El jubilado malagueño que lleva 17 años atrapado en un laberinto administrativo

Manuel Hijano lleva 17 años estrellándose contra un muro burocrático. Y cada vez que se golpea, vuelve a levantarse. No es que sea masoquista, es que está convencido de que le asiste la verdad. Las fuerzas flaquean en alguna ocasión, según reconoce, pero "aún no he arrojado la toalla". La suya es una historia de perseverancia e inconformismo, la lucha de un ciudadano de a pie que se resistió a ser engullido por la administración. Una experiencia vital que este jubilado ha decidido transformar en un libro: 'El ¡¡bluf!! del Defensor del Pueblo'. 340 páginas a través de las que relata su peregrinar por administraciones, organismos y juzgados para exigir la retirada de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales que el Ayuntamiento de Málaga construyó en una zona verde junto a su casa. Un relato en primera persona con el que quiere demostrar que esta reputada institución "es una pantomima inhabilitada por su propia Ley Orgánica para defender con efectividad resolutiva las quejas de las ciudadanos".

A sus 81 años, este antiguo hostelero del barrio de Pedregalejo, reconoce que los últimos 17 han sido como un "máster en judicatura". Jamás hubiese pensado que se dejaría la vista repasando libros de Derecho y buscando leyes frente a la pantalla del ordenador, pero Manuel no es de los que se rinden ni se dejan convencer con palabras huecas. Si cree que tiene la razón, no se detendrá. En su vivienda tiene apiladas carpetas y carpetas en las que ha ido archivando cada una de las decenas de denuncias interpuestas, las respuestas obtenidas, las cartas enviadas a políticos y organismos y los autos judiciales. Documentos que construyen un ejercicio de inconformismo, la base para "denunciar la cobardía de los tres poderes" y que personaliza en una institución "estéril e inoperante como es el Defensor del Pueblo".

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Hijano, que durante su conversación con El Confidencial muestra un papel tras otro, asegura que no tiene ningún temor porque "todo lo que digo está legislado o documentado" desde aquel mayo de 2005 en el que su vida se adentró en las arenas movedizas de la burocracia administrativa. Hacía siete años que había adquirido su vivienda en un buen lugar. Segunda línea de playa, junto a la desembocadura del arroyo Jaboneros y toda clase de servicios en las proximidades. Ideal para disfrutar junto a su esposa tras muchos años de duro trabajo para sacar adelante dos negocios. Pero un día comenzaron unas obras en una zona verde anexa, arrasaron parte de los árboles y "plantaron una caseta". "Fue como el derrumbamiento del califato de Córdoba", recuerda.

Su primera denuncia fue ante la Gerencia de Urbanismo. Con ella "paralizó temporalmente las obras", aunque el Consistorio las retomó rápidamente. Le siguieron nuevas reclamaciones que fueron entrando en el farragoso cauce administrativo. Sin poder evitar que las excavadoras abriesen el suelo y los operarios instalasen un mecano de grandes tuberías por las que transcurrirían los desechos. Un año después, la estación de bombeo estaba a pleno rendimiento. Entonces llegaron "los malos olores", "los ruidos que no nos dejaban dormir" y el trajín de camiones y operarios.

Manuel sostiene que el ciudadano está indefenso ante la maquinaria de la administración

Manuel decidió actuar en distintos frentes, así que siguió en conversaciones con el Ayuntamiento, acudió a los tribunales y paralelamente contactó con la oficina del Defensor del Pueblo para solicitar su amparo. En el primero acumuló hasta tres pronunciamientos favorables del Pleno en los que se planteaba la retirada de la estación para "restablecer el orden jurídico perturbado". Iniciativas que este ciudadano considera que fueron un mecanismo para "evitar una denuncia por prevaricación".

La justicia, no obstante, acabaría sentenciando que dicha infraestructura de la red de saneamiento estaba en una parcela donde no se podía edificar y que, además, era propiedad del actual Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Pero el fallo tendría un sorprendente desenlace.

