Investigan disputas vecinales como una de las hipótesis del incendio de Sierra Bermeja

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, de la mano de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) y de la Fiscalía, siguen trabajando en la reconstrucción del fuego que ha arrasado 10.000 hectáreas de alto valor ecológico en Sierra Bermeja (Málaga) y ya barajan algunas hipótesis. Una de las que han cobrado fuerza en las últimas horas es que detrás haya una disputa entre vecinos por las lindes de las fincas en la zona, aunque siguen igualmente abiertas otras líneas de trabajo, como que fuera la acción de unos narcos que trataban de hacer desaparecer una plantación de marihuana o que sea obra de un pirómano. Fuentes próximas al caso, a pesar de querer mostrarse prudentes, adelantaron a este periódico que las pesquisas están avanzadas y confían en que pronto arrojen resultados.

Después de que los primeros indicios dejasen claro que detrás del fuego estaba la mano del hombre y que el origen era intencionado, ahora avanzan en acotar los motivos y los autores de esta catástrofe medioambiental que se ha cobrado la vida de un bombero forestal del Plan Infoca. Y, según las fuentes consultadas por El Confidencial, una de las hipótesis con las que se trabaja es si el detonante pudo ser una venganza por una riña entre propietarios de terrenos.

Además, confirmaron el dato avanzado por La Sexta y destacaron que el autor o autores podrían haber utilizado algún tipo de acelerante, probablemente un líquido inflamable, como gasolina, para favorecer una rápida propagación de las llamas.

Una venganza por una riña entre propietarios de terrenos, una de las hipótesis

En julio, otro incendio calcinó 450 hectáreas de monte público en Jubrique, una de las localidades desalojadas y afectadas ahora también por este segundo fuego, de mucha más gravedad. La investigación desveló entonces que el origen supuestamente había sido una chispa procedente de una bomba de agua utilizada para regar una plantación de marihuana. Este precedente llevó a pensar que en Sierra Bermeja podría haber podido ocurrir algo parecido. Sin embargo, en esta ocasión, los agentes no han hallado resto alguno de un cultivo de cannabis, por lo que esta línea de trabajo policial —de momento— ha perdido fuelle.

Con todo, no hay nada cerrado y todas las hipótesis siguen investigándose, subrayaron fuentes próximas a la investigación, que se muestran confiadas en que las diligencias practicadas hasta el momento den pronto resultado y se pueda identificar y detener al autor o autores.

Piñas y hojarasca

Que el fuego era intencionado es algo que prácticamente desde los primeros instantes dejaron claro las autoridades. La primera fue la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, que informó de que se detectaron dos focos de origen “localizados” y “diferenciados” en los municipios de Genalguacil y Jubrique. Y recogió el testigo el propio presidente autonómico, Juanma Moreno, que incluso precisó que fueron provocados quemando “con un encendedor” una piña sobre un montón de hojarasca.

Moreno, además, criticó la “mala baba” del autor o autores porque actuaron de noche, cuando los medios aéreos de extinción no podían actuar, y mientras soplaba un viento fuerte que insuflaba vida a las llamas.

La Fiscalía General del Estado prosiguió esta línea cuando en un comunicado apuntó a que el siniestro tendría una “etiología intencional” después de que se detectasen “varios focos iniciales de forma prácticamente simultánea” y que se localizaran en posibles zonas de estacionamiento de vehículos que facilitasen la movilidad. No obstante, aclaraba que no hay “datos suficientes sobre la posible autoría”.

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Los agentes de Medio Ambiente de la BIIF han realizado diversas inspecciones oculares para “determinar las posibles áreas de inicio”, junto a otras indagaciones que persiguen determinar la “causa y motivación” del incendio. Este martes, por ejemplo, se llevó a cabo una reconstrucción de las actuaciones y observaciones del grupo de bomberos forestales que acudió a la extinción en los primeros momentos, según informó la Administración regional, que precisó que el caso sigue abierto y que “la determinación final de la causa quedará reflejada en el informe técnico-pericial”.

Lo que inicialmente parece descartado es que el incendio tuviese alguna relación con intereses urbanísticos, ya que las posibilidades de edificar en la zona son prácticamente inexistentes. Porque se trata de un espacio natural y porque, a pesar de que en 2015 se flexibilizó para acoger algunas excepciones, la normativa prohíbe desde 2006 cualquier desarrollo urbanístico y modificar la calificación de uso forestal de la superficie afectada por este tipo de sucesos durante al menos 30 años.

A pesar de ello, partidos políticos como Unidas Podemos ya han anunciado que solicitarán en el Congreso de los Diputados una modificación de la Ley de Montes para que se amplíe esta protección. El portavoz de esta formación en Andalucía y coordinador general de IU en la región, Toni Valero, apuesta por recuperar el veto a la recalificación de los terrenos incendiados, porque considera que “nadie puede enriquecerse a costa de un drama” como el ocurrido de Sierra Bermeja.

Juristas dudan de la idoneidad de aumentar la pena del delito de incendio

Moreno defiende otro cambio legislativo encaminado a endurecer las penas para los autores de fuegos forestales, que en el caso de Málaga costó la vida a un bombero mientras otros dos resultaron heridos, entre otros motivos, porque algunos han sido provocados por narcotraficantes para desviar la atención de los cuerpos de seguridad.

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A pesar de que el presidente autonómico esté dispuesto a hacer “una batalla” de este asunto, juristas y fiscales han defendido que la calificación de este tipo de delitos es razonablemente elevada, por lo que consideran que no es necesario revisarlos al alza.

Según el actual Código Penal y de confirmarse que el fuego fue intencionado, el autor se enfrentaría a penas entre 15 y 20 años de cárcel y podría ser acusado de homicidio, aunque es difícil, según los precedentes, probar que el responsable del fuego tuvo la intención de provocar el fallecimiento del bombero, por lo que suelen rebajarse las penas.