¿Por qué está llamada la sanidad andaluza a movilizarse? Cinco claves para entenderlo

La sanidad pública de Andalucía estaba llamada a movilizarse este sábado en una cascada de manifestaciones provinciales convocadas por CCOO y UGT, apoyadas por más de un centenar de asociaciones y ONG y respaldadas por todos los partidos de izquierda del arco parlamentario. Las protestas han reunido a miles de personas en las ocho capitales andaluzas. Una cita clave en el cronograma de reivindicaciones que desde hace semanas cuestiona la gestión de la Junta y sobre la que la oposición ha sustanciado una estrategia de desgaste en la que han coincidido PSOE y Vox. La batalla por imponer el relato se libra en cada rueda de prensa y no se duda en retorcer la realidad para colocar el argumentario. ¿Pero cuáles son las principales exigencias de unos profesionales aplaudidos durante la pandemia? ¿Se presta un mejor servicio actualmente? ¿Se está haciendo una utilización política? Estas son algunas de las claves de un conflicto que en el pasado se llevó por delante a Susana Díaz y que trata sortear Juanma Moreno.

Presupuesto

Este es uno de los principales argumentos de defensa que esgrime la coalición PP-Ciudadanos para defender su gestión sanitaria y casi siempre tiene al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, como principal voz. En cada una de las intervenciones que realiza recuerda que el presupuesto de Sanidad creció 7,4 puntos en 2021 y que se situó en torno a los 10.800 millones de euros. Los dirigentes autonómicos, en este punto, suelen destacar las inversiones en nuevas infraestructuras, con un plan de más de 200 millones para Atención Primaria y la construcción de nuevos centros, como el ‘megahospital’ de Málaga -375 millones-. “En tres años se han abierto seis nuevos hospitales, cinco centros de salud y consultorios y se han realizado 1.007 obras de renovación en infraestructuras sanitarias”, aseguró este viernes Bendodo.

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No obstante, y a pesar de este incremento presupuestario, lo cierto es que el gasto sanitario por habitante en la comunidad se sitúa entre los más bajos del país. Según los datos hechos públicos por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la región destinó 1.388,86 euros de media a la atención médica de cada andaluz durante el pasado ejercicio. Esta cifra está muy por debajo de los 1.679,26 euros del promedio nacional y muy alejada de los 1.991,21 que destina País Vasco.

Las organizaciones sindicales han reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de mejorar este indicador, ya que Andalucía es la segunda comunidad con peor gasto per cápita, únicamente por delante de Madrid -1.300,55-. Por eso, entre las reclamaciones formuladas, se sitúa, en primer lugar, la dotación por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno de “fondos públicos necesarios para acabar con las desigualdades en salud”.

Personal

Sin duda alguna, el principal elemento de controversia entre la oposición y el Gobierno andaluz. Alimentada tras la no renovación de 8.000 contratados para el refuerzo del dispositivo covid, la presión ejercida en las calles ya ha llevado a los populares a confirmar la continuación de otros 12.000 profesionales sanitarios en la misma situación y cuyos contratos caducan el próximo 31 de marzo.

El PSOE ha construido alrededor de la sanidad toda una estrategia de erosión y ha multiplicado las comparecencias sobre este asunto en las últimas semanas. Como ejemplo, este viernes, en Málaga, una decena de sus dirigentes convocaban cinco ruedas de prensa en distintos puntos de la provincia. Haciendo suyo el mantra esgrimido por los sindicatos de que los 8.000 empleados han sido “despedidos”, ha acusado una y otra vez al Ejecutivo regional de querer privatizar la sanidad.

Frente a la acusación de recortes, el Gobierno andaluz dice que hay 30.000 profesionales más

Frente a estos reproches, el presidente andaluz y sus consejeros se apoyan en las cifras: 30.000 trabajadores más que en 2019 -último año de gobierno de los socialistas- para lograr la plantilla más amplia de la historia del Servicio Andaluz de Salud (SAS): 125.000 profesionales.

Los populares también se basan en los números para contraatacar y aseguran que los de Juan Espadas tienen “el rostro de hormigón armado” porque entre 2008 y 2010, el PSOE “despidió a 7.773 sanitarios” y que en ese periodo se redujo el presupuesto para sanidad "hasta en 7.000 millones de euros".

Atención primaria

Probablemente este haya sido el ámbito sanitario que ha concentrado el mayor número de quejas ciudadanas. Con los esfuerzos centrados en los hospitales durante la pandemia, los servicios de los centros de salud se redujeron notablemente y se pasó a un servicio de atención telefónica que no ha terminado de contentar.

