La ilegalidad de los 'machacas' de gimnasio que hacían de escoltas en la Costa del Sol

Un total de 28 personas han sido denunciadas por la Policía Nacional en Málaga por ejercer ilegalmente de escoltas para personas con un alto poder adquisitivo que por distintas circunstancias querían reforzar su seguridad. Individuos con características heterogéneas, pero entre los que destacaban dos perfiles: el vigilante que quiere trabajar al margen de una empresa habilitada y el 'machaca' de gimnasio con conocimientos en deportes de contacto y alguna experiencia previa en esta tarea.

La Comisaría Provincial de Málaga recordó este martes que para poder ejercer esta función hay que cumplir con los requisitos de habilitación y autorización exigidos por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Esta norma, entre otras cuestiones, exige que los escoltas estén contratados por una empresa de seguridad y contar con un informe favorable de la Unidad Territorial de Seguridad Privada, cuyos agentes son los que examinan las peticiones.

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Las distintas intervenciones que han llevado a detectar a estos 28 escoltas ilegales han permitido constatar que sus clientes solían ser “empresarios con alto poder adquisitivo, mayoritariamente extranjeros desplazados a la Costa del Sol, que por razones profesionales o personales se sienten amenazados”. Los servicios que habitualmente contrataban eran el acompañamiento y protección durante sus traslados y viajes, así como la vigilancia de los miembros de su familia.

Estos empleados de seguridad, por su parte, presentaban características muy diversas, aunque en ocasiones no podían escapar del cliché del tipo musculoso de gimnasio, que practica artes marciales y que ya tiene alguna experiencia previa como seguridad en algún bar o discoteca. “Estos suelen ser individuos sin ningún tipo de habilitación que simplemente reúnen las condiciones que el contratante considera óptimas para su protección”, según explicaron fuentes consultadas por El Confidencial.

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Junto a esta imagen más convencional, y hasta peliculera, se encuentra la del vigilante de seguridad tradicional, con conocimientos en la materia, que probablemente ha estado habilitado para ejercerla, pero que prefiere “trabajar fuera del control de una empresa”.

Doble mecanismo de control

La Comisaría Provincial recordó que la legislación española establece que los servicios de escolta privada deben ser previamente autorizados de manera individual por la Dirección General de la Policía, debiendo ser prestados, en todo caso, por compañías legalmente inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada. Los profesionales que desempeñan esta labor, a su vez, también tienen que estar habilitados como escoltas privados en el citado cuerpo de seguridad. “Es una forma de garantizar una formación mínima” y un nivel de profesionalidad, añadieron las citadas fuentes.

Los implicados se pueden enfrentar a sanciones de entre 6.001 y 100.000 euros

España cuenta con una de las normativas más estrictas en este ámbito, y lo demuestra que este tipo de hechos descritos puede suponer una infracción muy grave, enfrentándose los implicados a duras sanciones económicas: “Desde 6.001 a 30.000 euros, para el personal que lleva a cabo la actividad de forma irregular; y de 20.001 a 100.000, para los usuarios que los contratan”.

“La lucha contra el intrusismo profesional en el ámbito de la seguridad privada es uno de los objetivos estratégicos de la Policía Nacional, en su calidad de autoridad nacional de control para este sector”. Por esta circunstancia, además de las denuncias presentadas en el presente año, se han elevado 13 propuestas de sanción por actividades relacionadas con el intrusismo, manteniendo abiertas otras investigaciones por presuntas labores intrusas en la provincia.

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Los casos de los escoltas ilegales detectados en Málaga, irremediablemente, recuerdan la polémica surgida en torno a los individuos que hacían labores de seguridad para el exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias. Como adelantó en exclusiva este periódico, el que fuera líder de Unidas Podemos contaba con un grupo de individuos que prestaban servicios de seguridad sin licencia para ello. Dos fueron detenidos por agredir a agentes en un mitin de Vox en Vallecas.

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