Una jueza obliga al Ayuntamiento de Sevilla a retirar la bandera arcoíris de una glorieta

El pasado 1 de junio, el Ayuntamiento de Sevilla izaba una bandera arcoíris en la glorieta de la Avenida de Andalucía, una de las vías más importantes de la ciudad para el tráfico. El objetivo era hacer un guiño a las personas LGTBI con motivo de la celebración del Mes del Orgullo, pero la Asociación de Abogados Cristianos decidió pedir la retirada de la bandera.

Los responsables del consistorio sevillano habían decidido colocarla en ese lugar para cumplir con la sentencia que se había dictado anteriormente en Cádiz y que determinaba que la bandera LGTBI no se podía colocar junto a otras banderas institucionales en edificios públicos. Por eso, decidieron que, en lugar de situarla en la fachada del Ayuntamiento, lo harían en esa transitada glorieta.

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Ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla ha dictado un auto para la retirada de la bandera arcoíris como medida cautelar. Como apunta Diario de Sevilla, el auto tiene fecha del 29 de junio, pero fue notificado el miércoles 30, el mismo día que la bandera se iba a retirar de la glorieta, por lo que no afecta a los planes del ayuntamiento sevillano.

Presentarán alegaciones

La magistrada recuerda la resolución de un juzgado de Cádiz que resolvió que la ley 39/1981 "no permite a las administraciones públicas utilizar más banderas que las contempladas en ella y en la forma que ordena, siempre que de un acto oficial se trate y que las simbolice". Sin embargo, aunque la medida ya no tiene recorrido por llegar el día que la bandera iba a ser retirada, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que piensa presentar alegaciones.

En su auto, la jueza apunta a la "falta de interés público en el mantenimiento del izado de una bandera no oficial, en sustitución de la bandera oficial de la comunidad autónoma, en el mástil municipal de un espacio público por parte de un ayuntamiento". Por eso, accede a las medidas cautelares que pidió la asociación de Abogados Cristianos.

El consistorio sevillano dispone de tres días para presentar sus alegaciones, que podrían estar encaminadas a poder repetir actuaciones como ésta en el futuro, a sabiendas de que la justicia no las va a tumbar posteriormente.