Otro político malagueño, en aprietos judiciales por presunto 'enchufismo'

El exalcalde de Antequera Ricardo Millán se encuentra a un paso del banquillo de los acusados después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad, por indicación de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga, haya solicitado a las partes que presenten escrito de acusación sobre la causa por presunta prevaricación abierta contra el dirigente socialista hace siete años. Una investigación que gira en torno a supuestas contrataciones irregulares llevadas a cabo entre los años 2004 y 2009 y que ha concluido que existen indicios de que el ex regidor habría incurrido en prácticas delictivas.

La instrucción de este caso se inició en 2014 tras la denuncia de un particular que alertó de una presunta violación de los principios de “igualdad, mérito y capacidad” que deben regir cualquier proceso selectivo en la Administración pública. Estas prácticas se habrían desarrollado durante el mandato de Millán (PSOE), quien presuntamente hizo caso omiso de las advertencias realizadas por el secretario y el interventor municipal para impulsar las altas laborales, justificando sus actos en una supuesta urgencia para cubrir los puestos vacantes alimentada por “la presión que estaban ejerciendo los agentes sociales”.

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A pesar de que el juez instructor reconoció que “el proceso de contratación fue irregular”, no halló “indicios racionales del plus de antijuricidad” que “transformarían” esta acción en “resoluciones manifiestamente impuestas, arbitrarias”, que supondrían una “evidente, patente y clamorosa infracción de las normas aplicables”. “En su gran mayoría”, según se recoge en un auto de la Sección Novena de la Audiencia Provincial que estima el recurso presentado por el querellante, “se trataba de casos de sustituciones de personal laboral —nunca funcionarial— que tenían que producirse con carácter inmediato”.

“Se acudía al concurso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)”, apuntó el magistrado, que sostuvo que no había “indicio alguno” de que los contratados fuesen “personas afines al PSOE o que mantuvieran relaciones de proximidad con los concejales”. Algo de lo que discrepa la parte denunciante.

No obstante, el documento emitido por la instancia superior, en respuesta al escrito contra el sobreseimiento de las actuaciones, concluye que “existen indicios de su participación en el delito que se le imputa”, ya que “es claro y no se discute” que la contratación de los trabajadores a que se refieren las actuaciones “fue irregular y se realizó contraviniendo las normas legales aplicables e infringiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad, además del de publicidad, que dimanan de la Constitución”.

El exalcalde esgrimió la "presión" de los agentes sociales para hacer contrataciones urgentes

La Audiencia Provincial corrige al instructor cuando afirma que “las razones de urgencia que se alegan en ningún caso pueden servir de justificación para incumplir la ley”; siempre y cuando “realmente existieran”, pues “no hay constancia objetiva más allá de las manifestaciones del investigado”. Ricardo Millán “contaba con el asesoramiento de los servicios técnicos del ayuntamiento, y el particular del secretario municipal”, por lo que “sabía que las contrataciones se debían realizar de la forma que establece la ley”. “Sin embargo, prefirió desatender las indicaciones de dichos profesionales, lo cual supuestamente pone de manifiesto su voluntad deliberada de no actuar conforme a derecho, algo que podría considerarse patente y notoria arbitrariedad”, uno de los preceptos sobre los que se argumenta el delito de prevaricación.

En el auto, emitido el pasado 10 de junio, se alude a otra investigación de la que ha venido dando cuenta este periódico: el caso Manilva. “Puede que no nos encontremos ante un caso aislado”, advierte el magistrado sobre los procesos selectivos seguidos en las administraciones locales, y precisa que en el municipio costasoleño, al contrario que en Antequera, sí hay indicios de que el objetivo era “crear una red clientelar de votantes que garantizara la permanencia en el poder del partido gobernante”.

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El magistrado, antes de estimar el recurso de apelación, y obligar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad antequerana a continuar con el proceso, realiza una singular apreciación: “Aun en el caso de que fuera cierto que estas conductas se produzcan con cierta asiduidad, no por ello deben dejar de reprimirse si hay razones para ello”.

El instructor firmó una resolución el pasado 14 de octubre en la que instaba a las partes a solicitar la apertura de juicio oral presentando escrito de acusación, reclamar el sobreseimiento de la causa o, “excepcionalmente”, la práctica de diligencias complementarias “indispensables para la tipificación de los hechos”. José Ignacio Navarro Bustos, el abogado del querellante, formalizó este trámite el 6 de noviembre en un documento en el que relata los hechos investigados y que concluye que representan un delito de prevaricación administrativa. Por el que solicita que se imponga al ex regidor una multa de tres a ocho meses y la suspensión de empleo o cargo público por una horquilla de tiempo de uno a tres años.

El abogado del querellante sostiene que había beneficiarios en el entorno de Millán

Navarro explicó que han perseverado en su tesis a pesar de que el juzgado de Instrucción acordó el sobreseimiento del caso hasta en dos ocasiones y que esto ha tenido su recompensa porque la instancia superior ha acabado dándoles la razón. El letrado considera que Ricardo Millán es “el principal autor y responsable” de la presunta prevaricación descrita y apuntó que, además de la declaración del interventor, ha solicitado que en la vista oral testifiquen “los que consiguieron su puesto ‘a dedo’, ya que los concursos y ofertas de trabajo que se iban publicando, a los pocos días, desaparecían”. En la selección, sostiene, “no se respetaban los méritos, ni los exámenes que se supone debían celebrarse, adjudicándose las plazas a personas del círculo del exalcalde”.

José Ignacio Navarro ha lamentado que, si la Audiencia Provincial no hubiese estimado sus recursos frente al archivo de la causa, un presunto delito “habría quedado impune”. Ahora será un tribunal el que decida.

Archivada la causa contra el actual regidor

Esta investigación judicial también puso en el foco al actual regidor antequerano, el popular Manuel Barón, quien fue citado a declarar en calidad de imputado. Al contrario que Millán, cuando sucedieron los hechos formaba parte de la oposición, aunque el querellante le achaca una cuota de responsabilidad en las presuntas irregularidades de la política laboral del Consistorio. Concretamente, la fija en el pleno municipal celebrado el 17 de marzo de 2011, al que el grupo del PP llevó una moción para “reconocer la condición de contratados indefinidos al personal laboral del ayuntamiento que cumpla las condiciones que establece el Estatuto de los Trabajadores”. Esta se aprobó por unanimidad, a pesar de que, como advirtió el secretario general del Consistorio, “en la adopción de este acuerdo existieron claras irregularidades”.

Por un lado, “no se le permitió”, ni a él, ni al interventor municipal, que con carácter previo emitiera informe. “Tampoco su propuesta de que quedara el asunto sobre la mesa para resolverlo en un pleno posterior”. Además, “lo adecuado”, según la legislación laboral, era que los trabajadores afectados, directamente o a través de sus representantes sindicales, “hubiesen demandado la protección de sus derechos y la conversión de sus contratos temporales en indefinidos”.

No obstante, “pese a lo expuesto, no puede decirse que el señor Barón incurriera en ningún tipo de responsabilidad criminal”, concluye la Audiencia Provincial, que esgrime que “no se acordó sin más que el personal laboral temporal pasara a ser indefinido, sino que se condicionaba al cumplimiento de las normativa legal aplicable”.