Los tránsfugas del grupo de Cs amenazan el gobierno del PP en la Diputación de Málaga

“Con humildad y esfuerzo, fiel a mis principios y valores, voy a seguir trabajando para mejorar la vida de mis vecinos y de todos los malagueños desde el Ayuntamiento de Mijas y la Diputación de Málaga”. Este era el cierre de la carta con que el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Málaga, Juan Carlos Maldonado, anunciaba a través de las redes sociales que abandonaba Ciudadanos y desintegraba el grupo de este partido en la institución. Una misiva que no dista demasiado de aquellas con que se despidieron otros compañeros de siglas que se negaron a entregar su acta de concejal y en que se aludía a una pérdida de identidad tras la marcha de Albert Rivera y la nula sintonía con los dirigentes de una u otra ejecutiva. Pero el paso dado por el también concejal en Mijas trasciende la progresiva descomposición de la formación naranja y el equilibrio del ente supramunicipal y puede suponer un terremoto en la política local, cuyas sacudidas se extenderían por diferentes instituciones y consistorios.

La gran cuestión que debe decidir en estos momentos el presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, es si cesa a Maldonado y pierde su apoyo definitivamente. La aritmética lo permitiría, y ganas no faltan en las filas del PP, aunque eso implicaría una dependencia total de otro miembro de Ciudadanos caído en desgracia: Juan Cassá. Los 15 diputados populares reforzaban la mayoría absoluta que proporcionaba el voto del vicepresidente primero con el apoyo de este edil considerado tránsfuga y hacían insuficiente la suma de 16 diputados del PSOE y Adelante Andalucía.

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En el PP, son conscientes de que Juan Carlos Maldonado los tumbará si se le presenta la ocasión, pero para eso hace faltan dos variables que hagan buenos los 14 diputados de la oposición: primero, que Cassá rompa la disciplina mantenida hasta ahora y deje de votar con los populares, y segundo, que los socialistas y Adelante Málaga se traguen todo lo manifestado estos últimos años y confíen en una amnesia generalizada para ir de la mano de dos tránsfugas.

Fuentes consultadas por este periódico dejaban vislumbrar la inquietud que ha generado este movimiento del aún vicepresidente primero exponiendo una teoría rocambolesca, aunque no descartable en este contexto de débiles convicciones y compromisos: “¿Y si la oposición presenta a Maldonado como presidente en una moción de censura?”. Parece algo complicado de creer, sobre todo porque habría que convencer a Juan Cassá, que en la actualidad percibe en torno a 70.000 euros brutos anuales y que aguantó muchos reproches de su excompañero de partido. Pero el mensaje publicado en una red social en que se mostraba comprensivo con su decisión ha incrementado el nerviosismo, más aún ante la posibilidad de que ambos pasen a compartir responsabilidades en la formación independiente Por mi Pueblo. Una propuesta política con una esencia parecida a las plataformas que han surgido en la España vaciada.

La decisión de Maldonado convierte al tránsfuga Cassá en aún más indispensable para el PP

Fuentes del equipo del Gobierno supramunicipal, incluido el núcleo de trabajo del propio vicepresidente primero, mostraron su “sorpresa” ante la forma “unilateral y repentina” con que Juan Carlos Maldonado comunicó su decisión, y recalcaron su malestar por enterarse de la misma a través de las redes sociales. Aunque Salado y su equipo intentaron contactar con él a lo largo del día, se mantuvo ilocalizable y no respondió a llamadas ni mensajes.

Desde las filas del PP, se apela a que Maldonado cumpla su compromiso de mantener la estabilidad del Gobierno provincial, pero la incertidumbre es generalizada. Una emoción que se extiende por otras instituciones que, directa o indirectamente, podrían verse afectadas por este movimiento. La más importante, sin duda alguna, el Ayuntamiento de Málaga.

La distribución de la Diputación Provincial se replica prácticamente igual en el consistorio dirigido por Francisco de la Torre, que mantuvo la mayoría absoluta asegurándose el apoyo de Juan Cassá cuando dejó su partido y logrando que la otra edil de Ciudadanos, Noelia Losada, aceptara esta complicada coexistencia.

Cierto es que el concejal tránsfuga ha hecho caso omiso de las propuestas del PSOE, pero no se puede obviar que en su mano está el desalojar a uno de los alcaldes con más peso en el PP y arrebatarles la Diputación a sus socios. Las fuentes consultadas señalaron que los populares podrían contraatacar exigiendo a Juan Marín que rompa el acuerdo de gobierno de Cs con el PSOE en Mijas —donde es edil Maldonado— y que deshaga el pacto alcanzado con los socialistas en la Mancomunidad Occidental de Municipios. No obstante, reconocen que sería una derrota porque “se perderían dos piezas importantes [Diputación y Ayuntamiento de Málaga] por dos menores”.

Los esfuerzos de los populares se centrarán en 'atornillar' el compromiso de su aliado clave

En el ente supramunicipal, se agarran actualmente al recuerdo de las conversaciones mantenidas en las últimas semanas entre Maldonado y Salado, “en las que el primero le trasladó su plena disposición a seguir trabajando por el interés general de la provincia”, aunque el paso dado ha abierto todo un abanico de posibilidades. La inmensa mayoría, difíciles de asumir, pero ninguna descartable.

La marcha del más importante dirigente de Ciudadanos en la provincia de Málaga escribe otro nombre en la lista de miembros del partido que engrosaron las filas del transfuguismo. Junto a Cassá, Nicolás de Miguel, el candidato a lendakari en 2016, que dos años después acabó en Torremolinos liderando la lista del partido al ayuntamiento. De Miguel, finalmente, abandonó la formación naranja y aceptó entrar en el equipo de gobierno con el PSOE, que también se apoyó en una tránsfuga de Vox para lograr la mayoría absoluta. En noviembre de 2020, dimitía tras la sentencia del Tribunal Supremo que impide a los ediles tránsfugas asumir cargos o retribuciones.

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Y entre medias, una fuerte bronca interna por la gestión de la condena al que fuera árbitro de Primera División José Luis Parada Romero —adivinen— por acoso telefónico a Juan Cassá. Dentro de Cs había quien apostaba por que hubiese una sentencia firme para tomar decisiones disciplinarias, frente a otros que defendían su cese fulminante como gerente de la empresa municipal Málaga, Deportes y Eventos. La consulta se elevó a la dirección de Madrid, que se decantaba por aguardar, pero la dirección regional se enteró, se encolerizó y propició la expulsión.

Maldonado, al que su expartido ha pedido que entregue su acta de concejal, marcará la agenda política malagueña en las próximas horas, aunque las fuentes consultadas por este periódico señalaron que los esfuerzos del PP se centrarán principalmente en ‘atornillar’ el compromiso de Juan Cassá. Es quien realmente tiene la llave.