¿Dónde están mis 150.000 €? La demanda eterna de una familia al Ayuntamiento de Almería

Hace casi 30 años, la perfumería Mary-Cruz, en Almería capital, fue desalojada. El establecimiento, según argumentaron los propietarios y refrendó el Consistorio, presentaba un estado "ruinoso", sin embargo los inquilinos siempre denunciaron que fue una maniobra para echarlos. El caso todavía no se ha resuelto. Tras el desahucio, el Ayuntamiento custodió los enseres de la tienda, pero cuando los dueños los reclamaron no quedaba ni uno. Alguien los había robado, pero nadie lo denunció y después de que en 2018 el Consistorio aprobase concederles una indemnización de 150.000 euros, la rocambolesca historia volvía a sacudir el pleno del Ayuntamiento el pasado mes de abril. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, tuvo que suspender la sesión entre gritos de "corruptos" y "sinvergüenzas". El Gobierno municipal anunció que no habría compensación y la familia estalló.

Fue una de las sesiones más tensas que se recuerdan. Los concejales tuvieron que abandonar el pleno cuando se discutía la moción presentada por Ciudadanos, en la que su portavoz, Miguel Cazorla, instaba al Ayuntamiento a cumplir los acuerdos de la comisión de investigación cerrada hace más de tres años, en diciembre de 2018, y a indemnizar a la familia de la antigua mercería. El comienzo del debate ya fue movido y todo se precipitó cuando la portavoz del Gobierno municipal, María Vázquez, comunicó que el Ayuntamiento, tras diversas consultas a los servicios económicos y jurídicos municipales, daba por zanjada la responsabilidad patrimonial con un pago ya realizado en el año 2012 de 3.000 euros, en atención a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y sin indemnización frente a los casi 400.000 euros que reclaman los afectados. El alcalde procuró calmar los ánimos sin resultado, por lo que tuvo que suspender la sesión. Una vez retomada, sin la presencia ya de la familia en el Salón de Plenos, la moción de Cs fue desestimada con 14 votos en contra frente a 13 a favor.

La génesis del caso

La familia de Rafael Montoya tenía un local en alquiler en la calle Terriza, en el centro de Almería. Allí su mujer regentó a lo largo de 15 años la perfumería Mary-Cruz, en la que además de perfumes, vendía piezas de bisutería y bolsos de grandes marcas. También tenía mercería. El negocio estaba a pleno rendimiento, pero todo se truncó, según denuncia Montoya, cuando la dueña del inmueble decidió hacer unas obras de rehabilitación y pidió a sus inquilinos que desalojaran el local. Ellos se negaron. "Lo que ella quería era ejecutar la resolución del contrato de arrendamiento, argumentando la vía de la ruina”, explica a El Confidencial.

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Recuerda que en 1994 todavía existía eso que se llamaba "contrato blindado", que incluía una serie de cláusulas tales como el carácter indefinido, el derecho a traspasar el negocio y, lo más importante para este caso, el derecho al retracto. Es decir, que si el propietario precisaba el inmueble, debía comunicárselo al inquilino de forma fehaciente. Cosa, según denuncia, que no hizo la propietaria. “Ella trataba de inquietarnos, de ponernos nerviosos para que nosotros desistiéramos de nuestros derechos. Estuvimos muy atentos a sus vaivenes y al final supimos que su verdadera intención era echarnos de allí sin indemnización alguna, valiéndose de sus amistades en el Ayuntamiento, donde uno de los abogados era a su vez abogado de la propietaria”.

A partir de ahí, la dueña, que vivía encima del local, abandonó su vivienda "para dejar que se deteriorara" y entonces llegaron dos informes del Ayuntamiento firmados por el arquitecto municipal. El primero concluía que le inmueble se encontraba en estado de "ruina inminente, con hundimientos en cadena", el segundo señalaba que "las obras a realizar no representan la demolición del edificio". Con el primer texto se ordenó la salida del inquilino del local de forma inmediata, pero con el segundo, según interpreta Montoya, había margen para rehabilitar el inmueble.

El robo

El desalojo se produjo sin orden judicial a pesar de que el inquilino de la perfumería expuso a la Policía Local que no abandonaría el establecimiento sin una orden del Juzgado. Acabó detenido y fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional. El mobiliario y los productos que almacenaba la perfumería quedaron bajo custodia municipal. Sin embargo, pasaron los años y Montoya acabó enterándose de que todos los objetos habían sido robados, sólo apareció la antigua caja registradora de la perfumería, con 7.000 de las antiguas pesetas en su interior. Nadie denunció el robo y de ahí la indemnización que exige la familia.

Montoya pide que se le indemnice en virtud de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del informe emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía donde se indica “que se abra un Expediente de Responsabilidad Patrimonial para valorar los daños de las mercancías y mobiliario”.

Desde que le perfumería cerró, por el Ayuntamiento de Almería han pasado 5 alcaldes distintos, dos del PSOE y tres del PP. Con el actual, Ramón Fernández-Pacheco, en el año 2018, tras una comisión de investigación sobre lo sucedido, la primera por cierto en la historia democrática del Consistorio, los 27 concejales acordaron por unanimidad indemnizar a la familia con 150.000 euros, sin incluir el lucro cesante ni los intereses de demora de todos los años transcurridos, 28, desde el desahucio hasta la actualidad.

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Pero a pesar de ese acuerdo, la familia se ha quedado sin indemnización. “Nos dijo que los técnicos municipales no pueden valorar las facturas que les entregamos, ni las actas que levantó en su día la Policía Local al no existir dichas mercancías porque fueron robadas, mientras que las actas extendidas por los funcionarios son incompletas, no se especifican las cantidades y no se describen elementos básicos para su valoración”, cuenta Montoya. Fuentes del PP tan sólo insisten en que “una vez consultados los distintos servicios municipales que debían informar sobre dicho expediente se concluye que no corresponde indemnización alguna dado que en su día ya se abonó la cantidad de 3.000 euros por el mismo concepto, según sentencia del Tribunal superior de Justicia de Andalucía”.

Fue esta la tesis que se acabó imponiendo en el tenso pleno de abril. La moción de Cs fue rechazada por 14 votos, los 13 del PP más el de un concejal que abandonó Vox. El resto de grupos votaron a favor, mientras la familia está dispuesta a emprender una nueva cruzada legal contra el Consistorio e intentar cerrar la historia de la vieja perfumería de Almería.