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Málaga recurre a un trámite reservado a catástrofes para reparar un fallo informático
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SE CAYÓ LA CABINA DE ALMACENAMIENTO

Málaga recurre a un trámite reservado a catástrofes para reparar un fallo informático

El equipo de Gobierno de la Diputación alega la gravedad de la avería para hacer una declaración de emergencia y realiza cuatro contratos con un procedimiento reservado -por ejemplo- a “situaciones que afecten a la defensa nacional”

Foto: Francisco Salado, durante la celebración de un pleno telemático. (Diputación de Málaga)
Francisco Salado, durante la celebración de un pleno telemático. (Diputación de Málaga)

La Diputación Provincial de Málaga ha iniciado un “trámite excepcional de emergencia” reservado para “acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o afecten a la defensa nacional” para adjudicar cuatro contratos con los que solventar un grave fallo informático que pone en peligro la información almacenada y que expone a la institución a ciberataques. El PSOE ha presentado una moción urgente para reclamar más datos después de recoger el malestar de diversos alcaldes por los problemas que este contratiempo está causando en la gestión diaria de los ayuntamientos.

El decreto para la “declaración de emergencia como consecuencia de la caída de la Cabina Principal de Almacenamiento del Centro de Proceso de Datos (CPD)” está suscrito por el presidente de la institución, Francisco Salado, y tiene fecha de este lunes. En el mismo se explica que la avería se registró el pasado día 15 y que, “como consecuencia de una disfuncionalidad en el sistema de tolerancia” [...], “se detuvieron todos los sistemas y se procedió por parte del fabricante a abrir una incidencia”. Los técnicos del fabricante del “ sistema autónomo de almacenamiento” externos y del Servicio de Informática y Telecomunicaciones del ente supramunicipal concluyeron que el problema “afectaba a los datos del núcleo de trabajo, así como a las aplicaciones y correo electrónico corporativo”, y que “podría conllevar la pérdida de gran parte de la información”.

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Esta posibilidad ha llevado al equipo de Gobierno a recurrir a un procedimiento de urgencia recogido en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público reservado para situaciones extraordinarias como aquellas que afecten a la “defensa nacional” o sean de naturaleza “catastrófica”. Una opción que argumenta en las graves consecuencias que este problema informático puede generar.

La primera, según se detalla en el documento, al que ha tenido acceso este periódico, es “ la incapacidad de acceso a los sistemas y su imposibilidad de reinicio, así como su migración a una nueva infraestructura de almacenamiento”. La más grave, posiblemente, es que el fallo deja indefenso el sistema informático porque se ha producido una caída de los escudos ‘firewall’. Esta vulnerabilidad” que puede abrir una brecha de seguridad también afecte “a los municipios conectados a los nodos existentes”.

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Otro efecto, que inicialmente podría considerarse menor, pero que es de gran importancia porque implica una grave distorsión en las comunicaciones, es la invalidación temporal de más de 5.000 cuentas de correo electrónico. Al existir “riesgo de pérdida de los elementos entrantes no descargados” muchos documentos que se creen enviados pueden que no hayan llegado a su destinatario, por lo que puede provocar perjuicios que dañen a las Consistorios y a los ciudadanos.

Salado destaca que la declaración de emergencia, y lo que conlleva en la realización de trámites, está sustentada por una jurisprudencia que se detalla en el decreto y que incluye resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, así como informes del Tribunal de Cuentas o de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

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Avalado por este armazón jurídico, el equipo de Gobierno declara la emergencia e impulsa la contratación de una nueva “infraestructura de almacenamiento”, un soporte técnico y mantenimiento, un servicio de correo electrónico en nube y otro de “firewalls perimetrales”. Y para ello concede al presidente “todas las competencias” para efectuar estos contratos “revocando la delegación de competencias otorgadas a la Junta de Gobierno”.

El grupo socialista en la Diputación Provincial ha presentado una moción urgente en la que se hacen eco de los problemas que los alcaldes de la provincia estaban teniendo para hacer trámites ‘online’ de la institución y cómo “afectaba a su trabajo del día a día en los ayuntamientos”. Lamenta que la comunicación de la avería se produjo vía mensaje de WhatsApp “cuatro días después” y pide que se abra una investigación para determinar sus causas, así como “conocer con exactitud su alcance y consecuencias” porque se ha “paralizado” desde hace “casi una semana” la actividad del ente y “buena parte” de los Consistorios.

También reclama al equipo de Gobierno que presente un “informe de daños” y la “documentación relativa a las contrataciones que se hubiesen realizado para la resolución del problema y el coste que hayan tenido”.

La Diputación Provincial de Málaga ha iniciado un “trámite excepcional de emergencia” reservado para “acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o afecten a la defensa nacional” para adjudicar cuatro contratos con los que solventar un grave fallo informático que pone en peligro la información almacenada y que expone a la institución a ciberataques. El PSOE ha presentado una moción urgente para reclamar más datos después de recoger el malestar de diversos alcaldes por los problemas que este contratiempo está causando en la gestión diaria de los ayuntamientos.

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