La depravada ruta de la ‘productora’ pedófila creada por tres conocidos

Se podría decir que eran de esos tipos con don de gentes, de los que te ganan con la amabilidad de sus buenas maneras y su fluida verborrea. Sobre todo Torcuato, que solía tomar la iniciativa a la hora de convencer a los chicos para que se prestaran a sus deseos. Conocía sus vulnerabilidades y sabía que unos cuantos euros eran oro puro para unos adolescentes cuya precariedad económica los dejaba a merced de depredadores insaciables. Luis Antonio era su habitual compañero de viaje en esas jornadas de ‘cacería’ internacionales en las que siempre portaban sus equipos fotográficos de alta resolución con los que captaban ese despreciable material que después distribuían. Hay un tercer protagonista, José Ramón, no menos importante, el gran amigo de Torcuato, con el que compartía antecedentes por delitos sexuales y que le acompañaba en sus excursiones por zonas apartadas de Valencia en las que no dudaban en engañar a niños de siete años.

Estos son los tres individuos sobre los que pivotó una de las más importantes operaciones desarrolladas en el país contra la producción y distribución de pornografía infantil y que reveló la existencia de un entramado pedófilo internacional cuyos miembros realizaban o difundían escalofriantes imágenes de pequeños vejados sexualmente. Fotografías y vídeos captados en España, Marruecos, Rumanía, Sri Lanka, Túnez, Camboya, Laos, Tailandia, Singapur, República Checa, Kenia, Francia, Java o Bali. Una auténtica ‘productora’ audiovisual para pedófilos que pagaban importantes cantidades de dinero para hacerse con este material.

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El Tribunal Supremo ha resuelto ahora los recursos que interpusieron las defensas de tres de los principales detenidos por la Unidad de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con un dictamen de la Sala de lo Penal que condena a los tres a un total que supera los 210 años por 70 delitos de captación y utilización de menores para la elaboración de material pornográfico, seis de abusos sexuales, tres de distribución y otros tres por pertenenciaa grupo criminal.

Únicamente la minuciosidad con que se describen las decenas y decenas de casos a lo largo de los 70 folios que componen la sentencia refleja la personalidad perturbadora de tres individuos que nunca veían saciados sus deseos y que este periodo estuvieron operando entre 2008 y 2016. Y recalquemos lo de este periodo porque Torcuato y José Ramón ya habían sido condenados en 1998 y 2003 en dos procesos celebrados en la Audiencia Provincial de Valencia por delitos de utilización de menores de edad con fines pornográficos, abusos sexuales y prostitución.

El fallo refleja con detalle la personalidad perturbadora de los tres individuos

El tercero en discordia, Luis Antonio, no les iba a la zaga, porque su historial recogía una condena de 32 años de cárcel emitida por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya por ocho delitos de corrupción de menores. Aunque la investigación no llegó a desvelar el origen de su 'sólida amistad' con Torcuato, no era aventurado deducir que, más allá de su pasión por la fotografía, las parafilias que compartían tenían mucho más que ver.

Valencia

Los tres condenados comenzaron a llenar de contenido su improvisada ‘productora’ pedófila moviéndose inicialmente dentro de su radio de acción: la Comunidad Valenciana. Siempre solían actuar en pareja y los agentes demostraron que los tres individuos proyectaban con meticulosidad cada una de las sesiones de foto y vídeo. Llevaban “prendas fetichistas” para que las vistieran sus víctimas y buscaban ubicaciones en las que tuviesen el convencimiento de que no serían descubiertos, como “inmuebles que eran alquilados para la ocasión, zonas despobladas y alejadas de centros urbanos”. Parte del material incautado por la UCO, según recoge la sentencia, reveló que el parque natural de La Albufera, un pantano de Castellón y unos campos de naranjos fueron tres de los escenarios elegidos.

Durante esta primera fase de actuación, en la que el protagonismo fue de Torcuato y José Ramón, fotografiaron —con la aquiescencia de determinados familiares— a cinco niños, algunos de seis y siete años, desnudos y “exhibiéndose de manera explícita”.

