Los agricultores andaluces podrán rentabilizar la descarbonización del campo

La agricultura debe transformarse esta década para pasar de ser un emisor neto de gases de efecto invernadero a ser un sector que contribuya a descarbonizar el planeta, especialmente tras el compromiso de reducirlos un 55% para 2030. La UE no solo lo ha dejado claro con sus famosos eco-esquemas y ayudas agroambientales que se incluyen en la Política Agraria Común (PAC) 2023-27, sino que también se muestra dispuesta a contribuir a acelerar este cambio con nueva legislación adicional.

De hecho, la Comisión Europea hizo pública el pasado mes de diciembre una Comunicación sobre “Ciclos sostenibles del carbono”, que aborda una cuestión del máximo interés para el sector agrario como es la captura de carbono en suelos agrícolas.

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Este documento, al que seguirá una propuesta legislativa sobre cómo certificar la eliminación de dióxido de carbono que se deberá publicar antes de que termine el año 2022, debe servir para desarrollar medidas que aprovechen al máximo el potencial que posee la agricultura para combatir los efectos del cambio climático.

Uno de ellos es la denominada Agricultura de Conservación, basadas en tres principios básicos como son la no perturbación del suelo, reduciendo o eliminando el laboreo; la cobertura del suelo por restos vegetales en, al menos, un 30% de su superficie; y la rotación de cultivos, medidas que ofrecen un gran potencial para fincas de todo tamaño y sistemas agroecológico. Su eficacia para secuestrar carbono en el suelo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la hacen acreedora de ser una de las mejores prácticas para mitigar el cambio climático.

En España, este modelo de agricultura ocupa unos dos millones de hectáreas, el 16% de la superficie agrícola; y en Andalucía tan sólo el 12% de la superficie agraria útil. En la actualidad ya hay más de 100.000 personas empleadas alrededor de la Agricultura de Conservación de forma directa y 2.200 millones de euros de contribución directa al PIB. Es además una actividad económica que genera efectos en otros sectores, como la maquinaria agrícola, los insumos, semillas, etc.

La agricultura de conservación es una práctica cada vez más extendida, ya que mejora la materia orgánica del suelo, reduce los costes y puede incrementar las producciones. Hasta ahora, los agricultores que optaban por estas prácticas no recibían ningún ingreso adicional por su contribución a la mitigación del cambio climático, pero ¿y si fuera posible cobrar por descarbonizar? Este tipo de agricultura está alentando un nuevo modelo de negocio adicional para los agricultores: participar en los mercados de créditos de carbono.

Andalucía ha sido una de las comunidades pioneras en la investigación de este nuevo sistema. Hace ya tres años que la UE aprobó el proyecto LIFE Agromitiga en el que participan, como socios, la Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEACSV), Asaja Sevilla, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Federación Europea de Agricultura de Conservación (ECAF), el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) y la Universidad de Córdoba.

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Este programa LIFE Agromitiga, con un presupuesto de 2,8 millones de euros, promoverá un sistema de manejo de suelo mitigador del cambio climático. Gracias a las acciones desarrolladas en el mismo, el sector agrario dispondrá de una metodología y una herramienta para poder evaluar el contenido de carbono en el suelo en función del sistema de manejo empleado en el cultivo, dotando de instrumentos a las administraciones para verificar el cumplimiento de las políticas agrarias y medioambientales en materia de cambio climático.

En concreto, se espera que el proyecto LIFE Agromitiga, consiga una metodología para la cuantificación de créditos de carbono verificados que permitirá al sector agrario acceder a los mercados de carbono.

En estos momentos, son algunas empresas privadas las que ofrecen esta posibilidad y se están posicionando en el creciente mercado de créditos de carbono. Una de ellas es Agoro Carbon Alliance, filial de la multinacional de fitosanitarios Yara. Esta firma realiza, sin coste alguno para el agricultor, el análisis del suelo y le certifica la cantidad de carbono cultivado.

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La empresa vende los créditos de carbono en este mercado creciente, garantizando un precio mínimo como protección frente a posibles fluctuaciones. Finalmente, reparte los beneficios obtenidos por la venta de esos créditos de carbono (60% para el agricultor y 40% para la intermediaria, Agoro).

Por este motivo, ASAJA-Sevilla celebró este miércoles la Jornada “La Nueva PAC 2023-2027: Rentabilizando la Agricultura de Carbono”, en la que se abordaron ambas cuestiones.

El encuentro fue inaugurado por el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, y por el director de Agoro Carbon Alliance-Europe, Mats Rosenberg.

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Ricardo Serra recordó que la sostenibilidad contempla una triple vertiente: social, medioambiental y económica, y si no hay un beneficio económico, ningún cambio ningún sistema tendrá continuidad. El presidente de ASAJA-Sevilla aseguró que “el camino de la agricultura de carbono que hoy se inicia es extraordinariamente interesante para todos los agricultores porque supondrá una nueva fuente de ingresos”.

Por su parte, Mats Rosenberg, presentó a los más de 200 asistentes a Agoro Carbon Alliance-Europe, una empresa de sostenibilidad creada y respaldada por Yara con el objetivo de acelerar la descarbonización de la agricultura global, y se mostró entusiasmado por el inicio de su colaboración con ASAJA-Sevilla para ofrecer a los agricultores una fuente de ingresos adicionales.