El Parlamento andaluz avala la 'traición' como arma de los partidos contra los díscolos

La reforma del reglamento del Parlamento andaluz pasó este pleno su primer trámite y se debatirá en comisión antes de ser aprobada, en cuestión de semanas. De momento, los partidos no han defendido públicamente por qué cambiar con tantas prisas y a las bravas las reglas del juego para dotar de más poder a los aparatos de los partidos frente a sus diputados. Todo se ha hecho en la Mesa del Parlamento, a puerta cerrada, sin debate público.

Un informe de los letrados del Parlamento pone en cuestión uno de los puntos fundamentales de esta reforma y propone “una revisión detenida” de la propuesta para mejorarla, concretarla y precisar su redacción. Al señalar la “inseguridad jurídica” de esta reforma, pone también en cuestión el mecanismo utilizado para expulsar a Teresa Rodríguez y otros ocho diputados de Adelante Andalucía. Una expulsión, en la génesis de este lío, que los afectados han recurrido ante el Constitucional, al considerar que se les aplicó la consideración de tránsfugas cuando no lo eran.

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Pese a esa advertencia de los servicios jurídicos de la Cámara, PSOE, PP, Cs y Adelante Andalucía (IU y Podemos) votaron el pasado miércoles a favor de tramitar la reforma. Vox se abstuvo y 10 diputados (nueve no adscritos y una diputada que permanece en Adelante, pero está en las posiciones de Teresa Rodríguez) votaron en contra. La exlíder de Podemos protagonizó un tenso cruce de reproches con la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), que le negó que pudiera ni siquiera tomar la palabra.

El pacto antitransfuguismo

El cambio de las reglas de juego en la Cámara autonómica calca milimétricamente lo que los partidos pactaron en Madrid dentro de la revisión del pacto antitransfuguismo. Un acuerdo que fue impulsado por IU y Podemos, de la mano del PSOE, y con mucho interés de Cs, que teme las fugas en sus filas, para “arreglar lo del sur”, es decir,, para echar a Teresa Rodríguez en un momento de guerra civil dentro de la izquierda.

Ya en ese debate del pacto antitransfuguismo hubo partidos que alertaron de que se dotaba a los aparatos de los partidos de un poder absoluto, con capacidad para expulsar al discrepante o al díscolo de un grupo parlamentario solo con pedirlo y sin más garantías. En eso pone el foco la letrada del Parlamento que ha enmendado la propuesta. Señala la “inseguridad jurídica” que supone que no haya un elemento objetivo para expulsar a un diputado, sino que “se conecte con la traición”. “Concepto difícilmente aprensible y con un componente altamente subjetivo”, advierte el informe de los servicios jurídicos. “Dependerá de los sentimientos o de otros componentes psicológicos de quien lo aprecie”, agrega.

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Este, el de que los partidos puedan decidir expulsar a un diputado solo con pedirlo y sin más garantías, es uno de los asuntos más controvertidos. El otro va de dinero, de asignaciones parlamentarias. La reforma blinda que los grupos parlamentarios reciban sus recursos en función de la representación obtenida en las urnas y no según sus diputados, como hasta ahora. El caso práctico es claro. Tras la expulsión de los afines a Teresa Rodríguez, en Adelante Andalucía se quedan ocho diputados. Por los 17 escaños, este grupo recibía en asignaciones para gastos de funcionamiento (nóminas aparte) un total de 1,7 millones de euros anuales. Esa asignación se ha recortado (con ocho diputados menos) a 784.000 euros.

El grupo ha pedido que no se haga efectivo este recorte, pero la presidencia del Parlamento no ha estimado esa solicitud. Una vez que se reforme el reglamento, sí recuperarán su asignación millonaria. Alegan que necesitan ese dinero para cubrir indemnizaciones por los despidos en el grupo parlamentario de los asesores y personal contratado por la anterior dirigente. Este jueves, hubo una concentración a favor de los despedidos “de forma irregular”.

