Dinero, viajes y jornadas de caza: los pagos por el robo de agua del Guadalquivir

En un contexto de creciente sequía, con restricciones para el consumo en algunos puntos de Andalucía y cuotas para el riego en la práctica totalidad de la región, dos guardas del Servicio de la Guardería Fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) supuestamente habían hallado una oportunidad para sacar un rédito ilegal. Dinero en efectivo, cajas de fruta, viajes o jornadas de caza en cotos eran algunas de las maneras en que estos dos empleados públicos supuestamente ‘cobraban’ a algunos agricultores que querían aumentar la cantidad de regadío. Una actividad que, según fuentes consultadas, llevarían realizando desde hace "muchos años" y que se ha visto protegida por una ley del silencio asumida por la gente del campo que se ha roto cuando el agua ha empezado a escasear por la sequía.

Los empleados públicos, dos sexagenarios a los que les quedaba poco para jubilarse, detenidos por la Guardia Civil de Sevilla, se desenvolvían con la impunidad de quien presuntamente lleva tiempo tentando a la suerte y siempre se había salido con la suya. Lo pone de relieve que hasta supuestamente habían hecho la vista gorda ante una balsa en la que desembocaba una tubería por la que circulaba agua procedente del río Guadalquivir.

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Esta estabilidad delictiva se ha tambaleado como consecuencia de la sequía que este verano se ha asentado con persistencia en la comunidad andaluza y que ha obligado a intensificar las limitaciones al riego en el sector primario. La falta de recursos, y el necesario respeto de las cuotas para evitar desabastecimientos, ha sido, en parte, uno de los motivos de ruptura de la ley del silencio que se había instaurado entre los agricultores de la comarca de La Vega sevillana. Porque eran muchos los que sabían de la forma de desenvolverse de los arrestados, pero callaron para evitar conflictos mientras el agua no era un bien escaso. Ahora que los metros cuadrados de cultivo se reducen por su ausencia, la ‘omertà’ que reinaba en la zona se ha resquebrajado.

El Instituto Armado informó de que los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) iniciaron diligencias cuando tuvieron constancia de la falta de control en las captaciones de agua —tanto superficiales como subterráneas— en la citada comarca y desde un principio centraron todas las pesquisas en la presunta "inacción de los guardas fluviales", encargados de la vigilancia de dicha zona del río.

Los sospechosos, en el ejercicio de sus funciones, supuestamente "falsearon las actas de las inspecciones ordenadas por CHG"

Tras una minuciosa investigación y la utilización de "medios técnicos de última generación", junto con un riguroso análisis documental de toda la información recabada, se pudo centrar el foco de la misma en dos guardas pertenecientes al Servicio de Guardería Fluvial. Los sospechosos, en el ejercicio de sus funciones, supuestamente "falsearon las actas de las inspecciones ordenadas por CHG" y alertaban a las empresas de que iban a ser sometidas a examen, por lo que tenían margen para "retirar cualquier elemento prohibido que se estuviera utilizando en la extracción no autorizada de agua del Guadalquivir".

Dichas inspecciones se centraban en importantes firmas agrícolas dedicadas principalmente al sector del cítrico y los investigados supuestamente "alteraban los contadores volumétricos" que controlan la cantidad de metros cúbicos de agua obtenidos del río para el riego de los cultivos. De las indagaciones del Seprona se desprende que algunas de estas sociedades incrementaron "hasta en cinco veces" sus áreas de riego autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esto convertía suelos de secano en regadío sin la obtención de ninguna autorización por parte de las administraciones competentes al respecto.

Este uso irregular del agua, agravado por el periodo de sequía que actualmente está atravesando la zona, provocaba que en ocasiones la CHG tuviese que derivar otras aguas hacia el río ante la necesidad de mantener el caudal ecológico del mismo. Una medida así, como es lógico, provocaba perjuicios al resto de consumidores en un periodo de conflicto político y social por la situación hídrica de Doñana.

La Guardia Civil constató que, "a cambio de todas las actividades ilícitas realizadas", los dos guardas fluviales presuntamente obtenían "cuantiosas compensaciones económicas", además de dádivas como "productos recogidos en la cosecha" de los cultivos regados. Especias que incluso transportaban en sus vehículos oficiales. Los agentes también comprobaron durante el transcurso de la investigación que los vigilantes detenidos "disfrutaban en alguna ocasión sus vacaciones en residencias propiedad de los empresarios investigados", así como que estos los invitaban "gratuitamente" a "actividades cinegéticas".

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Tanto a los guardas detenidos como a los seis empresarios investigados se les imputan diversos delitos de cohecho y falsedad documental.

Fuentes de la CHG, sobre la situación de estos dos empleados, precisaron a este periódico que se ha elaborado un expediente que "se ha enviado a la Inspección de Servicio" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "para que se tomen las medidas oportunas".