La Fiscalía reclama a la Junta los vacunados en Huelva tras una denuncia

La Fiscalía Provincial de Huelva ha abierto un expediente gubernativo y ha pedido a la Delegación de Salud de Huelva un informe con los datos de las personas vacunadas en esta provincia. El origen es la denuncia de una abogada onubense, que se dirigió al ministerio público en una demanda presentada el pasado 25 de enero, pidiendo una investigación ante las irregularidades denunciadas en redes sociales y medios de comunicación sobre incumplimientos en el protocolo de vacunación en Huelva. Reclama la lista de vacunados hasta el pasado 21 de enero.

“Soy una abogada humilde, me encanta el derecho administrativo, y como muchos otros ciudadanos me revolvía cada vez que escuchaba que uno y otro se habían saltado el protocolo de vacunación”, explica la letrada a este periódico, pidiendo preservar su anonimato. “No podía dejar de pensar en mi madre, que con 82 años está deseando ponerse la vacuna para poder besar a mis hijos”, narra alguien que se declara harta de que toda la indignación ciudadana quede en corrillo de bar o comentarios entre vecinos sobre el tópico de la picaresca española. “Me duele”, insiste al explicar qué ha motivado su demanda. Su padre falleció en julio, explica, y era “un gran luchador”. “Él no hubiera querido que nos quedáramos de brazos cruzados”, señala la abogada, que admite estar sobrepasada por la gran atención mediática que ha generado su escrito.

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No es para menos. Según informó la Fiscalía Provincial de Huelva a EFE, esta demanda ha motivado que, por primera vez, la Junta de Andalucía tenga que dar explicaciones sobre el proceso de vacunación y las personas que han recibido ya las dosis para la inmunidad. Desde la Consejería de Salud, insisten en que se están “cumpliendo los protocolos establecidos por la estrategia de vacunación frente al covid en Andalucía” y aseguran que, “en caso de que se produzca alguna petición de información, como no podía ser de otra manera, la Junta facilitará y colaborará con la Fiscalía en todo aquello que requiera”.

La denuncia dirigida a la Fiscalía onubense, avanzada por ‘ABC’, se interpone en representación de su madre. El escrito no denuncia ningún caso concreto con nombres y apellidos, sino que pide que se requiera el listado de personas vacunadas para garantizar que todas entran en los grupos diana fijados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

El escrito señala que ha tenido conocimiento de que “por parte del Servicio Andaluz de Salud —Delegación Provincial de Huelva—, se han puesto vacunas frente al covid-19 sin seguir el procedimiento legalmente establecido y sin cumplir rigurosamente la instrucción (...) como es exigible a la Administración por razones legales y morales, sin priorizar a las personas en los grupos de población 1 y 2”, referidos a residencias de ancianos y sanitarios en primera línea de lucha contra el coronavirus.

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Recuerda la demanda que la orden es vacunar a esos grupos prioritarios y que si hubiera dosis sobrantes, hay que seguir con los grupos 3 y 4, sanitarios que no están en primera línea y grandes dependientes. Considera que es “lamentable, insolidario y mezquino” que se haya vacunado a personas fuera de estos grupos. “Basta leer la prensa o entrar en las redes sociales para conocer los nombres y apellidos, y esta parte no puede iniciar una caza de brujas”, abunda el escrito, que ha obligado a la Fiscalía a mover ficha.

Según apunta esta abogada, es fácil conocer si hay personas fraudulentamente vacunadas porque existe un listado oficial de quiénes han recibido las vacunas. Consta, añade, en la aplicación informática Diraya del SAS. Reclama “iniciar las actuaciones investigadoras que sean precisas y que la sociedad necesita para recobrar la fe en los servicios públicos y en las instituciones en un momento tan difícil como el que se está viviendo”.

Esa “distribución fraudulenta” podría haber perjudicado a su madre, de 82 años y minusválida, que sigue esperando su turno “en un ejercicio singular de prudencia y paciencia sin precedentes”.

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Sanidad diseñó un sistema por el que las comunidades autónomas, una vez iniciada la campaña de vacunación, deben comunicar diariamente la evolución de la administración, los datos personales de las personas vacunadas y el grupo de riesgo al que pertenecen. Es la información que la Fiscalía ha solicitado a la Junta. Recuerda la demandante que “cualquier alteración de esos datos, además de un delito de prevaricación, puede constituir otro de falsedad documental”.

En Huelva, la Delegación de Salud defendió la vacunación del equipo directivo del Hospital de Riotinto, alegando que se había producido en una segunda fase y tras administrarse las dosis al personal en primera línea. El PSOE pidió el cese urgente del gerente de ese hospital. También hace dos semanas, dimitió la edil de Salud del Ayuntamiento de Bonares, del PSOE, tras conocerse que había recibido la vacuna sin corresponderle.