La crisis del coronavirus ha reventado las costuras de una atención primaria que desde hace años venía presentando síntomas de agotamiento. Así lo han denunciado durante los últimos años los colegios profesionales, que reclaman una mayor inversión en este ámbito que suponga una “segunda reforma”. El órgano colegial de los facultativos malagueños hacía público días atrás sus iniciativas. Entre ellas destacaba la implantación de un concepto que “no fije el número de visitas como objetivo, sino las necesidades resueltas, que prime la resolución de problemas”. Y apuesta por “nuevos modelos multidisciplinares con tecnología al servicio del profesional y del ciudadano que se alejen de los compartimentos estancos de la gestión clínica”. “La asistencia presencial sigue y seguirá siendo necesaria e imprescindible para resolver ciertos problemas, al igual que la domiciliaria que debería ser potenciada aún más en la era covid-19, pero se precisa una sustancial mutación del modelo de atención clínica que permita mantener la accesibilidad optimizando su potencialidad”.

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Aunque, quizás, el problemas más urgente sea la fuga de profesionales y las consecuencias que tendrá sobre las plantillas futuras. Como ejemplo, Málaga. Su Colegio de Médicos ha alertado de que en los próximos diez años se jubilará el 35% de los facultativos que actualmente ejercen en la provincia. Situación que se agrava por una tasa de reposición baja derivada de las mejores ofertas económicas que recibe fuera de la comunidad el capital humano formado aquí. “Este hecho añade un futuro poco halagüeño para la atención primaria y exigirá un cambio de 180 grados en la política de contratación y fidelización de médicos de familia y de recambio de los mismos”.

UGT y CCOO aseguran que la Atención Primaria "está absolutamente colapsada, que ha sufrido el deterioro de los valores que la hicieron grande”, y advierten de un debilitamiento de la prevención de la salud que “tendrá repercusiones gravísimas en enfermedades crónicas como, por ejemplo, en el diagnóstico del cáncer en estadios avanzados”.

Los dirigentes políticos han elevado el tono de sus ataques durante las últimas horas

Elías Bendodo sale al paso de estas críticas, destaca la efectividad del plan de choque puesto en marcha por la Consejería de Salud y Familias y este mismo viernes aseguró que los datos “son muy cristalinos” y “no se pueden debatir”. Según sostuvo, la media para que un médico de familia atienda en consulta “ha pasado en los momentos del pico de la sexta ola del coronavirus donde era de 5,8 días de media a ser el 10 de febrero de 3,7 días”.

Gestión de la pandemia

La lista de quejas de las organizaciones sindicales se incrementa notablemente cuando abordan la gestión de la crisis del coronavirus realizada por el Ejecutivo andaluz. Tras afirmar que el “deterioro” de la sanidad “se ha acelerado profundamente en el binomio 2020-2021”. Durante la explosión de la pandemia “hemos asistido, con asombro, al cierre de centros sanitarios, camas hospitalarias, a la pérdida de personal de Atención Primaria e, incluso, se ha despedido a más de 8.000 trabajadores”, aseguran. “Y todo ello incumpliendo el deber de retribuir a nuestras y nuestros profesionales sanitarios, al menos, en igual medida que en el resto de comunidades autónomas”.

El Gobierno andaluz da una buena nota al trabajo hecho para enfrentarse a esta situación sin precedentes y destaca el proceso de vacunación, cuya efectividad ha cifrado en 5.000 vidas salvadas.

Guerra política

Es en este punto donde más se embarra una cuestión capital para la ciudadanía. A las pinceladas ofrecidas anteriormente, en las que no faltaban las acusaciones entre ambos bandos, y condicionadas por el “y tú más”, se suma una belicosidad en las expresiones que ha ido en aumento en las últimas horas.

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Bendodo, por ejemplo, pedía al PSOE que abandonase la “guerra sucia” y acusó a sus dirigentes de fletar autobuses con dinero público de los ayuntamientos para acudir a una manifestación forzada”. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, por su parte, definió la protesta de este sábado como una “movilización política torticera” y acusó al máximo responsable de los socialistas andaluces de usar la sanidad como “moneda de cambio”. Incluso habló de “presiones orquestadas” por partidos políticos antes de recordar que PSOE, Unidas Podemos y Vox “no nos han aprobado los presupuestos” -de 2022- a pesar de que incluían “1.100 millones más” para gasto sanitario.

Juan Espadas acusó a los miembros del Ejecutivo andaluz de “mentir a la gente” y aseguró que “ayer -por este jueves- mismo volvía a hacerlo Juanma Moreno al decir que su Gobierno ha sido el que más ha invertido en sanidad”.

Esta materia ha hecho extraños compañeros de viaje, porque a las críticas de los socialistas se han unido las de los dirigentes de Vox. El portavoz adjunto del grupo parlamentario de esta formación, Rodrigo Alonso, culpó a Moreno Bonilla de la “precariedad laboral” de los sanitario. Su homóloga en Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, llamó a la participación ciudadana y animó a “recuperar las manifestaciones multitudinarias” de los años 2018 y 2019.