Moreno pone líneas rojas a Vox el 8-M mientras Mañueco perfila su acuerdo

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, aprovechó el 8-M para fijar una de las líneas rojas de su Ejecutivo en sus relaciones con Vox. En una reunión del Consejo de Gobierno desplazada a La Rábida (Huelva), PP y Cs aprobaron una declaración institucional para fijar la igualdad entre hombres y mujeres como una “línea roja innegociable” con la que no caben pasos atrás.

El pronunciamiento del presidente andaluz llega mientras su compañero en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ultima la negociación con la extrema derecha para poder formar Gobierno. Este jueves se constituyen las Cortes y no se descarta que la presidencia de esta institución se ofrezca a Vox para allanar una investidura sin que este partido entre en el Ejecutivo, como avanzó este periódico.

Opinión

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Moreno insiste en marcar diferencias con Vox, aunque elude mencionar expresamente a sus socios de investidura. El 8-M, el presidente puso el foco en la aprobación del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028 y en la Primera Estrategia Andaluza de Conciliación. El otro asunto en el que subraya que ambos partidos son irreconciliables es la ley contra la violencia de género, que Vox pide derogar y que el PP asegura que es intocable, así como su adhesión al pacto estatal contra la violencia de género o las partidas destinadas a este asunto. A cambio, el Gobierno de Moreno sí concedió crear un teléfono de violencia intrafamiliar que apenas recibe llamadas.

La posición de Vox, que hace gala de un antifeminismo militante, respecto al 8 de marzo ha quedado recogida en muchas ocasiones. El Diario de Sesiones del Parlamento andaluz da buena cuenta de ello. El 11 de marzo de 2021, la diputada Ana Gil calificó ese día como el del "feminismo supremacista basado en el odio patológico hacia el hombre". Un año antes, el 5 de marzo de 2020, su compañera de filas Ángela Mulas descalificó el "feminismo supremacista, victimista, de mujeres ofendiditas, vengativas, revanchistas, odiadoras... Las leyes de género, lo que hay que hacer es derogarlas. La igualdad ante la ley de hombres y mujeres hace décadas que ya está garantizada, tanto por la ley como por la Constitución. Ustedes sigan con sus fantasmas inventados, (...) cuando se piden derechos que ya se tienen, señorías, lo que se están exigiendo son privilegios".

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Vox siempre ataca a los populares por este asunto: “Lo que resulta inaudito o increíble es que a esta convocatoria se sume el PP”. El partido de Santiago Abascal es además negacionista de la violencia de género, asegurando que hay violencia contra las mujeres como contra los hombres, los ancianos o los niños, y exige derogar la ley por considerar que fija "una asimetría penal que condena al varón". En esta legislatura, la oposición de Vox ha impedido aprobar ninguna declaración institucional el 8-M o el 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia sexista.

Un pacto como el de 2019

La intención de Mañueco es copiar el modelo de Andalucía de enero de 2019, cuando se convirtió en la primera comunidad en la que los populares sellaban un acuerdo con Vox a cambio de la investidura de Moreno en un Ejecutivo con Cs. Entonces se firmó un documento erigido en una especie de programa de legislatura. El PP logró rebajar las condiciones iniciales del partido de Santiago Abascal. Vox asegura ahora que uno de los problemas es que el PP no cumplió ese acuerdo y exige dar un paso más, poniendo como condición indispensable entrar en el Gobierno.

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El futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado libertad a los territorios y eludido fijar una posición en el partido respecto a sus relaciones con la extrema derecha. Aún se desconocen los términos en que ese pacto se alcanzará en Castilla y León, pero Andalucía es el siguiente territorio en el que, si se cumple el calendario, habrá elecciones y todos los sondeos hasta la fecha dicen que Moreno necesitará a Vox de nuevo como aliado.

Mientras que se negocia en Castilla y León, en Andalucía el presidente insiste en no cerrar puertas a Vox, así lo ha expresado en sus últimas entrevistas en Onda Cero o 'El País', ni siquiera como compañeros en el Gobierno. Elude además etiquetarlos como extrema derecha. A cambio, insiste en marcar las diferencias. En esa línea, este martes la Junta anunció que ya se han puesto a disposición del Gobierno central 1.209 plazas para acoger a refugiados procedentes de Ucrania en las ocho provincias de la comunidad. Precisamente, Vox rechazó en Andalucía esa acogida y después rectificó acusando a los periodistas de haber manipulado su posición.

Autonomías e inmigración

Las líneas rojas siempre han sido las mismas para el PP desde el acuerdo de investidura: el Estado de las autonomías, la lucha contra la violencia de género, las políticas de igualdad o la acogida de menores inmigrantes.

En las negociaciones de la investidura en Andalucía, Vox se sentó con una enmienda a la totalidad al sistema autonómico y político español. En el documento que Vox entregó con 19 condiciones, exigía una declaración institucional del presidente de la Junta pidiendo la devolución al Estado de las competencias de sanidad, educación, justicia y orden público. En sus mítines prometían derogar el Estado de las autonomías. Pedían reducir el 75% de las subvenciones a los partidos políticos, eliminar todas las ayudas exteriores, las empresas públicas, derogar las leyes de memoria histórica, LGTBi, de igualdad o de violencia de género, suspender todas las ayudas o la asistencia a los “inmigrantes ilegales”, expulsar a 52.000 extranjeros en situación irregular, reducir un 50% las ayudas a Canal Sur, perseguir el fundamentalismo islámico o aprobar la total libertad en educación para los padres.

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El papel que finalmente se firmó no recogía nada del desmantelamiento del Estado de las autonomías, prometía una ley de concordia, no aprobada, no tocaba las leyes de género e igualdad, tampoco decía nada del colectivo LGTBi. El texto final, que después sirvió de guía para pactar los tres presupuestos que se cerraron con Vox en Andalucía, recogía 37 puntos. El Gobierno de la Junta ha eludido aprobar un pin parental en las escuelas, que sí se había pactado. En la acogida de menores aprobó destinar una partida de 1,5 millones de euros a reforzar la seguridad de los centros para chicos extranjeros, ahondando en su vinculación con la delincuencia, aunque el Ejecutivo de Moreno defiende que solo un 0,54% de estos menores comete delitos. Así han ido conviviendo. Ahora Vox pide más y el PP deberá decidir si varía o no sus líneas rojas.