Andalucía acaba con la "gincana burocrática interminable" para la actividad económica

En los últimos años, se ha convertido en una de las grandes denuncias de los empresarios: la Administración de la Junta de Andalucía se había convertido en un lastre en lugar de un aliado para los ciudadanos a la hora de intentar emprender, tanto para los pequeños comerciantes, que se veían asfixiados en papeleo antes de empezar su actividad, como para las grandes compañías, que se encontraban con un muro administrativo que les desanimaba a invertir.

Por eso, el autodenominado “Gobierno del cambio” de PP y Ciudadanos convirtió en una de sus promesas estrellas para esta legislatura la reducción de la “gincana interminable que soportaba el tejido productivo andaluz”, según palabras del propio presidente autonómico, Juanma Moreno, en la presentación ante los agentes sociales de la regulación que hoy se ha aprobado, que es la tercera de estas características.

En marzo de 2020, justo unos días antes del confinamiento, ya aprobó un primer paquete de reducción de normativa que afectaba a unos 80 trámites y que ha dado inmediatamente frutos a pesar del periodo de pandemia. Por ejemplo, se anuló el decreto de 2010 que regulaba la instalación de campos de golf en Andalucía que ponía tantas trabas que en más de una década no se ha vuelto a abrir ninguno. Por el contrario, solo en último año, se han reactivado casi una decena de proyectos, de los que la Junta ha bendecido ya cuatro con una inversión privada prevista de 400 millones y que prevé generar 5.000 empleos.

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Posteriormente, en febrero de 2021, la Junta aprobó otro paquete de medidas de simplificación interna de funcionamiento de la Administración pública para agilizar la tramitación de los fondos europeos que llegarán a Andalucía en el nuevo marco 2021-27, incluyendo los fondos extraordinarios Next Generation.

Ahora, en la recta final de la legislatura, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto ley por el que se adoptan “medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía”, una norma que incorpora más de 330 medidas, agrupadas en medidas de simplificación administrativa, medidas de mejora de la regulación o derogaciones normativas.

Estas medidas, que afectan a 33 materias (medioambiente, turismo, educación, agricultura, pesca, patrimonio histórico, vivienda, puertos, energía, fondos europeos, salud, colegios profesionales, fundaciones, transportes o urbanismo, entre otras) suponen la modificación de 80 normas entre leyes, decretos leyes, decretos u órdenes, incluyendo diversas derogaciones normativas.

Con este tercer decreto se contabilizan un total de 400 medidas de simplificación y mejora de la regulación, además de un centenar de normas agilizadas, con el que “se cambia la tendencia por la que la Junta veía sospechoso a todo emprendedor y se preguntaba desconfiada por qué este empresario querrá invertir en esta tierra”, según explicaba ayer el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien aseguraba que este decreto, “el más ambicioso”, es “la revolución del sentido común”.

Ayer se mostraba especialmente satisfecho de estas medidas uno de los artífices del avance, el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, quien, en numerosas ocasiones, ha explicado que, tras un intenso estudio, habían detectado que existen hasta 829 procedimientos administrativos que afectan al inicio o ejercicio de la actividad de los operadores económicos y que están regulados por normativa autonómica.

Dentro del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, pactado con patronal y sindicatos, se evaluaron 468 de estos procedimientos. En ellos, se detectaron 154 procedimientos cuya propuesta de simplificación son de ámbito estatal y, por ello, se han trasladado a las correspondientes conferencias sectoriales nacionales. Tras ello, la labor se centró sobre 207 procedimientos para elaborar una guía de ayudas a las empresas para que puedan adecuarse, también, a los principios de buena regulación económica y de unidad de mercado.

Según explica el consejero de la Junta, el reto del Ejecutivo andaluz es llegar a simplificar, en el horizonte de 2024, hasta 150 procedimientos administrativos, es decir, haber reducido en alrededor del 30% los 468 procedimientos analizados.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, acompañado de su vicepresidente, Juan Marín, han destacado que se trata del "trabajo más ambicioso jamás planteado en la historia de la Autonomía y, con este nuevo decreto ley, Andalucía es pionera a nivel nacional, afrontando una remodelación integral de sus procedimientos para adecuarse a las indicaciones de la Unión Europea. Me siento orgulloso de presidir un Gobierno que se ha atrevido a encarar este cambio radical para crear las condiciones más favorables a la actividad empresarial", subrayó.

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Entre los cambios aprobados este martes, la nueva norma dota de mayor agilidad a la aprobación de los marcos estratégicos que regulan la actividad turística, se aumenta el volumen de localidades andaluzas que pueden acceder a la declaración de Municipio Turístico y se simplifica el procedimiento de Declaración de Interés Turístico de Andalucía, entre otras medidas destinadas al sector turístico.

Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha incluido 128 modificaciones en la legislación ambiental. Se hace hincapié en la GICA (Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), concretamente en su anexo para adecuar los niveles de protección de Andalucía a los del Estado. Además, se reducen los plazos y tiempo, eliminando la burocracia que no aportaba protección ambiental.

