Las empresas andaluzas esperan 350 M de ayudas públicas de la SEPI

El 31 de diciembre finaliza el plazo dado por la UE para que España apruebe las ayudas públicas contempladas en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.

Este fondo fue aprobado por el Gobierno en julio de 2020 y está dotado inicialmente con un total de 10.000 millones de euros. Su objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del covid-19, que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

Desde su aprobación en verano del año pasado, son numerosas las empresas andaluzas, y del resto del país, que han mostrado interés en conocer las condiciones para poder acceder a estas ayudas, que en algunos casos pueden ser esenciales para poder sobrevivir tras una caída extraordinaria de la actividad debido a la pandemia. Entre esos requisitos, se encuentra ser considerada una “empresa estratégica” y demostrar su viabilidad a medio y largo plazo, presentando un plan para superar su situación de crisis que recoja la descripción del uso del apoyo público.

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El procedimiento para la tramitación del fondo abarca un riguroso y exhaustivo análisis de toda la información aportada por la empresa solicitante e incluye la realización de 'due diligence', el diseño definitivo del plan de viabilidad, la negociación de su aplicación y el acuerdo sobre el esquema de ayudas.

La primera ayuda otorgada por la SEPI en noviembre del pasado año fue el rescate de Air Europa y ascendió a un total de 475 millones, a través de un préstamo participativo por importe de 240 millones y un préstamo ordinario de 235 millones. Esta compañía es la segunda aerolínea española con mayor número de autorizaciones para volar a destinos internacionales.

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Sin embargo, el pasado mes de marzo, el Gobierno aprobó una polémica ayuda a la compañía venezolana Plus Ultra Líneas Aéreas, con solo cuatro aviones, por un total de 53 millones de euros, que se canalizan a través de un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones. La decisión llegó a los tribunales, aunque el juzgado de Instrucción 15 de Madrid desbloqueó la entrega de los fondos al no apreciar “por ahora” ningún delito y para evitar una situación de falta de liquidez a acreedores y que se cause un perjuicio a los pasajeros que han adquirido sus billetes por adelantado.

Aquello supuso un antes y un después para este fondo de la SEPI, a cuyo frente puso ese mismo mes María Jesús Montero como presidenta a una persona de su confianza, Belén Gualda, que se enfrentó a una enorme crisis reputacional de este fondo de ayudas públicas que quedaba bajo la sospecha de 'arbitrariedad' en el reparto.

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Ese hecho ha provocado un mayor control interno y que se mire con lupa cada expediente, lo que también está ralentizando la aprobación de las ayudas que las empresas demandan con urgencia. Desde aquella polémica, son varios los expedientes que ha aprobado este organismo, como los de la firma de ingeniería asturiana Duro Felguera, por 120 millones; Ávoris Corporación Empresarial, sociedad resultante de la integración de los grupos Barceló y Globalia, por un importe total de 320 millones de euros; la vasca Tubos Reunidos, por 112,8 millones de euros; Rugui Steel, por 25 millones de euros, y recientemente 241 millones de euros al Grupo Hoteles Turísticos Unidos SA (Grupo Hotusa).

Sin embargo, siguen siendo numerosas las empresas que viven pendientes de estas ayudas, en las que comienza a cundir una gran preocupación por el paso del tiempo y la cercanía del plazo final dado por Bruselas.

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En el caso de Andalucía, son cinco las empresas de capital regional pendientes de la concesión de estos fondos, aunque existen otras de carácter nacional que operan en este territorio, especialmente del sector turístico, considerado estratégico en esta comunidad.

El caso más conocido es el de la firma de ingeniería y energías renovables Abengoa. Esta multinacional sevillana reclamó en marzo ayudas públicas de este fondo de la SEPI por 249 millones de euros, el máximo permitido sin que tengan que intervenir las autoridades europeas para dar su visto bueno, lo que ralentizaría aún más el proceso.

La compañía presentó una solicitud por vía de urgencia, lo que debería haber reducido el plazo inicialmente previsto de seis meses para cada expediente a la mitad. Es decir, la decisión debería haberse producido el pasado mes de junio. Sin embargo, la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado mes de febrero, aún sigue a la espera de la confirmación oficial de la aprobación de esas ayudas, que son fundamentales para que salga adelante la operación de salvación de la empresa a través del traspaso de sus activos a su filial Abenewco 1, que será comprada por un grupo de inversores liderados por el fondo norteamericano TerraMar Capital.

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Abengoa, con más de 12.000 empleados en todo el mundo, es una empresa estratégica para la economía sevillana que vive una auténtica pesadilla, no solo por sus problemas económicos sino por el enfrentamiento vivido el último año entre sus accionistas y los acreedores. La empresa celebrará el próximo día 16 una junta general extraordinaria para aprobar las cuentas de 2019, lo que puede ser decisivo para que la SEPI dé el visto bueno a su ayuda.

