La Policía desarticula una red que nacionalizó a más 3.000 marroquíes con datos falsos

La Policía Nacional ha detenido a 18 personas, incluidas dos trabajadoras de un despacho de abogados, por sostener una red dedicada a cobrar a más de 3.000 marroquíes hasta 12.000 euros por regularizar su situación en España utilizando documentación falsificada para aparentar su origen saharahui.

Según ha informado en un comunicado este cuerpo armado, la operación policial ha permitido detener a 18 personas por su participación en una red delictiva que habría regularizado a más de 2.000 marroquíes solo en la provincia de Granada. Para ofrecerles la nacionalidad de manera delictiva, esta red falsificaba la documentación necesaria para aparentar que eran nativos o descendiente de la antigua colonia española del Sáhara Occidental, lo que les ofrecía residencia o la nacionalidad española.

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EFE

La red ahora desmantelada habría iniciado su andadura en Granada en 2017 procedente de Jaén y tenía como sede principal de las operaciones un despacho de abogados que ya había sido investigado con anterioridad por hechos similares y que dirigía una abogada de nacionalidad española detenida junto a una de sus empleadas. En la red participaban también un importante número de ciudadanos marroquíes vinculados a la organización como traductores o como beneficiarios de la nacionalidad o permisos de residencia que gestionaba el despacho, responsable de tramitar el 80% de los permisos de residencia irregulares.

La red aprovechaba los beneficios otorgados a los nativos o descendientes de la población que habitó en las dos provincias del Sáhara Occidental entre 1958 y 1976, a quienes se les ha otorgado la nacionalidad española de pleno derecho.

Este beneficio a los saharauis es por ley extensivo a sus descendientes, que también pueden lograr la residencia e incluso la nacionalidad de una forma más rápida y ventajosa. Para dar más apariencia de saharaui a quienes solicitaban un permiso de residencia o la nacionalidad, la red aportaba un justificante de percibir una pensión del Ministerio de Defensa, como miembro o integrante del Ejército español durante la época colonial.

Este beneficio a los saharauis es extensivo a sus descendientes, que pueden así lograr la residencia o la nacionalidad

Este hecho ha permitido destapar además el cobro fraudulento de pensiones de este tipo por parte de falsos militares, sus viudas o hijos, cuya cuantía se sitúa en torno a 600 euros mensuales, beneficiarios que también habrían usado documentos falsificados.

La organización criminal cobraba a sus representados entre 4.000 y 12.000 euros por el trámite de una autorización de residencia o la nacionalidad que sirvió para regularizar desde 2015, a más de 3.000 marroquíes. Los detenidos, que ya han pasado a disposición judicial, habían actuado también con otras provincias como Oviedo, Badajoz, Cáceres, Murcia, Sevilla, Córdoba y Almería.