La izquierda estrecha el cerco sobre los polémicos sobresueldos a Medel

El Parlamento de Andalucía tendrá que analizar los polémicos sobresueldos supuestamente percibidos por Braulio Medel en Unicaja, y formaciones políticas como PSOE, PP y Ciudadanos deberán explicar, en un caso, por qué se desoyeron las advertencias del Banco de España y se tuvo un trato diferencial con respecto a un caso exactamente igual como fue el de Cajasur, y, en otro, por qué no han tomado cartas en el asunto desde que están al frente de la Junta de Andalucía.

Tras el silencio mantenido hasta el momento por los partidos mayoritarios, Adelante Andalucía ha presentado una batería de preguntas con las que pretende conocer el trasfondo de un asunto sobre el que se han cernido muchas dudas entre las que destaca reclamar el reintegro de esas partidas económicas y adoptar las medidas necesarias ante “las responsabilidades y consecuencias que pudieran derivarse de un comportamiento irregular”.

Se pide al nuevo Ejecutivo andaluz que emprenda acciones si es necesario

El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, centra las indagaciones en el contundente informe emitido por el Banco de España (BE) sobre las remuneraciones —presuntamente irregulares— percibidas por el presidente de Unicaja y la dejación de funciones en que pudo incurrir la Administración andaluza a la hora de fiscalizarlas.

La entidad estatal advirtió de que estos pagos, percibidos entre 2007 y 2009, eran “contrarios” a la norma con base en dictámenes previos emitidos por el Tribunal Supremo y recalcaba el incumplimiento de una serie de artículos de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía de 1999.

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Siguiendo el protocolo sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, y ante los indicios de que los hechos pudiesen ser "constitutivos de infracciones", el BE trasladó el caso a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Al menos uno de los expedientes de investigación recayó en manos de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que decidió archivarlo.

Adelante Andalucía vislumbra en su escrito un presunto trato diferencial del entonces Ejecutivo socialista hacia Medel, del que dio buena cuenta este periódico, con respecto a su proceder con Cajasur. Esta entidad, surgida de la fusión del Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de Córdoba, estaba tan estrechamente vinculada a la Iglesia católica que fue presidida por religiosos como Miguel Castillejo o Santiago Gómez Sierra, por lo que siempre ha habido serias sospechas de que en la intervención de la Junta también pesaron las motivaciones ideológicas y la estrategia política.

La Junta no aplicó el mismo criterio con Medel que con Cajasur

Después de recibir el informe de inspección del Banco de España sobre las presuntas ilegalidades en las retribuciones percibidas por Braulio Medel, la citada formación política ha solicitado datos sobre “qué actuaciones se han dispuesto” desde el Gobierno andaluz, pues los comportamientos descritos en el informe “suponen infracciones tipificadas y con propuestas de sanciones muy graves”.

Esta misma cuestión, aunque añadiendo expresamente que también se detallen las acciones no realizadas, se traslada sobre los ejecutivos que lo precedieron, en un claro movimiento para escudriñar la labor de los dirigentes socialistas que durante décadas gobernaron la comunidad.

En el documento remitido a la Mesa del Parlamento andaluz, además, se pide aclaración sobre “en qué términos se ha dirigido la Junta de Andalucía a la Fundación Unicaja respecto de lo contenido en ese informe, y quién ha respondido por parte de la misma”.

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Pero Adelante Andalucía no solo quiere información detallada de la gestión de los responsables políticos, además reclama una asunción de culpas, en el caso de que se demuestren. Por este motivo, “como ocurrió con Bankia”, insta al Gobierno andaluz a reclamar la “devolución” de estos supuestos cobros ilegales “ejerciendo las actuaciones necesarias respecto de las responsabilidades y las consecuencias que pudieran derivarse de un comportamiento irregular como determina el propio informe del Banco de España”.

Nacho Molina, diputado de esta formación, explicó a El Confidencial que es necesario que “se arroje luz” sobre la gestión que han hecho los ejecutivos socialistas de esta polémica, porque la sociedad ha asistido en los últimos años a “comportamientos dudosos y excesos” en el ámbito financiero que no han tenido el “reproche exigible”.

"Los andaluces tienen derecho a saber si ha habido un trato de favor"

El parlamentario considera que el actual Gobierno andaluz debe aclarar por qué sus predecesores no siguieron las indicaciones del Banco de España y si va a iniciar acciones para exigir las responsabilidades necesarias si se constatan las irregularidades de que alertó este ente fiscalizador.

“Hay que ser transparentes porque los andaluces tienen derecho a saber si ha habido un trato de favor y, si es así, por qué motivo y quiénes se beneficiaron”, recalca Molina, que espera que los responsables autonómicos faciliten toda la información disponible.