De hecho, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ya cuenta con los informes de los dos asesores externos —uno jurídico y otro financiero— para garantizar la legalidad y viabilidad del rescate. En concreto, PKF y Grant Thornton ya analizan desde el verano el diseño de la operación —203 millones en créditos participativos y otros 46 en ordinarios—.

La pasada semana, la SEPI anunció la aprobación de las primeras ayudas a una empresa andaluza: la gaditana Airtificial, fruto de la unión de Carbures e Inypsa. El montante del apoyo público se eleva a 35 millones de euros, que se concederán mediante un préstamo de carácter participativo por importe de 17,34 millones y otro ordinario por importe de 16,66 millones, según ha señalado la cotizada en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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El Grupo Airtificial tenía 810 empleados en plantilla a cierre de 2019 repartidos en sus tres líneas de actividad: robótica, servicios de ingeniería y fabricación de componentes para el sector aeroespacial y de ingeniería civil. Además, está presente en 20 países.

Sin embargo, otras tres empresas andaluzas, todas del sector turístico, siguen a la espera de noticias de la SEPI. El primero de los casos es el Grupo Abades, que ha solicitado ayudas por 40 millones de euros. Esta empresa, que el próximo año cumple su 30 aniversario, facturó en 2019, el previo a la pandemia, más de 100 millones.

El grupo cuenta con presencia en casi todas las áreas de la restauración, como hoteles, restaurantes, 'catering', aeropuertos, concesiones y zonas de servicio en carreteras. En total, 1.300 empleados en 60 centros.

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Sin embargo, el cierre del sector debido a la pandemia ha afectado de manera muy importante, con una caída de ventas del 60%, en esta empresa familiar, que tiene sus orígenes en la actividad iniciada en los años cincuenta por su presidente y fundador, Francisco Martín López, el empresario que trabajó primero como camarero para abrir posteriormente su primer negocio, Bar Paco, en su localidad natal, Loja (Granada).

Otra empresa del sector turístico que ha pedido ayudas de este fondo SEPI es el grupo almeriense Senator Hotels & Resort. Esta compañía es la primera cadena de hoteles de capital andaluz y comenzó su andadura en 1967 en el pueblo de Garrucha (Almería) promovida por José María Rossell Recasens, quien junto a su hermano comenzó en el hostal Costablanca y la pensión Los Arcos.

La compañía tiene 42 establecimientos en todo el país y más de 3.000 empleados. En el año 2019, facturó 150 millones de euros, pero su facturación se redujo a un 40% de esa cifra el pasado año. Además, la pandemia pilló a la empresa tras una fuerte inversión de 243 millones para un resort de lujo en Cancún (México). El hotel, que se abrirá próximamente, tendrá 1.043 habitaciones, 20 restaurantes y 'snack bar', un centro de convenciones y un centro acuático.

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Para conseguir liquidez, el Grupo Senator vendió el pasado mes de febrero por 25 millones de euros su hotel Playaballena, situado en Costa Ballena (Cádiz), a la firma Pontegadea, del empresario gallego Amancio Ortega.

Otro tercer grupo turístico andaluz que está a la espera de la resolución de la SEPI es el malagueño Soho Boutique, que ha solicitado ayudas por 32 millones de euros. La compañía Tenedora de Valores Océano Pacífico es la propietaria de esta firma, que cuenta con cerca de una treintena de hoteles y apartahoteles en España, México y Portugal. En la provincia malagueña está presente con ocho establecimientos.

La compañía de Gonzalo Armenteros y Antonio Gordillo cuenta con 600 empleados y mantiene su objetivo de seguir creciendo en los próximos años hasta llegar a contar con 100 establecimientos.

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Tanto Soho como el resto de empresas andaluzas que han solicitado estos fondos han mostrado a El Confidencial su preocupación por el retraso en la concesión de estas ayudas de la SEPI, que consideran fundamentales para superar este enorme agujero que ha abierto en sus cuentas la pandemia. Subrayan que se trata de empresas que han demostrado su potencial y que han presentado al organismo público sus planes de viabilidad, pero que requieren de un apoyo puntual que reclaman que sea a la mayor brevedad posible.

Por su parte, desde la SEPI insisten en el esfuerzo que está realizando el personal de esta institución para abordar con la mayor celeridad posible los expedientes sin perder por ello la rigurosidad que debe mantener la concesión de ayudas públicas.

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El fondo está adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública y es gestionado por un consejo gestor a través de la SEPI. Su funcionamiento está regulado por una orden ministerial, que fija el conjunto de requisitos que deben cumplir los beneficiarios de las operaciones de apoyo público temporal.

Corresponde a la SEPI el análisis y valoración de las solicitudes presentadas, con carácter previo a la resolución por el consejo gestor del fondo, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros.