La pena mínima de Paradas Romero: el exárbitro de Cs se sentará en el banquillo

El exárbitro profesional y actual dirigente de Ciudadanos en Málaga José Luis Paradas Romero se sentará en el banquillo el próximo 22 de septiembre acusado de un delito leve de coacciones contra su excompañero de partido, y ahora concejal del grupo de no adscritos, Juan Cassá. Un juicio en el que desemboca una investigación de la Policía Nacional que concluyó que el que fuera colegiado de Primera División realizó multitud de llamadas, desde un número oculto y a horas intempestivas, al teléfono del edil, que se negaba a entregar su acta y se convertía en tránsfuga.

Según ha podido saber El Confidencial de fuentes judiciales, la nueva fecha de la vista —inicialmente prevista para el 24 de marzo— se ha fijado después de que la Audiencia Provincial haya rechazado un recurso de la acusación particular, por el que solicitaba que los hechos fuesen calificados como un delito grave.

Los magistrados, de este modo, han respaldado las tesis de la jueza instructora, que sostenía que estamos ante una infracción leve de coacciones penada con de uno a tres meses de multa. En el caso de que hubiese estimado la petición de Cassá, la condena oscilaría entre los seis meses y los tres años de cárcel o sanción de 12 a 24 meses.

La Fiscalía, según publicó el diario 'Sur', directamente solicitó el archivo de la causa al entender que las —al menos— 41 llamadas telefónicas no supusieron “un menoscabo para la tranquilidad y la libertad” del concejal.

La víctima se había negado a entregar su acta de concejal, como exigían en Cs

El origen de estos supuestos hechos se fija después de que Cassá, en pleno proceso de descomposición de Ciudadanos tras la marcha de Albert Rivera, se negara a entregar su acta de concejal después de abandonar el partido. El edil se convertía a partir de ese momento en un factor determinante para la gobernabilidad de la capital malagueña, porque sobre él recaía la posibilidad de arrebatar la vara de mando a Francisco de la Torre y entregársela al socialista Daniel Pérez.

El regidor popular había logrado abrochar su sexto mandato después de revalidar su acuerdo de gobierno con la formación naranja y apoyarse en sus dos ediles: Noelia Losada y Juan Cassá. Pero el sorpresivo movimiento de este partió en dos la alianza y obligó a De la Torre a hacer malabares para conseguir que ambos concejales cohabitaran después de que Cassá se negara a entregar su acta, se pasara al grupo de concejales no adscritos y fuese declarado tránsfuga con el voto decisivo de su excompañera.

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En medio de este maremágnum, el edil es nombrado delegado de Relaciones Institucionales de la Diputación Provincial, acumulando de esta manera un salario bruto anual de 93.000 euros por su labor en el ayuntamiento y como diputado. Una maniobra que la oposición consideró un pago por sostener a De la Torre. También provocó la pataleta de Ciudadanos en la institución supramunicipal, pero la formación tuvo que tragarse el fichaje para seguir manteniendo su cuota de poder como socia del PP.

Una autocaravana ardiendo

Este terremoto político adquirió tintes policíacos y judiciales la mañana del 30 de julio del pasado año, cuando Juan Cassá anunciaba en sus redes sociales: “Esta madrugada han quemado mi autocaravana, aparcada junto a mi casa, con la que me voy con mi mujer y mis cinco hijos de vacaciones”.

El suceso se produjo en una calle de la urbanización Parque Clavero, adonde efectivos de la Policía Nacional y del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga se personaron pasadas las 6:00. A su llegada, las llamas habían envuelto en su totalidad el vehículo, del que, una vez sofocado el incendio, únicamente quedó el chasis.

Los especialistas del servicio de extinción, tras solicitar el apoyo de un vehículo nodriza y obtener agua extra de un hidrante que localizaron en las cercanías, se centraron en evitar que explosionara una bombona que había en el interior y en detener una fuga de gasoil procedente del vehículo.

El político interpuso una denuncia en la comisaría de El Palo en la que también solicitaba que se investigara el acoso que venía sufriendo desde que decidió dejar Ciudadanos y no entregar su acta de concejal. “Llevo tres meses recibiendo amenazas y coacciones, pero hoy han traspasado la barrera de lo tolerable. No podemos permitir estos actos mafiosos”, manifestó en un mensaje.

La investigación policial transcurrió de forma discreta y no fue hasta septiembre cuando dio resultados. Una resolución parcial con una gran sorpresa. Fuentes policiales confirmaban ese día la detención del exárbitro de Primera División José Luis Paradas Romero por un presunto delito de acoso.

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Las distintas líneas de trabajo de los agentes concluyeron que el ahora político de Ciudadanos, que ocupaba el quinto lugar en las últimas listas de este partido al Ayuntamiento de Málaga, y fue nombrado gerente de Málaga Deportes y Eventos en julio de 2019, realizó con número oculto multitud de llamadas a su antiguo compañero de filas.

A cualquier hora del día, “daba igual que fuesen las dos de la tarde o las cinco de la madrugada, y durante un largo periodo de tiempo”. El “incesante cúmulo de llamadas” provocó una situación de ansiedad y malestar en Juan Cassá y su familia, señalaron en ese momento fuentes cercanas al caso.

El excolegiado quedó en libertad con cargos tras ser detenido por la Policía Nacional

Paradas Romero, que no fue relacionado con el incendio del vehículo, quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial. Siempre defendió su inocencia y sostuvo que habían ‘hackeado’ su teléfono móvil, por lo que sopesó contratar una empresa israelí especializada en autopsias informáticas, según pudo saber este periódico.

El extrencilla ya ha regateado el principal de sus problemas jurídicos y, según confirmaron a este periódico las distintas fuentes consultadas, finalmente se sentará en el banquillo del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga por un delito leve. Su defensa deberá pelear en un juicio que también podría determinar su futuro político, ya que todo hace pensar que una condena supondría su cese. Cassá, por si acaso, ya ha recordado a Cs que mantener a un dirigente procesado va en contra de sus estatutos.