PP, Cs y Vox elevan el fraude de empleo en Andalucía a "una bomba" como la de los ERE

“El manual de corrupción socialista de los gobiernos en Andalucía”. Después de tres años de comisión de investigación en el Parlamento regional sobre la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), así define el PP lo sucedido en la entidad. Los partidos se encaminan a votar un dictamen final que contará con las conclusiones de los distintos grupos parlamentarios, presentadas este jueves. PP, Cs, Vox y Unidas Podemos dan la máxima gravedad a lo ocurrido en esta fundación que se extinguió en 2011 y sobre la que hay en estos momentos dos piezas abiertas en los tribunales. Una investiga un presunto caso de enchufismo en su plantilla, con 84 implicados afines al PSOE, que fueron cargos del partido o familiares y amigos de líderes de la formación. La otra pieza instruye el presunto uso de tarjetas ‘black’ para pagar fiestas en prostíbulos por parte del principal directivo, acusado de malversar 32.566 euros para “pagar sus vicios”.

Los partidos fijan las responsabilidades políticas de lo ocurrido en los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, también en Susana Díaz, excluida por Cs. Apuntan a las cúpulas de las consejerías de Empleo, condenadas en los ERE, y a los exconsejeros de Hacienda María Jesús Montero, actual ministra, Antonio Ramírez de Arellano o Javier Carnero, hoy diputados, por haber "participado en la 'omertà' socialista".

El relato de los partidos sobre lo que ocurrió en la Faffe va, sin embargo, mucho más allá de los delitos que se investigan en la vía penal. Se señala que esta fundación fue “una auténtica bomba de corrupción en la que se han sobrepasado todos los límites imaginables y todas las líneas rojas en corrupción política”, señala el PP. Para Cs, es “el mayor caso de corrupción, el más inmoral y el más indecente”. En plena precampaña, los partidos describen lo ocurrido en esta fundación, que consideran que nunca debió existir y se creó para burlar los controles y “dar subvenciones arbitrariamente”, como una pieza más del entramado de corrupción socialista gracias al cual consideran que el PSOE se mantuvo casi cuatro décadas gobernando en Andalucía.

"Una misma cadena"

“Los ERE, los cursos de formación o la Faffe formaban parte de una misma cadena de corrupción sistémica en la que, como ocurre con los vasos comunicantes, los casos se alimentaban entre sí, creando una tupida red con el único objetivo de mantener el poder socialista y la impunidad con los recursos de todos los andaluces y saltándose la legalidad”, señala el PP en sus conclusiones de la comisión de investigación.

Durante sus informes, en contra de la opinión del PSOE, que exige cumplir con la presunción de inocencia y habla de una “instrumentación partidista” de la comisión de investigación en la antesala de las elecciones, los partidos andaluces establecen analogías con lo ocurrido en los ERE. La Justicia condenó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otra veintena de ex altos cargos socialistas, por delitos de prevaricación y malversación en la administración de un fondo público de 680 millones de euros en la Consejería de Empleo, que se repartió, dijo la sentencia, de forma ilegal y arbitraria. Los expresidentes han recurrido al Supremo. Al PSOE le queda todavía por pasar un auténtico calvario judicial con ese caso, que consta de numerosas piezas abiertas. A eso se suman la Faffe y los cursos de formación o el caso de Invercaria, en un 'totum revolutum' que sigue alimentado el relato político contra los socialistas en Andalucía una legislatura después de que salieran del poder.

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En el caso de la Faffe, una fundación que se creó en 2004 y se clausuró en 2011, no están imputados judicialmente los expresidentes ni la cúpula política de aquellos gobiernos, pero sirve a los partidos en el Parlamento andaluz para hacer un retrato feroz de cómo funcionaban aquellos ejecutivos socialistas, actuando, insisten en sus escritos, al margen de la legalidad para apuntalar una red clientelar para beneficio político y defraudando fondos públicos. El PP habla de un “derroche” de 480 millones de euros y exige la devolución de 155 millones a las arcas públicas, en reintegros abiertos en la consejería que ahora dirige Cs. Fijan también vínculos entre la Faffe y el caso Delphi, en los tribunales, que destinó 300 millones de euros a apagar este conflicto laboral en la bahía de Cádiz.

Diferencias entre PP y Cs

PP y Vox coinciden en señalar la máxima responsabilidad del caso de la Faffe en los expresidentes Chaves, Griñán y Susana Díaz. Ella llegó a la presidencia dos años después de que el ente público, por orden de Griñán, se extinguiera. Sin embargo, el grupo popular carga las tintas contra la exdirigente socialista, acusándola de haber obstruido la labor de investigación y de recuperación del dinero supuestamente desviado en subvenciones arbitrarias. El proceso de liquidación de la Faffe comenzó en 2011, pero se prolongó hasta el año 2016, recuerda el PP, que señala que “bajo su mandato la Cámara de Cuentas desveló ya en 2014 la falta de justificación de 50 millones en subvenciones y otros informes que advierten de irregularidades”. “Nunca quisieron arrojar luz respecto a esos expedientes que ahora sabemos que estaban en el limbo administrativo, ni ofrecer datos respecto a la verdadera situación administrativa de los mismos”, señala el escrito de los populares.

Cs, sin embargo, marca diferencias con sus socios de gobierno del PP y exculpa a Susana Díaz. Hay que recordar que los votos de los naranjas dieron la investidura a la socialista en 2015. El partido de Inés Arrimadas aprovechó además para desmarcarse de sus socios de coalición y exigir a los letrados de la Junta de Andalucía que lleguen hasta el final en la petición de responsabilidades en los casos abiertos en los tribunales.

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Por ahí fue precisamente Vox, que acusó al Gobierno andaluz de PP y Cs de “obstruir” las actuaciones judiciales que este partido está llevando a cabo en los juzgados con la Faffe. Vox denunció que el Ejecutivo regional planteó un recurso de forma a la petición de este partido de indagar en toda la plantilla de Empleo procedente de la Faffe. Para Vox, el momento más importante en la comisión de investigación fue la comparecencia de la esposa del líder socialista, Juan Espadas, que fue personal de esta fundación antes de pasar a ser técnica de empleo. Por la comisión desfilaron también Chaves, que se negó a declarar, y la expresidenta Díaz. Ni Griñán acudió a la citación ni la ministra Montero aceptó sentarse a declarar.

El personal que trabajaba en la fundación entró a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que se hizo cargo de sus más de 1.500 trabajadores sin funciones definidas. Los 1.058 trabajadores que provienen de la Faffe suponen en la actualidad el 29,43% de toda la plantilla del SAE (3.295).