Anticorrupción sitúa a Montero y Planas en el préstamo a Isofotón bajo la lupa judicial
Los ministros participaron en 2012 en la reunión que aprobó un préstamo de ocho millones de euros a la fotovoltaica, como consejeros de Salud y Bienestar Social y de Agricultura y Pesca
La jueza que instruye el caso Isofotón, que investiga las ayudas públicas recibidas por la empresa fotovoltaica, ha requerido a la Junta de Andalucía el acta de la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que autorizó un préstamo de ocho millones de euros. Dicha acta, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que en esa reunión, celebrada el 3 de julio de 2012, se sentaron María Jesús Montero y Luis Planas, hoy ministros de Hacienda y Agricultura y Pesca respectivamente.
Montero participó en esa Comisión Delegada para Asuntos Económicos como consejera de Salud y Bienestar Social mientras que Planas lo hizo como consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Así consta en el acta que incluye entre los acuerdos adoptados “dos operaciones con cargo al Fondo de Desarrollo Empresarial, a favor de Fradir Inversiones SL y de Isofotón SA, conforme a las condiciones aprobadas en los consejos de administración de ambos fondos”.
Otro miembro del Consejo de Ministros también se ve salpicada por la instrucción de Isofotón. La actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue fichada por Isofotón en septiembre de 2012 y despedida en mayo de 2013. Era la directora de proyectos internacionales. La empresa iniciaba entonces su fabricación en Estados Unidos y firmaba una alianza estratégica con Samsung que finalmente no fructificó.
Un acta de 2012
Junto a estos dos ministros participaron en esa reunión otros cinco consejeros (Economía, Fomento y Vivienda, Cultura y Deporte, Educación, Turismo y Comercio) y el secretario general de Economía. Dos de los titulares de las carteras (Turismo y Vivienda) eran de IU porque en Andalucía en esos momentos había un gobierno de coalición.
La jueza requiere el acta, en una providencia notificada el 9 de febrero, tras requerirlo Anticorrupción el día 5, según la documentación a la que ha accedido este periódico y que fue adelantada por ‘El Mundo’ y ‘ABC’. En su informe, la Fiscalía Anticorrupción relata el recorrido para la concesión de un préstamo a Isofotón por parte de Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SAU) con fecha de agosto de 2012 por importe de 8,3 millones de euros a través de la Agencia IDEA.
En el contrato de ese préstamo, bajo lupa judicial, constan “declaraciones y garantías” por parte de Isofotón para lograr esa financiación que Anticorrupción pone en duda que respondieran a la situación real de la empresa dedicada a las energías renovables. Entre esas condiciones está que la empresa debía mantener en todo momento una plantilla de 702 trabajadores, recoge el escrito de la Fiscalía. El escrito subraya que para el acuerdo firmado por la agencia IDEA, con conformidad de las consejerías de Hacienda y Economía, “se realizó la verificación del cumplimiento de Isofotón de los requisitos establecidos” para poder acceder a ese préstamo, que se ratificó en esa Comisión Delegada del pasado julio de 2012.
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señala que Isofotón era una empresa que estaba “en situación de crisis” y que, aunque no había recibido otras ayudas o subvenciones en los dos últimos años, su endeudamiento 29,8 millones de euros estaba entonces "avalado por la Junta casi al 100%". Duda además el ministerio público del plan de negocios presentado por la empresa y firmado por la auditora PwC. Los datos de este plan “no están verificados de ningún modo y todo se basa en declaraciones de intenciones”, recoge el escrito.
“A pesar de todo ello, y cuando menos con negligencia grave rayana en la intención, se propone sin embargo un resultado apto debido a la importancia estratégica de la empresa”, recoge la Fiscalía, que insiste en la “poca fiabilidad” de los datos aportados por Isofotón. Tras la tramitación en la Agencia IDEA, era la Comisión Delegada la que debe autorizar el préstamo y no el Consejo de Gobierno, al tener una cuantía inferior a los 12 millones de euros.
Más actas del Gobierno
Ya el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que indaga los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la empresa Isofotón, declarada en concurso de acreedores, había solicitado a la Consejería de Presidencia las actas de las sesiones del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía celebradas entre 2005 y 2015 que incluyan acuerdos sobre los citados avales. En la causa hay 37 imputados, con más de una decena de ex altos cargos socialistas, exconsejeros y exviceconsejeros, además de exdirectivos de IDEA, que en la mayoría de los casos también se vieron involucrados en el caso ERE.
Se investiga si se contó con las autorizaciones y trámites preceptivos en la concesión de fondos públicos que el auto judicial eleva a 80 millones de euros entre 2005 y 2012 para la sociedad Isofotón y otras de las que fue accionista. La fotovoltaica recibió directamente 37,3 millones a través de la Agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación y que libró los pagos de los ERE, así como de Soprea, Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía
Según el juzgado instructor, Idea concedió diversos avales a Isofotón, cuando la situación financiera de la misma era "absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución", pues en 2010 las participaciones sociales de la entidad fueron enajenadas en favor del Grupo Affirma (80%) y Top Tec (20%), "por un precio simbólico de un euro", lo que no impidió que la empresa cosechase "cuantiosas ayudas con cargo al erario público".
La causa se reactiva ahora, pero se remonta a 2015, cuando la jueza Mercedes Alaya recibió una denuncia del comité de empresa, que alertaba de los importantes fondos públicos recibidos por Isofotón y que no habían evitado el cierre de la empresa malagueña.
"No éramos paracaidistas"
Ángel Luis Serrano, el que fue empresario de Isofotón, declaró ante la jueza, acusado de malversación y prevaricación, además de falsedad en documento público. "No éramos paracaidistas que viniéramos por ayudas de la Junta", apuntó el empresario, "no era una trama empresarial", para subrayar en varias ocasiones que "no conocía a nadie en el PSOE ni en el Gobierno andaluz". "No tenía amigos en esos círculos", dijo sobre los gobiernos de José Antonio Griñán y Susana Díaz, ambos al frente durante la etapa en la que se concedieron las ayudas.
También desvistió de cualquier tinte político la llegada de la actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que fue fichada por Isofotón en septiembre de 2012 y despedida en mayo de 2013. "Entró por una compañía de 'headhunters' [cazatalentos], no recuerdo ahora cuál. Se le contrató como una profesional especialista en medio ambiente y energías renovales y cuando llegó el momento se le despidió igual que el resto de la plantilla", declaró.
La jueza que instruye el caso Isofotón, que investiga las ayudas públicas recibidas por la empresa fotovoltaica, ha requerido a la Junta de Andalucía el acta de la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que autorizó un préstamo de ocho millones de euros. Dicha acta, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que en esa reunión, celebrada el 3 de julio de 2012, se sentaron María Jesús Montero y Luis Planas, hoy ministros de Hacienda y Agricultura y Pesca respectivamente.