Un largo peregrinar

La vía del Defensor del Pueblo era constantemente ralentizada por un engranaje administrativo en el que cada paso requería envío, confirmación de recepción, requerimiento y respuesta. Así que pasó el tiempo, y no fue hasta 2009 cuando este ciudadano recibió buenas noticias. Enrique Múgica, entonces al frente de la institución, le enviaba un escrito fechado el 16 de abril en el que reconocía que "la queja estaba fundada y que el proceder del Ayuntamiento no ha sido el adecuado, teniendo en cuenta que se han visto afectados sus derechos constitucionales a vivir dignamente, disfrutando de un medio ambiente adecuado y viendo protegida su salud". "Por todo lo expuesto, procede en este acto el cierre de actuaciones y archivo del expediente de queja incoado a su instancia", finalizaba la misiva, un párrafo que cobraría vital importancia para que Manuel Hijano apuntalara la tesis de su obra.

La alegría que supuso para la familia este escrito aumentó meses después, cuando era el propio alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien en otra carta anunciaba que "he dado instrucciones expresas […] para que se inicie lo antes posible, de forma coordinada con la Gerencia de Urbanismo, la redacción del proyecto de construcción que recoja la totalidad de las actuaciones necesarias para trasladar la estación de bombeo". El documento está fechado el 3 de agosto de ese año. Ha pasado más de una década y la infraestructura sigue en el mismo lugar, en el mismo espacio verde; a pesar de los informes de los expertos, a pesar de las resoluciones judiciales.

¿Y por qué ocurre esta situación? Pues según sostiene el afectado, porque cualquier reclamación ciudadana se encuentra "a merced" de un entramado burocrático que acaba agotando y empujando a desistir, además de encauzarse a través resortes "estériles". Es en este punto donde analiza la figura del Defensor del Pueblo, para comprobar con asombro que la institución no tiene ninguna capacidad ejecutiva de sus propias resoluciones. "Una vez ha hecha la recomendación, archiva la queja", sin comprobar si se restituye la normalidad alterada o el daño causado.

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Manuel explica que la oficina que ahora dirige el exministro Ángel Gabilondo es inoperante desde su propia concepción en la Ley Orgánica 3/1981 y en su apoyo en el articulado del Código Penal. Según se desprende de su experiencia, ambos textos "dejan la reparación del agravio denunciado al libre albedrío, al capricho resolutorio de la administración o político de turno que provoca la queja". Con lo que la labor del Defensor del Pueblo se reduce a una "mediación informal", ya que sus dictámenes "no son vinculantes ni pueden imponerse". "¿En qué situación queda el ciudadano cuando todo se deja en manos del infractor?", se pregunta, para concluir que "no tenemos una institución que pueda resolver de una manera efectiva los problemas de la población".

"Le he escrito a Gabilondo para preguntarle cómo ha podido aceptar un cargo inútil. No me ha contestado, ni Pedro Sánchez. Son incapaces de dar respuesta a una simple pregunta", se queja este jubilado.

"Donde dije digo..."

Este evidente desencanto se comenzó a fraguar después del primer pronunciamiento a su favor y observar que las palabras de Múgica y De la Torre estaban vacías. Tras una nueva respuesta —de mayo de 2010— en la que se expresaba conformidad con los pasos del Consistorio, un documento fechado el 28 de junio de 2011 supone un sorprendente cambio de postura. Rubricado por la entonces defensora Soledad Becerril, se justificaba ante la tardanza por la retirada de la estación de bombeo afirmando que, "si la sugerencia formulada fue aceptada por el Ayuntamiento de Málaga, y el alcalde comunicó su traslado, esta defensoría no puede hacer otra cosa que concluir sus actuaciones". Una respuesta que, insiste Hijano, recalca el carácter "estéril" de este organismo y el estado de "indefensión" en el que deja a los reclamantes.

Con sentencia y dictámenes a su favor, sugieren a Manuel y a su familia que se muden

La situación, no obstante, da un vuelco surrealista dos años más tarde. Estando en el cargo Francisco Fernández Marugán, Manuel recibe una misiva —con fecha 21 de octubre— en la que se le comunica que llevar a otra zona la estación de aguas residuales "es inviable" porque "las obras son costosísimas (sic)" y sugiere que "traslade su vivienda". Como recalca el afectado con indignación, se construye en una zona verde, en un terreno de un ministerio, provoca afecciones a la salud "y nos tenemos que ir nosotros".

