El pacto fiscal con Vox blinda el Gobierno andaluz de PP y Cs hasta 2022
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SE ALEJA EL ADELANTO ELECTORAL

El pacto fiscal con Vox blinda el Gobierno andaluz de PP y Cs hasta 2022

Andalucía promete para cuatro millones de andaluces un ahorro fiscal de 329 millones de euros. Cs recibió orden de Madrid de no escenificar el acuerdo junto a Vox por la coincidencia con el 4-M

placeholder Foto: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), acompañado de los consejeros de Salud, Jesús Aguirre (i), y de Presidencia, Elías Bendodo. (EFE)
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), acompañado de los consejeros de Salud, Jesús Aguirre (i), y de Presidencia, Elías Bendodo. (EFE)

El Gobierno andaluz de PP y Cs, de la mano de Vox en el Parlamento, ha impulsado una reforma fiscal que conllevará la bajada de todos los impuestos cedidos en manos de la Junta (IRPF, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, patrimonio y tasas del juego). El pacto se ejecutará en dos tiempos, pero la carrera ya ha empezado: un decreto ley del Gobierno aprobó este martes beneficios fiscales inmediatos en la compra de viviendas.

En paralelo, una proposición de ley de PP y Vox y otra de PP y Cs se tramitarán en el Parlamento andaluz para ejecutar la mayor parte de ese pacto a la baja en materia impositiva. Se estima que esté aprobado a final de año, en siete u ocho meses, aseguraron desde el Gobierno andaluz. La dirección nacional de Cs ordenó que no hubiera foto conjunta con Vox en plena campaña electoral de Madrid, según aseguraron fuentes del Ejecutivo autonómico.

Las tensiones y acusaciones mutuas entre los dos socios del PP en Andalucía marcaron el acuerdo entre bambalinas y también su puesta en escena. Vox trató de arrinconar a Cs y se arrogó todo el mérito de esta reforma fiscal. Desde el partido de coalición en la Junta, Juan Marín se limitó a agradecer a Vox el apoyo a una iniciativa impulsada por el Gobierno. El PP asistió como espectador a los desencuentros. Tras el acuerdo de investidura, todos los actores señalan que este es el pacto más ambicioso suscrito hasta ahora en Andalucía, incluyendo los tres presupuestos aprobados.

Foto: El presidente andaluz, Juanma Moreno, del PP, y el vicepresidente, Juan Marín (izq), de Ciudadanos. (EFE)

Eso implica, admiten los dos partidos en la Junta, que el adelanto electoral está prácticamente descartado hasta 2022. No tendría ningún sentido, confirman, no aprobar una de las principales promesas con que los dos partidos concurrieron a las elecciones andaluzas, la de la bajada masiva de impuestos. Más cuando la mayoría parlamentaria que necesitan para sacarla adelante está garantizada con Vox, al que han hecho partícipe de las negociaciones y que impulsa una de las iniciativas en la Cámara andaluza junto al PP. Los roces de Vox y Cs no hacen peligrar el acuerdo, admiten las dos partes.

Un impacto de 329 millones

La reforma fiscal en marcha tendrá un impacto en las arcas públicas de 329 millones de euros y beneficiará a cuatro millones de andaluces. “No podrán decir que hay cuatro millones de ricos en Andalucía”, comentó el consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), que acompañó al vicepresidente, Juan Marín (Cs), al presentarla en rueda de prensa. Desde el Gobierno, aseguran que se trata de reactivar la economía y "ayudar en lo peor de la crisis por la pandemia a las clases medias". “Mientras que el Ejecutivo de España va a contramano, Andalucía se apunta a la bajada de impuestos de Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos o Italia. Hasta Portugal, con un Gobierno socialista, ve la bajada de impuestos como el camino a seguir en estos momentos. "No es una cuestión de ideología, sino de sentido común", defendió Bendodo.

Andalucía admite que va al choque de trenes con la armonización del ministerio

El Ejecutivo andaluz admitió que su reforma fiscal va al choque de trenes con la armonización lanzada por el Ministerio de Hacienda, que precisamente propone una revisión del impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, y transmisiones patrimoniales para fijar tipos mínimos que eviten distorsiones entre las comunidades autónomas. La advertencia del Gobierno autonómico fue que tratarán de mitigar por todas las vías cada reforma que emprenda el Ejecutivo de Pedro Sánchez. También negaron que Andalucía pueda permitirse emprender esta revisión fiscal gracias a que la comunidad haya recibido más dinero que nunca desde el Estado por el covid. “Esa afirmación demuestra un profundo desconocimiento de la realidad”, deslizó Marín (Cs).

En el Gobierno andaluz, no creen que esta merma de ingresos vía tributaria detraiga recursos para financiar los servicios públicos en Andalucía. Se aferran a la tesis de que la bajada de impuestos reactivará la economía y permitirá recaudar más. En la primera rebaja fiscal en Andalucía, 2019, el impacto fue de 223 millones de euros, pero la recaudación final de ese ejercicio subió “casi 600 millones”, según datos de la Administración autonómica.

Desde hoy en vigor

Este miércoles, entrará en vigor el decreto ley aprobado por el Gobierno y que rebaja el tipo general del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD). Se reduce el tipo de gravamen general aplicable a la transmisión de inmuebles y a la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto los de garantía, pasando de los tipos actuales del 8%, 9% y 10% a un único tipo general del 7%. De igual modo, se reduce el tipo de gravamen general para los documentos notariales (actos jurídicos documentados) del 1,5% al 1,2%.

En el supuesto de una transmisión de un inmueble valorado en 180.000 euros entre dos particulares, con la normativa actual se pagaba una cuota tributaria de 14.400 euros. A partir de ahora, serán 12.600 euros tras aplicar un tipo general del 7%. En el caso de una transmisión entre particulares de una plaza de garaje por valor de 24.000 euros, hasta ahora la cuota tributaria a pagar era de 1.920 euros (tipo del 8%), si bien, con el nuevo tipo del 7%, la cuota resultante es de 1.680 euros, con lo que el ahorro se sitúa en 240 euros.

El Gobierno fija como objetivos “impulsar la reactivación del sector inmobiliario, a través de un abaratamiento de la tributación vinculada a la adquisición de viviendas de segunda mano; de otro, incentivar la oferta de obra nueva a precios más asequibles, mediante la reducción de los costes fiscales gravados por la modalidad de AJD. En definitiva, el propósito último es aliviar la carga fiscal en el acceso a la vivienda”.

A partir de 2022

La segunda reforma fiscal de la legislatura, la que se tramitará en el Parlamento, reconoce una pérdida recaudatoria de 31 millones de euros en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que estima se compensará con un aumento del número de contribuyentes. De todos los tributos reformados la mayor repercusión se dejará notar, según la 'Memoria económica' difundida, en actos jurídicos documentados, cuyo alcance es de 254 millones de euros para 275.000 beneficiarios.

La ejecución de esta reforma fiscal se acometerá con una reforma de la Ley de Tributos Cedidos mediante una proposición de ley que da el protagonismo a los grupos parlamentarios, de la que existe una versión doble después de que hayan registrado la misma iniciativa PP y Cs por un lado y PP y Vox por otro.

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