El futuro de Abengoa se decidirá en plena resaca electoral tras una legislatura agónica

La multinacional sevillana Abengoa, nacida en enero de 1941, será historia en breve tras 81 años en los que ha sido referente mundial en ingeniería y energías renovables —Barack Obama la puso de ejemplo cuando era presidente de EEUU—, pero también referente de mala gestión financiera que le ha llevado a vivir una situación agónica desde hace más de cinco años —su deuda se eleva por encima de los 6.000 millones de euros—.

La desaparición de Abengoa —en concurso de acreedores desde hace un año— es un hecho. Pero lo que no está escrito aún es si podrá sobrevivir en Abenewco 1, la filial operativa creada específicamente para poder liquidar la compañía matriz, pero mantener la actividad del grupo —compuesto por más de 300 sociedades—.

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Esa era la hoja de ruta prevista por el anterior presidente de la empresa, Gonzalo Urquijo, pero se cruzó en su camino la inesperada unión, a través de redes sociales, de miles de pequeños accionistas que sindicaron sus votos en la plataforma AbengoaShares y rechazaron de raíz ese plan, al considerar que solo trataba de defender los intereses de los acreedores —liderados por el fondo KKR y el Banco Santander— mientras que les dejaba a ellos sin los ahorros que habían depositado en esta compañía sevillana durante su vida.

Con este panorama tan convulso en lo interno, en lo financiero y hasta en lo judicial, el Gobierno andaluz se negó hace dos años a prestar un aval de 20 millones que le pedía Abengoa para cerrar su plan de viabilidad. El presidente autonómico, Juanma Moreno, afirmaba que no tenía ninguna herramienta legal para poder ayudar a la compañía, pero lo cierto es que en estos dos años tampoco ha mostrado interés en crearlo.

El máximo responsable de la Junta había sido siempre muy crítico con las ayudas sin control concedidas durante años por el Gobierno socialista a empresas fantasmas, muchas de las cuales han terminado en los tribunales. Por coherencia, los populares prefirieron no pisar este charco, pero dejaron así a Abengoa frente al abismo.

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Sin embargo, debido a la pandemia, el Gobierno central de Pedro Sánchez aprobó un Fondo de Apoyo a la solvencia de Empresas Estratégicas dotado con 10.000 millones de euros. Abengoa se aferró a este clavo ardiendo y pidió 249 millones de euros —el máximo permitido sin que tengan que dar su visto bueno las autoridades europeas—.

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige la sevillana María Jesús Montero, es la entidad responsable de la gestión de estos fondos que comenzaron a aprobarse con cierta agilidad el pasado año, pero que se paralizaron tras varias polémicas decisiones —entre ellas, el rescate de la compañía venezolana Plus Ultra con escasa actividad—.

Desde entonces, Abengoa lleva más de un año esperando la decisión de una herramienta que preveía aprobar sus ayudas entre tres y seis meses desde su solicitud. No es la única empresa a la espera. Hasta la fecha, la SEPI ha concedido 2.502,8 millones de euros a 23 empresas (el 47% de los 5.367,5 millones solicitados y solo el 25% de los 10.000 millones con los que está dotado el fondo de rescate).

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Este mismo viernes, el Gobierno aprobaba una inyección de 550 millones a la empresa catalana Celsa que ahora tendrán que validar en Bruselas. Sin embargo, el tiempo se agota, ya que el 30 de junio finaliza la moratoria concursal aprobada por el Gobierno por la pandemia, y muchas de las empresas que han pedido el rescate no podrán hacer frente a sus deudas.

Es el caso de Abengoa, que tiene desde hace meses sobre la mesa una oferta del fondo norteamericano TerraMar Capital para entrar en Abenewco 1 con 200 millones de euros, pero su propuesta está vinculada a la aprobación del rescate de SEPI y a otras importantes ayudas del Gobierno —230 millones en avales del ICO y 300 millones de CESCE— y acuerdos con acreedores y proveedores.

El pasado lunes, el presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo, aseguraba tajante en una entrevista en 'ABC' que, "si la SEPI no rescata a Abengoa antes del 19 de junio (fecha de las elecciones andaluzas), iría a liquidación". Su llamada de atención desesperada no ha tenido efecto porque el consejo de este organismo público aprobó el viernes el rescate de Celsa, pero no el de la empresa sevillana.

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Los más de 11.000 trabajadores de la compañía —5.000 en España—, que llevan meses viviendo una situación límite, se han manifestado esta semana en Sevilla y lo harán el próximo martes ante la sede de la SEPI para reclamar el rescate. Es la última oportunidad que tiene la firma para salir adelante, ya que el día 24 se cumple el plazo para que los acreedores se adhieran a su plan de viabilidad, y el 1 de julio la matriz debe presentar el convenio del concurso.

Ante el anuncio de las protestas, los comités de empresa del grupo Abengoa serán recibidos ese martes por la mañana en la sede madrileña de la SEPI por representantes del 'holding' público y también del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Allí, les explicarán la compleja situación para la toma de una decisión que el Gobierno no tiene clara y sobre la que varias ministras se han pronunciado en los últimos días mostrando su distancia sobre lo que apruebe la SEPI con base en sus "criterios técnicos".

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Sin embargo, lo cierto es que los informes legales y económicos encargados por la SEPI a dos asesores externos —PKF Attest y Grant Thornton— advierten de los riesgos de esta operación tan compleja que ni siquiera la propia filial operativa Abenewco 1 puede recibir, sino que debe hacerlo a través de otras seis sociedades del grupo (Energía, Solar, Abener, Abengoa Operación y Mantenimiento e Inabensa).

Para rematar la complejidad de la situación, los propios accionistas minoritarios —aunque mayoritarios en Abenewco 1— siguen rechazando la oferta del fondo norteamericano TerraMar Capital, al que califican como un "fondo buitre extranjero que quiere despiezar la compañía". El presidente de Abenewco 1 y líder de los minoritarios, Clemente Fernández, insiste en que existen soluciones alternativas, pero lo cierto es que la única que hizo pública fue la del grupo mexicano de los hermanos Amodio —propietarios de OHLA— que posteriormente se retiró.

Lo que ocurra esta semana en Madrid, en plena resaca electoral de las elecciones andaluzas, marcará el final o el futuro de una empresa que durante décadas se ha puesto como ejemplo de innovación regional por la propia Junta de Andalucía socialista y que ahora depende de lo que decida el Gobierno central, también actualmente en manos del PSOE.