Quién fue Lucía Garrido, la víctima invisible del 'caso Telaraña' que no quisieron resolver

El 30 de abril de 2008, el cuerpo de Lucía Garrido, de 35 años, fue encontrado flotando en la piscina de la finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre (Málaga), propiedad de su exmarido, Manuel Alonso, de quien se había divorciado unos años antes. Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron a la casa, comprobaron que el cadáver presentaba, sin lugar a dudas, signos de violencia: golpes en la cabeza y un corte en el cuello. Sin embargo, estas no fueron heridas letales y el informe de la autopsia reveló más adelante que la causa de la muerte había sido por estrangulamiento. Naturalmente, ese fue el motivo por el que se descartó la hipótesis inicial del suicidio.

La finca de Los Naranjos llevaba siendo habitada por Lucía y su hija, Sara, de 11 años, desde el año 2006, cuando un juez le concedió el uso y disfrute de la vivienda tras la separación de su marido; quien, por otra parte, fue el primer sospechoso de los investigadores tras el hallazgo del cuerpo. Una sospecha que se vio rápidamente menguada en cuanto supieron que Alonso, exmarido de la víctima y padre de la menor, se encontraba a kilómetros de distancia de la escena del crimen, en Cádiz. Tenía coartada, sí, pero seguía habiendo recelo en torno a su persona.

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Agustín Rivera. Málaga

La finca malagueña era para Manuel Alonso el nido de su negocio en el que su mujer trabajaba como administrativa. Por aquel entonces, el exmarido de Garrido se encargaba de recibir y cuidar especies exóticas y en su casa residían animales de diversas razas: monos, leones, tigres y reptiles. Al ser su hogar, y el de su familia, los agentes de la Guardia Civil que encontraron el cuerpo de la mujer rehuyeron a la hermana de la misma, Rosa, para que no viera el cadáver de su hermana y que, en su lugar, esperase hasta que Alonso llegara de su viaje.

Rosa fue la primera persona en plantarse ante la finca después de haber sido alertada por una amiga, que no por las autoridades, de que su hermana estaba muerta. Aún así, tuvo que esperar por orden de los agentes hasta que llegara su excuñado, un momento que ella recordó, años después, con extrañeza: “Llegó con una sangre fría que...”. En ese momento, Alonso tuvo que justificarse ante la Guardia Civil y presentó unos tickets de compra para acreditar que había estado en la ciudad gaditana, lejos de allí. El motivo de su viaje, alegó, fueron los negocios.

Lucía presentó varias denuncias contra su marido, pero el sistema le dio la espalda

Para la hermana de la víctima todo fueron excusas, puesto que ella aseguraba, en declaraciones recogidas por este medio, que Lucía vivía con temor: "Mi hermana miraba si el coche tenía las ruedas pinchadas, como si estuviera señalada por ETA. Abría la puerta de su casa y dejaba a la niña detrás de la puerta a ver si no había ningún león. Le cortó el suministro de agua, le rompió la lavadora". Una teoría que es respaldada por la doctora Paloma Peláez, quien trató a la víctima durante unos años y asegura en el documental de RTVE sobre el caso, 'Lucía en la telaraña', que ella acudió un día de 2006 a su consulta repitiendo lo mismo: "Tengo miedo, tengo mucho miedo".

Aquel día, en aquella sala, Lucía confesó que estaba siendo maltratada y que sabía que algo malo le iba a pasar. Su hermana, por su parte, siempre sostuvo que Lucía fue víctima de un crimen machista; una aseveración que nunca fue respaldada por las autoridades ni las instituciones. De hecho, la víctima solicitó una orden de alejamiento contra su marido que fue rechazada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, al considerar que no estaba acreditada una situación real de riesgo.

Un punto de vista que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no compartía, puesto que ya en 2018 aseguraron que la víctima hizo "todo lo que se exige a cualquier víctima de violencia de género"; interpuso hasta cuatro denuncias y pidió una orden de protección que le fue denegada. Pese a ello, la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer de Andalucía retiró la imputación formal al exmarido de Garrido al haber prescrito, a su juicio, los delitos de malos tratos denunciados y la causa quedó archivada.

Pero ahí no acababa todo el embrollo judicial, ya que Garrido también denunció a su exmarido por no pagarle lo que le debía por su trabajo en el 'depósito' de animales de exóticos que era la finca y por hacer uso de todo tipo de artimañas para sacarla a ella y a su hija de esa casa que la que habían dispuesto legalmente. Además, la buena relación que tenía Alonso con algunos agentes del Seprona le otorgaba ciertos privilegios en su negocio de animales. ¿Era ese el único negocio que dirigía en la finca?

'Operación Telaraña'

Un año después del asesinato de Lucia Garrido, que permanecía sin resolver, sin teorías ni detenidos, se produjo otro crimen en la misma finca de Los Naranjos. Dos hombres colombianos murieron como consecuencia de los disparos a manos de Alonso, quien alegó que actuó en defensa propia después de que estos supuestos desconocidos accedieran al interior de su casa armados. Posteriormente, un informe de la Guardia Civil tumbó esta versión y recogió que aquellos hombres habían acudido a la vivienda para realizar un vuelco de drogas.

A raíz de estos hechos, la fiscalía del caso Garrido comenzó a trabajar en la idea de que Alonso estaba involucrado en el narcotráfico y que en su casa no solo acogía fauna. Su exmujer, Lucía, conocía estos trapicheos, entre los que estaba involucrado algún guardia civil —según el relato fiscal— y fue víctima de los intentos de sabotaje de su expareja (ratas muertas para contaminar el agua, no alimentar a los animales feroces...) que la sumieron en una profunda ansiedad por la que tuvo que ser tratada. Es decir, era una testigo que sabía demasiado y tenía mucho que contar; lo que, a ojos de la defensa de la familia Garrido, convertían a la víctima en el objetivo de Alonso.

En 2015, la entonces denominada 'operación Telaraña', pasó a manos del SAI, desde donde averiguaron que había cierta relación entre la muerte de Garrido y la de los dos colombianos. Las pesquisas, además, los guiaron hasta un agente de la zona que podría estar implicado en los turbios negocios de Alonso. Su nombre era Amador Pérez Luque y mantenía una muy buena relación con un clan de narcos que operaba en Málaga. Según las investigaciones practicadas, él ordenó el vuelco que acabó con la vida de los colombianos. Así quedó acreditado en las declaraciones de testigos protegidos y en las líneas de teléfonos pinchadas entre el exagente y los narcos.

En 2019, Alonso y otros tres hombres, entre ellos, dos guardias civiles, fueron juzgados por el asesinato de Garrido, pero quedaron absueltos. No fue hasta 2020 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) observó una serie de errores de forma en el proceso y ordenó repetir el juicio que en la actualidad sigue sin tener una fecha fijada.