Este nuevo decreto ley permitirá que proyectos sometidos a Declaración de Impacto Ambiental no precisen Autorización Ambiental Unificada, lo que va a permitir eliminar duplicidades y reducir el tiempo de tramitación. Por otro lado, se amplía el plazo de garantía de la Autorización Ambiental Unificada, cuya caducidad pasa a cinco años. Una reivindicación histórica que aporta tranquilidad a los empresarios.

Las modificaciones introducidas en la normativa posibilitan también que las corporaciones locales tengan mayor flexibilidad a la hora de solicitar la permuta

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha reformado en el marco de este decreto ley un total de 18 normas y ha introducido 65 medidas de simplificación, de mejora de la regulación económica y de reactivación en materia de comercio interior, artesanía, industria, minas, universidades e investigación y el proceso para la declaración de proyectos estratégicos para Andalucía.

En el apartado de comercio y artesanía, la Junta favorece el comercio minorista y ambulante, así como el desarrollo de las ferias comerciales al suprimir 10 procedimientos administrativos obligatorios. Los más relevantes están relacionados con la eliminación del Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, en el que debían inscribirse obligatoriamente hasta ahora toda persona jurídica o física que ejerciera una actividad de estas características en la comunidad. De igual modo, también dejan de tener vigencia el Registro General de Comerciantes Ambulantes y el de Ferias Comerciales Oficiales.

Por otro lado, se permite a los municipios declarados como turísticos adaptar su oferta comercial a la demanda durante Semana Santa y verano, periodos con mayor afluencia de visitantes. Con esta medida, los establecimientos comerciales situados en dichos términos municipales disponen de libertad para fijar los días de apertura.

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Las modificaciones introducidas en la normativa posibilitan también que las corporaciones locales tengan mayor flexibilidad a la hora de solicitar la permuta de hasta dos domingos y festivos recogidos en el calendario comercial que se aprueba anualmente en la comunidad. Así, a partir de ahora podrán pedir los cambios de días en cuatro periodos al año y no en uno.

Asimismo, en este ámbito también se elimina la obligación de solicitar el informe autonómico previo a la licencia municipal de obras para implantar una gran superficie minorista (más de 2.500 metros cuadrados), puesto que duplica un trámite preceptivo que ya se exige para cumplir la normativa urbanística y medioambiental. También se reconoce por primera vez en la normativa la venta 'online' como modalidad comercial.

En materia de industria y minas, se incorporan las comunicaciones electrónicas con la Administración y se suprimen trámites administrativos relativos a la verificación metrológica de surtidores en estaciones de servicio y a las placas de talleres de reparación de vehículos. Además, se simplifican procedimientos para determinados aprovechamientos, permisos de investigación y concesiones mineras, al mismo tiempo que se facilita el desarrollo de instalaciones mineras autorizadas, que podrán ponerse en servicio mediante declaración responsable. Asimismo, se introducen medidas para conseguir una mayor eficiencia en el control administrativo de las actividades industriales y mineras.

Por otra parte, se introducen obligaciones a los titulares de derechos mineros dirigidas a favorecer la disponibilidad de esos terrenos para futuros inversores. Con todo ello, se crean unas mejores condiciones para la atracción de inversiones, así como para la racionalización y modernización de la Administración industrial y minera.

En el apartado de universidades e investigación, la Consejería de Transformación Económica, por un lado, unifica en un solo trámite la implantación e impartición de un nuevo título universitario. De esa forma solo será necesaria una autorización administrativa y no dos, como venía exigiendo la Ley Andaluza de Universidades, para la misma finalidad. Por otro lado, la Junta flexibiliza el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, suprimiendo algunos de los requisitos exigidos a los centros tecnológicos por no resultar necesarios para el desarrollo de sus actividades.

En lo que respecta a la norma que regula la declaración de proyectos estratégicos para Andalucía, la Junta ha agilizado los criterios que rigen la elaboración de los informes preceptivos por parte de los diferentes departamentos de la Junta, permitiendo así acortar el periodo de su emisión. También se han delimitado de forma más precisa los requisitos mínimos de inversión y de empleo generado para conceder dicha declaración, buscando maximizar el impacto de estos proyectos sobre la economía andaluza. Se trata, por tanto, de mejoras que posibilitarán agilizar la valoración y declaración de las inversiones empresariales relevantes para la región.

Hasta el momento, han obtenido esa calificación, que implica el impulso preferente en la tramitación administrativa de los permisos y autorización necesarios para desarrollarlas, 10 iniciativas que movilizarán 3.400 millones y generarán 9.500 empleos.

Por su parte, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, introduce una modificación de la Ley de Vivienda Protegida para adjudicar viviendas de nuestro parque público a colectivos con necesidad urgente. Se simplifica el procedimiento para construir áreas logísticas y la tramitación para la implantación de actividades en los puertos autonómicos. Y, en materia de urbanismo, se agilizará la ejecución de los proyectos Next Generation mediante su consideración de obras de interés general no sujetas a licencia con el acuerdo municipal.