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La polémica por un contrato para la compra de test empantana la precampaña andaluza
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LOS HECHOS FUERON DENUNCIADOS EN 2020

La polémica por un contrato para la compra de test empantana la precampaña andaluza

El PSOE exige a Bendodo que comparezca para explicar el intento de mordida de cinco millones en la adquisición de antígenos por parte del SAS. El PP responde: “Pincha en hueso”

Foto: Un trabajador analiza el resultado de varias pruebas PCR. (Reuters)
Un trabajador analiza el resultado de varias pruebas PCR. (Reuters)

Segundo día de precampaña y la polémica por los contratos sanitarios firmados durante la pandemia ya ha saltado a la arena de la contienda electoral. El caso recuerda inevitablemente al escándalo de las comisiones en Madrid, un asunto por el que la izquierda intenta acorralar a los populares en la capital, y aunque también en Andalucía el PSOE ha señalado al Gobierno de Juanma Moreno, lo vivido no es exactamente igual. El caso que centra ahora el debate político es el intento de cobro de una comisión de cinco millones de euros en una operación de venta de test de detección de covid al Servicio Andaluz de Salud (SAS), si bien ese contrato nunca fue firmado y el Ejecutivo andaluz ha reivindicado su actuación como un ejemplo de transparencia.

La mordida, según los detalles adelantados por Diario de Sevilla, se incluía en una operación que negociaba el empresario asturiano Félix Guerrero con la Junta de Andalucía. Según su relato, unos intermediarios le indicaron que para poder proveer de bienes o servicios a la Administración autonómica “el único camino” era, en un primer contrato, presentar la factura con un incremento de cinco millones sobre el valor de los productos suministrados. En septiembre de 2020 la Junta, a través del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, tuvo conocimiento de estos hechos, y tres meses más tarde denunció el caso ante la Fiscalía.

Foto: Luis Medina sale de su casa en medio del escándalo. (Gtres)

Todos estos datos han dado pie a la oposición para exigir a Bendodo una explicación. La portavoz del PSOE en el Parlamento, Ángeles Férriz, solicitó la comparecencia en la Diputación Permanente del popular porque “ya se sabe que los contactos han sido al más alto nivel y que implican al consejero de la Presidencia; al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y al consejero de Salud, Jesús Aguirre”. Según los socialistas se trata de un “auténtico escándalo” y, con las elecciones ya convocadas, “los andaluces tienen que votar sabiendo cuánto dinero se ha podido desviar en comisiones”, apuntó Férriz.

Bendodo, por su parte, acusó este miércoles al PSOE de “enfangar y mentir” ante la campaña electoral y censuró que es una vieja estrategia del PSOE con la que “pincha en hueso”. El consejero apuntó a que la gran diferencia entre ambos gobiernos es que “el PSOE es partícipe de los delitos”, partido al que atribuyó también “el copyright de la corrupción en Andalucía, los derechos de autor de la corrupción”, mientras que “este Gobierno denuncia los supuestos delitos” con su traslado a la Fiscalía.

El caso

La historia se remonta a meses atrás. El pasado febrero trascendió la investigación judicial abierta a un exasesor del consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, por un presunto fraude en la venta de test de antígenos. El alto cargo fue cesado en diciembre de 2020, cuando se empezó a indagar este presunto cohecho, una operación en la que fueron detenidas tres personas, una de ellas el empresario Manuel García Gallardo, fundador de Quality Food, condenado a diez años de prisión tras verse envuelto en un enredado caso judicial que ha llegado incluso al Supremo, que ha ordenado repetir el juicio, y que tiene que ver con una presunta estafa empresarial a la zona Franca de Cádiz. El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Sevilla investiga este caso, que se denomina Maletines en alusión al producto sobre el que se pidió la comisión, unas maletas coreanas comercializadas por una farmacéutica y denominadas Speedy Bag que contenían los test de antígenos. Tanto Aguirre como Bendodo testificaron en calidad de testigos.

Foto: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. (EFE/Víctor Lerena)

Hace un mes, Aguirre ya dio también sus explicaciones en el Parlamento andaluz, a petición del PSOE, y apuntó que la Junta había denunciado ante la Fiscalía y la Policía cuatro intentos de fraude con material sanitario y tecnología en esta legislatura, entre ellos, el intento de cobro de esta mordida de 5 millones de euros sobre la que ahora se han centrado todos los focos. Y ha sido esta semana, justo cuando se ha activado la precampaña electoral, cuando han trascendido los datos del atestado elaborado por la Policía y remitido al juzgado.

Según esta documentación, la Policía confirma un intento de extorsión de cinco millones de euros en la venta al SAS de las pruebas del covid, pero no aprecia irregularidades en el contrato del empresario con el consejero Elías Bendodo. Sin embargo, la UDEF califica de "relevante e inusual" el tráfico de llamadas entre el viceconsejero Antonio Sanz y el ex asesor González, que está imputado en la causa y que fue cesado cuando se destapó el caso. El atestado recoge 16 comunicaciones (llamadas y mensajes de WhatsApp) entre los días 23 y 26 de septiembre de 2020, fechas clave en la operación que se negociaba. Para los investigadores resulta “incongruente” que Sanz, tras ser alertado por Bendodo, contactara con el asesor cesado e imputado antes que con el empresario denunciante.

Segundo día de precampaña y la polémica por los contratos sanitarios firmados durante la pandemia ya ha saltado a la arena de la contienda electoral. El caso recuerda inevitablemente al escándalo de las comisiones en Madrid, un asunto por el que la izquierda intenta acorralar a los populares en la capital, y aunque también en Andalucía el PSOE ha señalado al Gobierno de Juanma Moreno, lo vivido no es exactamente igual. El caso que centra ahora el debate político es el intento de cobro de una comisión de cinco millones de euros en una operación de venta de test de detección de covid al Servicio Andaluz de Salud (SAS), si bien ese contrato nunca fue firmado y el Ejecutivo andaluz ha reivindicado su actuación como un ejemplo de transparencia.

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