Qué hay detrás

Las razones de IU y Podemos para consumar vía exprés la reforma del reglamento son más que evidentes. El PSOE ya fue de la mano de estos partidos en Madrid y también puede tener intereses políticos. Sin Teresa Rodríguez al mando, cualquier posibilidad de pacto o alianza se acerca.

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El papel de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, de Cs, es más difícil de entender. Fuentes del Parlamento admiten que no es nada habitual que la presidencia maniobre sin el visto bueno de los letrados. El papel de Cs ha sido cambiante. En un principio, se abstuvo sobre la expulsión de Teresa Rodríguez, y Juan Marín consideró que no era un caso de transfuguismo. Una llamada y una orden expresa de la dirección de Inés Arrimadas dejaron claro que había que cerrar filas con lo que se había firmado en Madrid en el pacto antitransfuguismo. Desde entonces, Cs, en concreto la presidenta del Parlamento, ha sido más papista que el Papa. Se mezcla la guerra interna en las filas naranjas y el temor a parecer, precisamente, una díscola.

Vox no está participando y se mantiene al margen tras señalar “dudas jurídicas”. Y eso que ellos también han perdido a una diputada, ahora no adscrita y de Falange, y podría beneficiarles económicamente la reforma. El PP sí que se mantiene sin fisuras a favor de tramitar esa reforma. Incluso se intentó por lectura única, pero hacía falta unanimidad y Vox lo impidió. Fuentes del PP explican que hay que adaptar las reglas de juego a las normas actuales. Es cierto que ya cada partido tiene unos estatutos y una comisión de garantías que respalda, por ejemplo, apartar a un diputado en supuestos que ya están tasados. Por ejemplo, los estatutos de los principales partidos entienden que una imputación o la apertura de juicio oral es motivo fulminante para dar de baja o apartar a un diputado. Hay comisiones de derechos y garantías dentro de los partidos que, supuestamente, velan por que no haya abusos. Sin embargo, admiten que no es suficiente en los tiempos actuales, en que el listón de la ética se ha puesto mucho más alto.

El caso de BlaBlaCar

Dos diputados en el Parlamento andaluz han dimitido esta legislatura por cobrar dietas para viajar al Parlamento desde sus provincias y hacer uso de la plataforma BlablaCar. No hay ningún delito, pero sí un problema de ética, se consideró entonces. 'A posteriori', tanto en Cs como en Adelante Andalucía reconocieron que quizá fue una decisión demasiado dura o incluso injusta y aludieron a la presión de los medios de comunicación. “Imagina que ahora mismo sale un diputado en una fiesta sin mascarilla, el desgaste de las siglas sería enorme, los medios nos acribillarían. En este contexto, hay que tener instrumentos que permitan una expulsión inmediata. El informe de los letrados está hecho desde una perspectiva estrictamente jurídica, pero la política va más allá”, insisten responsables que defienden esa reforma del reglamento. El problema está en dónde se pone la línea para evitar “cacicadas”, admiten quienes avalan las nuevas reglas. Cada partido deberá de tener una normativa interna que tase los casos y las medidas a seguir. La ley de partidos impone comisiones de derechos y garantías, agregan. Normalmente, siempre fallan a favor del aparato, cabría añadir.

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Luchar contra el transfuguismo no ha sido fácil para los partidos políticos. Tradicionalmente, ha planteado serias dudas cómo acabar con un mal que debilita la política. La creación del diputado no adscrito, que permitiría echar al diputado sin desproveerlo de su acta, pero sí de la representación de un partido, ha sido la solución hasta ahora. A los partidos les parece insuficiente. El informe de los servicios jurídicos del Parlamento alerta de que poner limitaciones al estatus del representante político tiene que observar proporcionalidad en la diferencia de trato. Hay que poner límites, advierten, que garanticen el pluralismo político o el papel de las minorías, el principio representativo del diputado. Si no, como señala Teresa Rodríguez, el Parlamento podría quedar convertido “en un cortijo” donde mandan los señoritos. El precedente que se abre es importante. El pacto antitransfuguismo ordena que se trasladen estas nuevas reglas de juego a todas las cámaras.