Cae una red que simulaba falsa violencia de género a cambio de permisos de residencia

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas como presuntos autores de los delitos continuados de denuncia falsa y simulación de delito, así como otro supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La operación se ha llevado a cabo en las localidades de Vícar, Roquetas de Mar, El Ejido y Adra, en la provincia de Almería, en el marco de la operación "Sin Flow".

Durante el operativo, en el que se ha practicado un registro en el domicilio de uno de los detenidos, se ha intervenido abundante documentación que están analizando los investigadores. Además de los 22 detenidos también hay otras 23 personas que han quedado con la condición de investigados.

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Europa Press

La Guardia Civil inició la investigación en el año 2019, al detectarse por parte de los agentes de la Comandancia de Almería un incremento significativo en las denuncias por violencia de género en la zona del poniente almeriense desde el último trimestre de 2018. Esas denuncias presentaban elementos y patrones comunes y comenzó a sospecharse que podía tratarse de hechos falsos.

Un patrón común detectado

Los numerosos casos que conformaban el aumento de denuncias citado tenían el siguiente patrón común:

1. La víctima era una mujer extranjera con situación administrativa irregular en España.
2. El agresor era español, la mayoría con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y actas-denuncia por tenencia y consumo de drogas.
3. Había un desconocimiento mutuo entre la pareja sentimental. Es decir, solo sabían del otro su nombre y su número de teléfono, pero no sabían dónde vivían, a qué se dedicaban, gustos, aficiones o si tenían familia.
4. El autor y la víctima siempre decían ser novios, asegurando que no eran matrimonio no había convivencia. Y su relación siempre era de entre cuatro y seis meses de duración.
5. Muchos de los supuestos agresores no residían ni tenían ninguna vinculación con la provincia de Almería. Además, muchos de ellos procedían de la misma localidad de la provincia de Albacete, Hellín, mientras varias de las víctimas residían en la localidad de Las Norias.

Los agentes de la Guardia Civil notaron que la mayoría de los casos seguían un patrón común en el modo en el que se cometía la agresión. Siempre se producía en un lugar público, con testigos, en horario de afluencia de personas, normalmente durante la tarde, bien en plena vía pública o en el interior de un establecimiento de hostelería.

La localización de las lesiones siempre era similar: lesiones leves, hematoma pequeño y algún arañazo, generalmente en ambos brazos. Los testigos llamaban a la Guardia Civil y, a la llegada de los agentes, el autor siempre reconocía la agresión, de forma expresa y sin dudar. Incluso era el propio agresor quien llamaba la atención de los agentes informando que ha pegado a su pareja.

Tal y como explica la Benemérita a través de un comunicado, esta red ahora desarticulada contaba con una estructura sólida en el poniente almeriense. En ese lugar captaban a las mujeres, que eran las que pagaban el dinero con el que después se sufragaban todos los gastos y pagos. A esa misma zona trasladaban a los hombres que iban a ejercer de maltratadores, muchos de ellos procedente de Albacete.

Las mujeres pagaban 4.500 euros a cambio de conseguir el permiso de residencia legal

La red aprovechaba que las mujeres se encontraban en situación administrativa irregular en España y les ofrecían la obtención del permiso de residencia legal por circunstancias excepcionales a cambio de 4500 euros. Además, también les aseguraban que tendrían acceso a las ayudas económicas oficiales establecidas para estas víctimas.

Por su parte, los varones involucrados en las denuncias, todos ellos con múltiples antecedentes policiales y consumidores de sustancias estupefacientes, recibían una suma de dinero de entre 1.500 y 2.000 euros por prestarse a esta situación y facilitar el que fueran detenidos. El resto del dinero que aportaban las mujeres era para la red organizadora.