Proyectaban con meticulosidad cada una de las sesiones de foto y vídeo

El primero compartió parte de este material con Luis Alberto, con el que en 2009 iba a internacionalizar su depravación con viajes cuyo único objetivo era captar a menores en situación desfavorecida y que en 2009 tuvo su primer destino en Bucarest (Rumanía). Las pesquisas de los investigadores arrojaron que permanecieron allí “aproximadamente una semana y media”, tiempo en el que se pudieron documentar ocho sesiones protagonizadas por cinco chicos de unos 16 años de edad de las que conservaron no menos de 670 archivos. En algunos de ellos se veía a las víctimas desnudas sobre una cama, duchándose en pareja en una bañera, vistiendo un tanga con un estampado de leopardo o llevando una característica camiseta de tirantes de color verde que Luis Antonio llevaba en cada desplazamiento.

Con un guía y en zonas rurales

La experiencia debió resultarles excitante y lucrativa porque repitieron un año después. Aunque en esta ocasión eligieron un destino más deprimido: Marruecos. Llegaron al país el 18 de septiembre, se hicieron con un turismo Volkswagen Golf de color negro y contactaron con un guía que sería fundamental en su búsqueda de niños.

El fallo judicial destaca que, “gracias a los conocimientos del país y del idioma que tenía esta persona, los dos acusados se dedicaron a contactar con diferentes menores a los que, a cambio de pequeñas cantidades de dinero, sometían a reportajes de fotografía y vídeo”. Este fue el caso de un chico de 14 años al que “hicieron que se tumbara sobre una esterilla, le proporcionaron un teléfono móvil que proyectaba imágenes pornográficas y le grabaron y fotografiaron mientras se masturbaba”. “Acto seguido, Luis Antonio se acercó hasta donde se encontraba el menor” y le realizó tocamientos.

Permanecieron al otro lado del Estrecho hasta el 26 de septiembre, desplazándose a zonas rurales deprimidas y engañando al menos a nueve menores. No tenían ningún remordimiento ni reparo. Les daba igual que el pequeño tuviese ocho, nueve o 10 años de edad. Como si fuesen directores, los dirigían en su vomitiva creación.

En 2011, los dos condenados regresaron a este país “con idénticos propósitos”. El 15 de septiembre es la fecha en que se documenta el contacto con su primera víctima de ese viaje. Se la identificó como NUM023 y llamaba la atención porque posaba “junto a una pared de azulejos” y vistiendo las “prendas fetiche” a las que Luis Antonio siempre hacía un hueco en la maleta.

El contenido de las imágenes de las seis víctimas captadas en esta ocasión no difirió mucho de las anteriores: mismas situaciones aberrantes, distintos niños. Pero igual de atractivo para un grupo de delincuentes sexuales ávidos de nuevo material.

Viaje a la Costa del Sol

Tras regresar a la Comunidad Valenciana, donde prosiguieron aumentando su lista de víctimas, Torcuato y Luis Antonio se desplazaron a la Costa del Sol como siguiente parada de su ruta salvaje. Llegaron en febrero de 2015 y se hospedaron en un chalé, donde fotografiaron a un chico de 15 años semidesnudo sobre una cama.

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La instrucción del caso detalló que “el modo habitual de Torcuato para contactar con los chicos era entablar conversación con ellos en distintas zonas públicas del barrio, tales como parques o zonas recreativas, y ofrecerles hacer fotografías, haciendo ver a los chicos que eran para su colección privada”. “Posteriormente, ganada su confianza, les ofrecía marchar con ellos en un vehículo a otras zonas de fuera de la ciudad u otras zonas despobladas, donde, a cambio de entregas de pequeñas cantidades de dinero, que solían rondar entre los 20 y 30 euros, les hacía posar desnudos en distintas conductas sexuales para realizar diferentes reportajes fotográficos”.

