Aviso al narco: el clan de Los Castaña se enfrenta a 16.000 millones en multas
La operación Dismantle arrancó a principios de 2020 y permitió a la Guardia Civil intervenir casi 11 toneladas de hachís. La organización está liderada por los hermanos Antonio y Francisco Tejón
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Las cifras son el mejor reflejo de la problemática del narcotráfico en el campo de Gibraltar: 157 acusados, en torno a 2.000 años de petición de cárcel y más de 16.000 millones de euros en multas. Datos mareantes que resumen la calificación de la Fiscalía Antidroga que sustenta el que posiblemente sea el mayor golpe judicial al clan de Los Castaña. Los ‘reyes del Estrecho’. La organización delictiva liderada por los hermanos Antonio y Francisco Tejón que durante años dominó la entrada de hachís a la península y que ahora comienza a ser consciente de las consecuencias penales de sus actos.
El escrito de acusación corresponde a la operación Dismantle, que fue el resultado de una investigación de la Guardia Civil que arrancó a principios de 2020 y permitió intervenir casi 11 toneladas de hachís. Un total de 33 folios a través de los que el Ministerio Público realiza un detallado viaje por las actividades y el modus operandi de los distintos implicados en el entramado.
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Las pesquisas policiales y judiciales concluyen que los 157 implicados -146 acusados y 11 en rebeldía- serían presuntos autores de delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, contrabando, tenencia de armas, atentado a agente de la autoridad y receptación, derivados todos ellos de una decena de operaciones de narcotráfico presuntamente llevadas a cabo entre el 1 de febrero y el 27 de agosto de ese año.
El principal acusado, Antonio Tejón, supuestamente estaba al frente de todos estos alijos aún estando en prisión preventiva, como destaca la fiscal Antidrogas del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, quien señala en su calificación que se encargaba de “establecer los contactos y coordinar” al resto de implicados. Este conocido delincuente, cuatro sentencias firmes en su historial, se enfrenta a una petición de pena de al menos 13,9 años de prisión por tráfico de drogas, receptación y contrabando, a la que se suma una multa de 104 millones de euros.
La violenta fuga de uno de los miembros de Los Castaña de un hospital fue un antes y un después
Su hermano Francisco no se encuentra involucrado en esta causa, aunque sí uno de los hombres de confianza de los líderes del clan, S.C., que protagonizó una violenta fuga mientras era escoltado en el hospital de La Línea. Este episodio supuso un antes y un después porque las autoridades y la sociedad fue consciente de la magnitud del problema del narcotráfico en la comarca gaditana, con comportamientos parecidos a los de las familias mafiosas italianas y un sentimiento de impunidad que se había larvado en el tiempo ante la dejadez de las autoridades y cierta permisividad social. Afortunadamente, este clima ha ido mutando, en parte, gracias al Plan Especial de Seguridad que hace dos años activó el Ministerio del Interior en la zona y por la movilización de asociaciones y colectivos vecinales, que han comenzado a perder el miedo.
Cárcel y multas, la combinación
Aunque la importancia que esta contundente respuesta judicial puede suponer para la red de los Tejón sólo se entiende observando sus cifras totales, ya que la suma de todas las solicitudes de cárcel se sitúan en torno a los 2.000 años, según se recoge en el escrito de acusación, adelantado por Europa Sur y al que ha tenido acceso este periódico. El mayor peso de las condenas, como es obvio, recae en el tráfico de drogas y con 146 acusados enfrentándose a 818 años y nueve meses. Mientras que para cada uno de ellos se reclama cinco años y seis meses de internamiento, esta petición se eleva en el caso de Antonio Tejón a seis años y nueve meses por reincidente.
El delito de contrabando, que es imputado a 146 investigados, también tiene gran protagonismo, ya que suma un total de 730 años de prisión. El de receptación -penado con dos- alcanza los 292, mientras que los 45 encausados por pertenencia a grupo criminal deben agregar a los otros cargos casi un siglo más. A todas estas cifras hay que unir las de las 11 personas que se encuentran fugadas.
