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Escándalo judicial en Sevilla: cuatro años de cárcel para una violación grupal
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Escándalo judicial en Sevilla: cuatro años de cárcel para una violación grupal

La fiscalía llega a un acuerdo para imponer penas mínimas a los tres acusados de drogar a dos menores de edad a las que agredieron sexualmente por turnos. Además por ser franceses les conmuta la pena por la expulsión del país

Foto: Coche patrulla de la Policía Nacional. (iStock)
Coche patrulla de la Policía Nacional. (iStock)

Fuentes judiciales apuntan a que el escándalo, que va creciendo a medida que se conocen los hechos, puede llegarle a costar el puesto al actual fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo. Todo comienza en a las 20.30 de la noche del 29 de agosto del año pasado. Tres franceses, Arthur, Sacha y Lucas, todos de 25 años, están en Sevilla de vacaciones. Deciden salir de marcha por la conocida zona de bares de la Alameda de Hércules. Mientras que beben en el bar Bambola coinciden con dos menores de edad. Una de ellas tiene 15 años, la otra 16. Hablan, se presentan y empiezan a alternar. Según la sentencia, “las incitaron a ingerir de bebidas alcohólicas con el fin de propiciar el contacto sexual con las mismas disminuyendo sus frenos inhibitorios y su capacidad volitiva”, es decir, su capacidad para controlar sus actos. En el auto de apertura de juicio oral consta además, que en esas bebidas que tomaron las chicas, los tres franceses, sin que las menores se dieran cuenta, les pusieron “Zolpidem”, un fármaco hipnótico que puede provocar amnesia de lo sucedido.

Una vez que Arthur, Sacha y Lucas comprueban que las dos menores están muy bebidas, las convencen para que les acompañen al apartamento turístico donde ellos están alojados con la excusa de seguir bebiendo. Aceptan y tras ello, cuenta la sentencia “el acusado Arthur llevó a una menor a uno de los dormitorios y mantuvo con ella una relación sexual con penetración vaginal sin que la menor pudiera ofrecer resistencia alguna debido al grado de intoxicación en la que se encontraba”. Cuando Arthur acaba de satisfacer sus instintos, sale del cuarto y entra Lucas, quien “aprovechando la situación de letargo de la menor, tuvo con ella acceso sexual, sin que la misma pudiera reaccionar ni oponerse”.

La joven no se da cuenta de que Arthur regresa, se cuela en la habitación, saca el móvil y la graba mientras Lucas le agredía sexualmente, “para a continuación”, según el auto de apertura de juicio oral, “remitir la grabación a través de la aplicación Snapchat a los otros dos investigados y a un tercer francés”. Mientras esto ocurría, Sacha, otro de los franceses se mete con otra menor en otra habitación “donde mantuvo con ella relaciones sexuales sin que la niña fuera capaz de ofrecer oposición dado el estado de semiinconsciencia en que se hallaba tras la ingesta de bebidas alcohólicas”, reza la sentencia.

Foto: La Audiencia Provincial de Baleares. (Europa Press)

Tras las agresiones sexuales, los tres jóvenes no acuden arrepentidos a confesar a una comisaría y reconocer su error. Se van al aeropuerto para coger un vuelo y salir cuanto antes de nuestro país y regresar a Francia. Pero las menores recordaron lo sucedido y denunciaron. La Policía Nacional, con extraordinaria diligencia, los detiene en el mismo aeródromo antes de que puedan escapar. Arthur, Sacha y Lucas rechazan declarar y posteriormente niegan los hechos.

Ingresan en prisión provisional el 2 de septiembre de 2020. El 16 de abril de 2021, la magistrada titular del juzgado de instrucción 15 de Sevilla, Silvia P. Soto de Delás, dicta un auto de procesamiento en el que imputaba a Arthur tres delitos contra la libertad e indemnidad sexual: se refiere a su violación de una de las menores y su coautoría (cooperación) en las dos agresiones sexuales de sus dos amigos y otro contra la intimidad y el derecho a la propia imagen por grabar un video y enviarlo a otras personas.

La condena sonroja y no aguanta la comparación con casos similares muy conocidos de nuestra historia reciente

Y aquí comienza el escándalo en que participa la acusación pública. El Ministerio Fiscal, que en teoría nos representa a todos y defiende los intereses de las víctimas pacta con la defensa y se “olvida” de hechos gravísimos, por ejemplo que a las menores las drogaron con Zolpidem. Es tal la “amnesia” que incluso les perdona el delito por grabar a la víctima mientras la agreden sexualmente y distribuir su contenido. Por este hecho ninguno recibe un reproche penal, les sale gratis. Lo ocurrido se resuelve con cuatro años de condena para dos de los franceses y tres para el tercero. El escándalo es fenomenal porque encima les conmutan las penas: no deberán cumplir ningún día de cárcel a cambio de irse de España y no regresar en diez años.

Los delitos por los que estaban acusados podrían haber alcanzado una condena de 33 años de prisión, lo más probable debido al clima de rechazo absoluto que hay en este país con tan deleznables y vergonzosos comportamientos. Pero lo cierto es que les ha salido por apenas 8 meses de prisión provisional. La condena sonroja y no aguanta la comparación con casos similares muy conocidos de nuestra historia reciente.

Foto: Coche patrulla de la Policía Nacional. (iStock)

Lo de la fiscalía se comenta en los pasillos de los juzgados de Sevilla como uno de los escándalos más bochornos de los últimos tiempos, aunque lo cierto es que se han visto salpicados por otros comportamientos cuestionables, pero también se habla y mucho de cómo la abogada de la acusación particular ha aceptado semejante despropósito. La letrada se llama Celia Pulido y es la Presidenta de Amuvi, una asociación que en teoría defiende los derechos de las víctimas y que recibió no hace mucho el reconocimiento a su labor del propio Juan Espadas. Amuvi significa Asesoramiento asistencia e información a las víctimas de violencia sexual y violencia de género. Ya se preguntan algunos en el ámbito judicial si este fue el mejor asesoramiento y la justicia que las menores y sus familias pudieron recibir.

Fuentes judiciales apuntan a que el escándalo, que va creciendo a medida que se conocen los hechos, puede llegarle a costar el puesto al actual fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo. Todo comienza en a las 20.30 de la noche del 29 de agosto del año pasado. Tres franceses, Arthur, Sacha y Lucas, todos de 25 años, están en Sevilla de vacaciones. Deciden salir de marcha por la conocida zona de bares de la Alameda de Hércules. Mientras que beben en el bar Bambola coinciden con dos menores de edad. Una de ellas tiene 15 años, la otra 16. Hablan, se presentan y empiezan a alternar. Según la sentencia, “las incitaron a ingerir de bebidas alcohólicas con el fin de propiciar el contacto sexual con las mismas disminuyendo sus frenos inhibitorios y su capacidad volitiva”, es decir, su capacidad para controlar sus actos. En el auto de apertura de juicio oral consta además, que en esas bebidas que tomaron las chicas, los tres franceses, sin que las menores se dieran cuenta, les pusieron “Zolpidem”, un fármaco hipnótico que puede provocar amnesia de lo sucedido.

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