Las primarias, un dolor de cabeza para Vox 7 meses después: a los tribunales en Granada
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SE CELEBRARON EN SEPTIEMBRE

Las primarias, un dolor de cabeza para Vox 7 meses después: a los tribunales en Granada

Las elecciones internas para renovar las cúpulas del partido a nivel provincial el pasado septiembre fueron turbulentas para la formación. Siete meses después, siguen coleando

placeholder Foto: El presidente de Vox, Santiago Abascal (d). (EFE)
El presidente de Vox, Santiago Abascal (d). (EFE)

El pasado mes de septiembre Vox acordó la celebración de primarias en 19 provincias, aquellas en las que contaban con más de 500 afiliados al corriente de pago. En 12 de ellas solo dieron por válida una candidatura, entre ellas la de Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid, y en otras siete hubo una votación, de las que tuvieron que anular y repetir tres. Se denunciaron "irregularidades" en varios casos. Entre las 12 plazas en las que se proclamó la victoria al solo contar con un aspirante se encontraba Granada. Entonces los órganos de Vox desecharon una lista al considerar que no todos sus avales eran válidos. Algunos de los integrantes de esa candidatura cargaron contra el partido y optaron por armar una demanda que ahora ha sido admitida a trámite.

Los problemas en las primarias de Vox no se circunscriben ni mucho menos a Granada. En Alicante, Jaén y Málaga se anularon los comicios "tras haber constatado la existencia infracciones de normas internas que han enturbiado el proceso electoral", según relataron entonces desde el propio partido. En la Costa del Sol, se dio la única sorpresa con la victoria del exlegionario Enrique de Vivero. Este acabó dimitiendo en noviembre ante una ola de "ataques personales" y al percibir que tenía "diferencias irreconciliables" con sus compañeros en Málaga. Ahora, una gestora con la diputada Patricia Rueda a los mandos se ocupa de la dirección provincial.

Foto: Imagen de archivo de Santiago Abascal. (EFE)

En el escrito admitido el pasado lunes en Granada, en el Juzgado de Primera Instancia número 6, se reclama a la formación una indemnización de 120.000 euros en una demanda por la vía civil en la que se relata cómo, según la versión de los denunciantes, se habrían cercenado sus derechos y se habrían incumplido los reglamentos internos de Vox para dejarles fuera de la carrera por la dirección provincial, que finalmente recayó sobre el que ya era antes su presidente, Manuel Martín.

La demanda fue presentada el pasado 26 de octubre en representación de la candidatura que fue excluida y que lideraba Ignacio Pozo, según recoge la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial y confirman fuentes del despacho MLegal, que gestiona la defensa. Los demandantes siguen siendo afiliados. En el texto presentado ante el juzgado claman contra el proceso interno del partido por lo que consideran incumplimientos flagrantes de la Ley Orgánica de Derecho a la Asociación. Entre otros puntos, señalan que no hubo una "notificación expresa por parte del Comité Ejecutivo Nacional del acuerdo de inicio del proceso electoral a los afiliados" y que por ello los afiliados no pudieron "ejercer el derecho de impugnación previsto". Argumentan que se vulneró el derecho de sufragio pasivo o de ser elegible por los afiliados.

Desde el partido, fuentes consultadas por este medio aseguran que aún no han recibido ninguna notificación al respecto.

Anulación de avales

Entienden los demandantes que los comicios orgánicos de Vox estuvieron viciados desde un primer momento. En concreto, apuntan a la participación de Marta Castro, vicesecretaria de asuntos jurídicos, que fue encargada de nombrar a los miembros del Comité Electoral y se nombró a sí misma como vocal en este órgano. "Actuando como juez y parte, sin que se haya notificado a los afiliados de forma fehaciente su inhibición", recoge el documento, en el que también se enfatiza en otro elemento que consideran clave: la anulación de avales, que les hizo pasar de 88 a 73, quedando por debajo de los 78 exigidos.

La candidatura de Pozo enfatiza que les fueron eliminados 15 avales por no cumplir con los requisitos necesarios y que cuando reclamaron los detalles de esta anulación, desde el órgano competente de la formación se limitaron a decirles que era imposible darles una copia de estos datos por el sistema digital con el que llevaban a cabo el proceso. "La anulación por el CEL de los quince avales carece de toda coherencia, ya que, en teoría, el sistema informático a través del cual se realizó el proceso no permitía avalar si el afiliado no cumplía todos los requisitos", relata la defensa.

Foto: La candidata de Vox, Monasterio, y el presidente del partido, Abascal. (EFE)

Así, solicitan que se declare "la nulidad de pleno derecho de la convocatoria" de primarias en la provincia, de la resolución sobre la proclamación de las candidaturas válidamente presentadas, de la notificación sobre la información del número de avales o la proclamación de los resultados de las primarias por ser las únicas candidaturas presentadas, entre otros elementos del proceso.

En la documentación a la que ha tenido acceso este medio, los militantes de Vox denuncian prácticas que, a su parecer, violan los reglamentos internos por utilizar el apoyo de cargos electos y recursos en beneficio de la candidatura vencedora. Esto también se denunció en las primarias de otras provincias. El equipo de Pozo transmitió el 9 de septiembre al partido estos comportamientos, en los que se estaba empleando el supuesto respaldo de Macarena Olona, diputada por esta circunscripción. Dos días después, siempre según la denuncia, el CEL emitió una notificación "urgente y de máxima importancia" pidiendo orden y que se abandonaran estas prácticas en todas las elecciones. También, que se abstuvieran de descalificaciones entre candidatos. Si no se cumplían, podría acarrear la expulsión. El día 12 volvieron a dirigirse el órgano para denunciar que había cargos públicos de la formación secundando al otro candidato y presidente provincial, Martín. Pero este, concejal en Salobreña, acabó siendo elegido.

Por el momento, han solicitado la suspensión del proceso granadino al completo como medida cautelar y están a la espera de que se fije una fecha para abordar esta petición.

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