No obstante, y teniendo en cuenta el cambio de estrategia policial en la lucha contra el narcotráfico, que derivó los esfuerzos a incautar los beneficios económicos de esta actividad, no son menos importantes las solicitudes de multas que realiza la fiscal y que superan los 16.000 millones de euros. Esta impresionante cuantía se entiende si se tiene en cuenta que se pide al tribunal juzgador que imponga dos sanciones de 50 millones a cada uno de los acusados por el delito de tráfico de drogas; a los que la mayoría debe sumar otros cuatro correspondientes al contrabando.
Para hacernos una idea del volumen de esta sanción, recordar que el fondo puesto en marcha por el Gobierno para apoyar a los sectores empresarial, industrial y de la automoción durante la pandemia fue de 16.300 millones de euros; o que la nómina mensual de de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social oscilaba en torno a los 10.000 millones.
La fiscal recuerda al juzgado que “interesa el decomiso del dinero, los efectos y los vehículos intervenidos en la presente causa” y “la destrucción de la sustancias que constan en la presente causa, así como las armas intervenidas y las embarcaciones de genero prohibido”.
El 'gran circo' del narco
La investigación de la operación Dismantle se centró originariamente en la zona de Palmones del municipio de Los Barrios, donde los acusados supuestamente llevaban a cabo todo tipo de tareas logísticas para alijar los transportes de droga, así como para proveer de ‘guarderías’ en las que esconder los alijos, los vehículos y las embarcaciones semirrígidas.
La función de cada uno de los acusados era “fundamental, complementaria y necesaria”
Algunos de los investigados “ejercían claras funciones de jefes” y presuntamente eran “los encargados de llevar a cabo todas las gestiones para la introducción de grandes cantidades de hachís, procedente de Marruecos, por vía marítima”. “Para ello empleaban embarcaciones de alta velocidad […] consideradas como género prohibido […] por la Ley de Contrabando”.
El escrito de acusación plasma todas las actividades que giran en torno a una operativa de narcotráfico. “Desde los tratos con los proveedores marroquíes para la adquisición de la droga”, pasando por “la coordinación de otras personas que adquirían, ocultaban en naves, preparaban, transportaban y botaban las lanchas de alta velocidad”, así como las búsqueda de individuos que “se encargaban del avituallamiento de gasolina y víveres de las embarcaciones para la travesía en alta mar” y cerraban las contrataciones de “los pilotos, los ‘puntos’ de vigilancia, los vehículos de carga -en ocasiones, sustraídos-, los conductores y los que descargaban la droga”.
Como en el mercado laboral convencional, la Fiscalía detecta que algunos de los investigados colaboraban con la organización de forma permanente, mientras que “otros actuaron de manera eventual”. Cada una de las funciones que ejercían era “fundamental, complementaria y necesaria” para realizar el alijo “con éxito y evitando que las fuerzas de seguridad lo interceptasen”.
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“Fruto de las vigilancias y seguimientos que se efectúan sobre los acusados, así como resultado de las intervenciones telefónicas y los dispositivos de geolocalización autorizados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras”, se constata que Antonio Tejón supuestamente era el líder y coordinaba la operativa a pesar de que se encontraba en prisión preventiva. Presuntamente se valía de una persona de su confianza, A.C.J., para “trasladar al resto de los miembros del grupo la forma de proceder”.
Las pesquisas de los agentes del Instituto Armado lograron aflorar el entramado de ‘petaqueros’ encargados de avituallar a las embarcaciones y conocer que la red contaba con “infraestructura suficiente” para desviar los cargamentos de droga hacia Huelva cuando tenían dificultades para introducir el hachís por las costas del Campo de Gibraltar.
Con su escrito de acusación, el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral del caso que por cifras mayor daño puede hacer al negocio turbio del narco. Pero es un asalto. Cuando trascendían los datos de este documento, la Guardia Civil desarrollaba una nueva operación contra una red de blanqueo de capitales. Le seguirán más. Muchas más.
Las cifras son el mejor reflejo de la problemática del narcotráfico en el campo de Gibraltar: 157 acusados, en torno a 2.000 años de petición de cárcel y más de 16.000 millones de euros en multas. Datos mareantes que resumen la calificación de la Fiscalía Antidroga que sustenta el que posiblemente sea el mayor golpe judicial al clan de Los Castaña. Los ‘reyes del Estrecho’. La organización delictiva liderada por los hermanos Antonio y Francisco Tejón que durante años dominó la entrada de hachís a la península y que ahora comienza a ser consciente de las consecuencias penales de sus actos.