La suspensión de la vacuna AstraZeneca deja vendidos a muchos trabajadores esenciales

"Nos sentimos abandonados porque no sabemos nada. En el ‘briefing’ nos miramos unos a otros sin saber cuándo nos va a tocar". Quien pronuncia estas palabras es un policía local que trabaja en un municipio de la Costa del Sol y que lamenta que desde la medianoche de este domingo se enfrentará a 'pecho descubierto' a un levantamiento del estado de alarma que conllevará una gran afluencia de personas en las calles. Porque, al igual que muchos otros trabajadores considerados esenciales, aún está pendiente de recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid después de que el Gobierno central paralizase el uso de las creadas por AstraZeneca. Una decisión que algunas comunidades autónomas critican, por lo que han solicitado que se levante esta restricción para poder dar salida al ‘stock’ acumulado.

José Óscar Camacho, secretario general de la Confederación de Seguridad Local y Autonómica (CSLA), es uno de esos policías que no ha podido completar la pauta de vacunación y que aún no sabe cuándo va a recibir la segunda dosis. “A mí me administraron la primera el mismo día que el Gobierno anunciaba –horas después– que prohibía la vacunación con AstraZeneca”, explica, para relatar que la mitad de la plantilla de la Policía Local de Marbella, a la que pertenece, espera desde hace un mes que se le aplique la primera pauta de inmunización.

Hay que recordar que el pasado 7 abril, el Gobierno y las comunidades autónomas, acordaron suspender la administración de esta vacuna a menores de 60 años después de que la Organización Mundial de la Salud (OMD) detectase posibles relaciones con los casos de trombos residuales que se detectaron en algunos pacientes. Decisión que se adoptó después de que la Agencia Europea del Medicamento reiterase que los beneficios de AstraZeneca eran mucho mayores que sus posibles efectos secundarios.

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Esta medida ha dejado en el limbo a un gran número de trabajadores de servicios esenciales, como policías, personal del ámbito educativo –desde profesores hasta monitores o trabajadores de mantenimiento– o trabajadores sociales, que desconocen el momento en el que van a recibir la primera o la segunda dosis. Y lo que es más llamativo, está siendo el germen de desigualdades territoriales que pueden influir en la expansión del virus y mermar actividades básicas tras el levantamiento del estado de alarma.

La inmensa mayoría de los efectivos de la Policía Local de Madrid están inmunizados, mientras que la totalidad de sus compañeros de Estepona aún esperan la primera dosis. Esto ha motivado que los sindicatos y el grupo municipal del PSOE hayan presentado escritos en el ayuntamiento pidiendo información sobre el proceso, a pesar de que se les ha reiterado que la administración local no tiene competencias sanitarias y que la única función que le requirieron fue enviar al Área Sanitaria Costa del Sol un listado con todos los empleados que formaban parte de los grupos prioritarios.

Este documento fue remitido hace tiempo y fuentes de la Consejería de Salud y Familias han explicado que no se ha podido continuar con la vacunación por la decisión adoptada por el Ejecutivo central. “Hemos pedido poder reactivar la vacunación de estos colectivos, pero continuaremos recibiendo una negativa”, vaticinaban este viernes, prácticamente coincidiendo con una intervención del presidente andaluz, Juanma Moreno, en la que ha instado a Pedro Sánchez a tomar "una decisión rápida" respecto a las más de 150.000 vacunas de AstraZeneca que están “estancadas” en Andalucía. Si no lo hace, ha advertido, será su administración la que decida.

"¿Vamos a tener que hacer ruido?"

Mientras tanto, los trabajadores afectados reiteran la sensación de abandono que tienen. “A diario trabajamos con compañeros de otros cuerpos que ya están inmunizados”, comenta uno de los agentes consultados, que muestra su incomprensión. “¿Vamos a tener que hacer ruido como los compañeros de Cataluña?”, se preguntó.

Camacho afirma que “el político se ha desentendido” de sus responsabilidades y “va a pasar como en junio, cuando nos dijeron que se había vencido al virus”. Este resalta que, cuando se paralizó la vacunación en la Policía Local de Marbella, “había 100 compañeros que iban a ser vacunados con la primera dosis un día después que ahora no tienen ni idea de cuándo les va a tocar”.

“A algunos se les ha informado de que puede que sea en junio, pero no les han precisado”, señala, para lamentar que algunos policías, los más veteranos, han sido vacunados pero por “entrar en los cupos de edad”.

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El representante sindical recalca que estos agentes, al igual que otros colectivos profesionales que se encuentran en el mismo limbo, a día de hoy, “están expuestos al contagio”, lo que provocaría “una pérdida de efectivos que podría mermar las plantillas” y limitar las tareas de control durante este periodo crucial. Por ejemplo, precisa, “ya se ha planificado un refuerzo para la zona de Puerto Banús” que habría que desactivar si los policías tienen que seguir realizando cuarentenas en el momento en el que entren en contacto con un positivo.

Sobre la decisión de levantar el estado de alarma, y descargar la responsabilidad de las medidas autonómicas en los tribunales, José Óscar Camacho advierte sobre un posible –e importante– cambio en la calificación de los comportamientos irregulares. “Si el propietario de un establecimiento o un ciudadano de a pie incumple alguna de las restricciones aprobadas por un magistrado, ¿lo que antes era una sanción administrativa pasa a ser un delito de desobediencia a la autoridad judicial? ¿Debemos llevarnos detenida a esa persona?”, se cuestiona, para concluir que “los jueces no son legisladores, están para aplicar la ley”.