Este desenlace se hace aún más difícil de entender cuando la vía judicial acabó dando la razón a este particular quijote malagueño. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en un fallo emitido el 29 de junio de 2015, en el que se rechaza el cambio de clasificación de la parcela contemplada en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y "declara la disconformidad" con su consideración como "sistema técnico".

Manuel Hijano solicitó la ejecución de esta sentencia, pero no se plasmó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hasta 29 de octubre de 2018. Lo increíble es que no pasó de ahí. El tribunal le dio la razón, pero la infraestructura sigue en pie y a pleno rendimiento más de tres años después. Por eso no oculta su decepción con una justicia que, como incide, es incapaz de hacer cumplir sus propias resoluciones.

Los partes médicos de los miembros de su familia muestran "síntomas de ansiedad y cefaleas" motivados por "las vibraciones permanentes que se transmiten físicamente al edificio y los ruidos periódicos en forma de explosiones de motores que imposibilitan el sueño durante la noche y el descanso por el día". Y la Policía Local de Málaga recogió en uno de los diferentes partes que ha realizado sobre este asunto que se percibía "el paso continuo de agua por las conducciones anexas a la vivienda" y que, según afirma el denunciante, se situaron a una distancia muy inferior a lo que establece la normativa. Hijano cuenta que ha sufrido dos inundaciones de aguas fecales; y que su vecina, tres.

"Estamos viviendo dentro de una estación de bombeo", explica con perplejidad, para añadir que el "sufrimiento que llevamos es tremendo". Un padecimiento que, sostiene, no se podría haber generado "sin el beneplácito y consentimiento del alcalde".

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Pero si los políticos creen que este jubilado va a arrojar la toalla, es que han subestimado su capacidad de resistencia. Manuel juega actualmente la baza de Bruselas y en el horizonte tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). ¿Y cómo puede abrir esta vía? Pues porque el 85 por ciento de la estación de bombeo se financió con los fondos de cohesión Feder y su presunto uso irregular podría costarle al Ayuntamiento y al Gobierno del país un tirón de orejas cifrado en casi 6,5 millones de euros.

Este es el importe de la partida que la Unión Europea concedió al proyecto "Saneamiento integral de la zona Este de Málaga" y que, tras ser revisado por la denuncia de Manuel, podría ser reclamado. En una carta remitida el 23 de diciembre de 2020, la jefa de unidad de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Caroline Callens, llega a la conclusión de que "existe una irregularidad con respecto a la ayuda" porque "se ha ejecutado incumpliendo la legislación nacional", lo que a su vez da lugar a una alteración que "no ha sido corregida". "En este contexto, los servicios de la Comisión han abierto el procedimiento que puede dar lugar a una decisión de corrección financiera". Esta reparación alcanzaría tanto al Ayuntamiento como al Ejecutivo central: uno, por no haber revelado que edificó en una zona verde; y el otro, por no actuar aún sabiendo esta circunstancia por ser una parcela de su propiedad.

Bruselas ha detectado una irregularidad en la ayuda con la que se construyó la estación

Con esa resolución previa de la Comisión Europea, este ciudadano 'quemado' con las administraciones está dispuesto a llevar su caso al TJUE. Mientras tanto, ha escrito a Ángel Gabilondo para recordarle que la legislación le faculta para, al menos, solicitar más atribuciones ejecutorias, aunque tampoco se muestra muy confiado en que le haga caso.

"Editar este libro-denuncia es un deber cívico en honor al pueblo, a ciudadanos de buena fe que pudieran llegar a pensar que el Defensor del Pueblo es la solución a sus problemas", comenta este jubilado en su obra, que promete ir actualizando para dejar testimonio de su peregrinar. Aunque ha recopilado el apoyo de centenares de vecinos, afirma que "es muy difícil luchar contra una administración". "Pero no voy a parar de insistir".