La necesidad de dinero era un factor clave para vencer las reticencias de los menores, muchos de ellos provenientes de familias desestructuradas. Los agentes, por ejemplo, documentan el caso de un chico que vivía junto a su madre enferma con “escasos recursos económicos para subsistir”, por lo que se prestó a posar para el acusado para poder llevar algo de dinero a su casa. Otras víctimas de estos delincuentes eran menores que estaban en centros de acogida.

Más de tres millones de archivos

Los investigadores, como se recoge en la resolución del Tribunal Supremo, se incautaron de más de 3.000.000 de archivos con un contenido turbador en el que los abusadores llegaban a maniatar a niñas que no superaban los dos años para agredirlas sexualmente, sodomizaban con objetos a pequeños sin importarles sus llantos y lágrimas o los sometían a otras prácticas execrables como la zoofilia. Fuentes consultadas por este periódico señalaron que es uno de los casos más duros a los que se han enfrentado.

Estos delincuentes, al menos entre 2011 y 2015, emplearon una aplicación denominada Gigatribe para compartir “una ingente cantidad de archivos de vídeo y fotografía” que se descargaban después de que previamente se proporcionasen las claves de acceso.

Su captura se produjo el 4 de julio de 2016 y la sentencia conocida ahora, cuyo ponente es el magistrado Pablo Llarena, estima parte de los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía y concluye que Torcuato fue autor de 37 delitos de captación y utilización de menores para la elaboración de material pornográfico, seis de abusos sexuales, uno de distribución y otro de pertenencia a grupo criminal. A José Ramón se le imputaron cuatro cargos de la primera figura delictiva y formar parte de una organización delictiva. Mientras que Luis Antonio fue considerado culpable de 29 casos de captación, uno de distribución y de pertenecer a un entramado criminal.

Para los agentes, fue uno de los casos más duros a los que se han enfrentado

Para este y Torcuato, se ha fijado “un máximo de cumplimiento efectivo de 20 años de prisión”, aunque la suma de las penas de los tres supera los 210 años de cárcel.

Operación Ebisu

Pero la investigación abierta en torno a estos tres delincuentes sexuales no terminó ese día de 2016 en que los agentes irrumpieron en las viviendas de los entonces sospechosos. En los distintos registros efectuados, se incautaron de numeroso material informático que permitió a los especialista de la Unidad de Delitos Telemáticos de la UCO ir deshaciendo la madeja de un entramado revelado en la operación Ebisu.

Esta parte de la investigación, mencionada en la citada resolución judicial, facilitó la captura de un cuarto productor de material pedófilo que supuestamente intercambió archivos con Torcuato y que creó lo más parecido a un videoclub de material prohibido. También con antecedentes —fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona por distribución de pornografía infantil—, se trasladó desde la Ciudad Condal a la Comunidad Valenciana en el segundo trimestre de 2011, donde continuó con sus fechorías.

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Las distintas líneas de trabajo pusieron de manifiesto que este individuo “profesionalizó la elaboración y distribución” del banco de imágenes desechando el envío por mensajería y explorando las posibilidades que ofrecía internet.

Los menores que protagonizaban los vídeos solían ser árabes, de entre 11 y 16 años, y miembros de “familias de extracción humilde”, a los que convencía para que acudiesen a su casa proporcionándoles “meriendas, cigarrillos, porros y videojuegos”. Sumando su etapa de actuación en Barcelona y Valencia, este hombre captó a casi una treintena de menores.

La investigación hizo aflorar a 550 clientes de la red en el extranjero

Las pesquisas acabaron dibujando un grupo criminal para la venta de pornografía infantil y permitieron obtener información sobre al menos 54 compradores que estaban repartidos por todo el territorio nacional. A nivel internacional, se constató que la red efectuó más de 900 operaciones comerciales con más de 550 clientes de 44 países.

En esta fase operativa, también desarrollada de manera conjunta con los Mossos d’Esquadra, se realizaron un total de 25 registros en España, con un resultado final de 12 detenidos y 31 investigados. Los agentes constataron la existencia de unas 80 víctimas menores de edad, identificándose a la mayor parte de estas con nacionalidades de países del norte de África, este de Europa, Asia y España.