú, y después de que se decretase la apertura de juicio oral por la “desaparición forzosa” de decenas de compatriotas.

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Entre ellos, se encontraba el corresponsal del periódico 'La República' Jaime Ayala. Su paradero se desconoce desde el 2 de agosto de 1984, fecha en que se desplazó a la base que la Marina había habilitado en la ciudad de Huanta. Según relataron sus familiares y amigos al medio para el que trabajó, Ayala quería que le diesen explicaciones de por qué las fuerzas del orden habían irrumpido violentamente en casa de su madre, preguntando por él. El periodista supuestamente era buscado desde que los militares supieron que había estado en el sector de Callqui recabando información sobre el asesinato de campesinos que se encontraban en una iglesia presbiteriana. Este fue el motivo, asegura su entorno, de su posterior secuestro, tortura y desaparición.

Los restos de Jaime Ayala no han sido encontrados por ahora. En 2009 se exhumó una fosa común en Huanta con 37 cuerpos. Pero no estaba el suyo. Su viuda, Rosa Pallqui, aún continúa la búsqueda, como lo hacen los familiares de decenas de desaparecidos entre julio y agosto de 1984 y que vinculan a oficiales de la Marina con las muertes de personas que fueron encontradas desnudas, maniatadas, con signos de tortura y orificios de bala en el cráneo. Historias que conformaron el llamado caso Huanta.

Al arrestado, al menos, se le vincula con el asesinato de 17 personas y la desaparición de 45

El nombre de Augusto Gabilondo García del Barco, teniente primero cuando sucedieron estos hechos, se relaciona con distintas causas abiertas por la Justicia peruana por acciones similares; aunque por el caso concreto de la desaparición de Jaime Ayala y otras víctimas, la Fiscalía Superior solicitó para él, en marzo, una pena de 25 años de cárcel por delitos de “lesa humanidad”. Las autoridades locales destacan su presunta implicación en el asesinato de 17 personas y la desaparición de 45. Entre los fallecidos se encontrarían seis religiosos que fueron ejecutados, así como un buen número de campesinos.

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El oficial, que ya fue condenado a 15 años en un proceso previo, exjefe de la Base Contrasubversiva, se dio a la fuga cuando iba a sentarse de nuevo en el banquillo. Por lo que la Sala Penal, según publicó el pasado mes de abril 'La República', le declaró “reo contumaz” y ordenó su detención e ingreso en prisión preventiva durante nueve meses.

En esta causa también son investigados el exjefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivera Valdeavellano,y Adrián Huamán Centeno, un militar que oficialmente se da por fallecido, pero al que investigaciones periodísticas ubican en Estados Unidos.

El hombre, investigado por delitos de "lesa humanidad", quería esconderse en la costa

Fuentes consultadas por este periódico confirmaron que el arresto de García del Barco, de 67 años de edad, se produjo la mañana del viernes en la localidad costasoleña de Fuengirola. El detenido estaba en la localidad buscando alojamiento y tratando de pasar desapercibido en una zona que estos días multiplica notablemente su población por la llegada de turistas de todas partes del país y del mundo. Algo relativamente fácil en una población en la que conviven más de 140 nacionalidades.

La captura fue realizada por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que, al comprobar su identidad, observaron que sobre ese anciano pesaba una OIDE por “genocidio”. El prófugo, que esgrimió nacionalidad española, fue trasladado a dependencias judiciales como paso previo al inicio del proceso de extradición.