Así trató el juez Serrano de "limpiar" su historial tras despegar su carrera en Vox

Este 2020 fue el año en el que la carrera política de Francisco Serrano, candidato de Vox en Andalucía en 2015 y 2018, se disolvió como un azucarillo. El pasado julio se apartó de las filas del partido de Santiago Abascal cuando una investigación policial y una querella de la Fiscalía cercaban al hombre que azuzó en Vox el discurso contra “la ideología de género”, “los chiringuitos” feministas, las “paguitas” y las denuncias falsas por violencia de género.

Tres ingredientes, “chiringuitos”, “paguitas” y “denuncias falsas”, que se cruzan en el expediente que le llevarán el próximo 8 de febrero a sentarse ante un juez como investigado en un presunto fraude de subvención pública. A Serrano, el hombre que llevó a Vox al Parlamento andaluz con 12 escaños en las últimas elecciones autonómicas de diciembre de 2018, se le acusa de haber participado en un engaño para obtener una ayuda del Ministerio de Industria de 2,48 millones de euros con los que supuestamente iba a montar una fábrica de pellet para biomasa en la localidad onubense de Niebla.

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Se obtuvo esa financiación acreditando que la empresa solicitante, Bio Wood Niebla, tenía un capital social de 1.245.000 millones de euros: 7.000 euros en efectivo y maquinaria valorada en 1.238.00 millones. Sin embargo, la investigación policial deja muy claro en su primer informe que esa maquinaria “no existe”. Se presentaron unas facturas proforma para justificar una compra de maquinaria que nunca llegó a efectuarse. También se señalan irregularidades en el suelo donde supuestamente iba a ubicarse la fábrica y cuyo uso se adjudica antes de que el Ayuntamiento lo autorizase.

Un ‘chiringuito’ a la luz de la investigación policial. El dinero ha desaparecido. El caso fue destapado por 'Infolibre'. El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que ejerce como acusación popular en la causa, ha pedido el embargo de todos los bienes del exdiputado andaluz.

Una trama de empresas

Los atestados de la UDEF de la Policía Nacional, unas 150 páginas a las que ha tenido acceso este periódico, señalan un entramado de empresas de difícil explicación tejido por Francisco Serrano y dos socios, Enrique Pelegrín y Javier López. Serrano, que declinó responder a las cuestiones planteadas por El Confidencial, dice ser víctima de un engaño tejido por sus socios. La Policía no cree en ningún momento esta versión.

Es más, la Unidad de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción traza una cronología con la que trata de dar sentido a los hechos que descubre y en los que se cruzan los hitos de la carrera de Serrano como juez, como empresario y como líder de Vox en Andalucía.

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En noviembre de 2019, cuando el entonces diputado y presidente del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, tiene constancia de que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre el destino de la ayuda de 2,4 millones reclamada por el Ministerio de Industria, dirige un escrito al Ministerio Público. Serrano no pudo ser llamado a declarar porque en esos momentos es aforado.

En ese escrito, con el que trata de defender su inocencia, se adjunta una denuncia que Serrano había formulado en junio de 2018 contra su socio y una declaración del mismo, Enrique Pelegrín, en la que “exime de todo tipo de responsabilidad” al juez y a sus colaboradores. Asegura que no participó en la administración y disposición de los fondos Reindus otorgados por el Ministerio de Industria.

En ese momento, Serrano, a seis meses de conquistar con Vox el Parlamento andaluz, estaba convencido de que esa coartada le libraría de una querella de la Fiscalía. Se equivocó. La Policía no da crédito a esa denuncia y subraya en sus atestados que se produjo más de un año después de que la ayuda pública se esfumara. Tampoco creen que Serrano no supiera que se aportó documentación falsa para obtener ese crédito, como él alega, porque su firma figura en todos los papeles aportados. “Hay hasta cuatro actos elevados a público, ante el mismo notario, en los que Francisco Serrano manifiesta que la sociedad de su propiedad es dueña legítima de una maquinaria industrial inexistente”.

Exonerado de culpa

Serrano cedió todo a su socio por 35.000 euros y una declaración del mismo exonerándolo de culpa. La UDEF asegura que “la denuncia y el pacto de venta anterior pretenden tan solo despejar posibles problemas derivados del fraude cometido de forma consciente”. “Problemas” que podrían hacer naufragar, como finalmente ha ocurrido, su carrera política. “Una vez obtuvo la rehabilitación en la carrera judicial y se abría camino la posibilidad de obtener un cargo político, necesitó desvincularse de los negocios fraudulentos en los que participó mientras estaba inhabilitado en la carrera judicial y antes de iniciar su carrera política”, concluye uno de los atestados.

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El seguimiento al que fue líder de Vox en Andalucía arranca en 2011. Ese año es condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a dos años de inhabilitación. Lo acusaron de prevaricar, en una sentencia sobre la custodia de un menor, a favor del padre. Las asociaciones de mujeres, esas contra las que luego libraría una dura batalla política, lo ponen contra las cuerdas.

El Supremo elevó la condena contra el que fuera juez de familia a diez años, ocurrió en julio de 2012. Esto supone el fin de su carrera como magistrado pero no como abogado. Serrano montó entonces Serrano Abogados de Familia SLP, que posteriormente pasaría a llamarse Proyectos e Inversiones Serralba. Estas empresas supuestamente están en el entramado por el que circularon distintas cantidades que finalmente agotaron la ayuda pública que lo sentará a él, de nuevo, ante un juez.

Tras ser candidato en 2015

Es justo después de presentarse a sus primeras autonómicas en marzo de 2015, en las que Vox no obtuvo representación, cuando Serrano adquiere a través de Serrano Abogados de Familia el 60% del capital social de Bio Wood, con la que se logra la ayuda pública. En enero de 2016, ya con Serrano como líder de Vox en Andalucía, se ejecuta esa presunta ampliación falsa de capital para obtener el crédito del ministerio. Como representante de esa sociedad justifica la compra de una maquinaria “teniendo pleno conocimiento de que no existe”, según los atestados. Todos los expedientes llevan la firma electrónica de Serrano, e incluso su firma manuscrita indica la cuenta bancaria en la que debe ingresarse el dinero.

En marzo de 2017 el Consejo General del Poder Judicial rechazó la inhabilitación de Serrano. En junio de ese año, siguen registrándose movimientos en las participaciones empresariales del juez. Es en octubre de 2017 cuando Serrano decide transmitirle todas sus participaciones a su socio “a cambio de una declaración exonerándolo de toda culpa”. Empezaba a preparar el terreno para relanzar su carrera política.

En noviembre de 2017 el Supremo rehabilitó a Serrano como juez tras cumplir su condena por prevaricación y en marzo de 2018 volvió a la carrera judicial y obtuvo plaza en el juzgado de familia de Barcelona. Solo dos meses más tarde, en mayo, pediría su excedencia voluntaria y en junio presentó esa denuncia, que la Policía cataloga como falsa, en contra de sus socios en Bio Wood. Pese a señalar una presunta trama extremeña de la estafa cometida con la fábrica de pellet, “despacha estos asuntos en apenas un párrafo, faltando a la verdad respecto a su implicación en el proyecto”. En diciembre de 2018, como candidato de Vox, Serrano obtuvo 12 diputados en el Parlamento de Andalucía y los votos de su grupo político serían claves para formalizar el Gobierno del cambio en la comunidad.

En noviembre de 2017 el Supremo rehabilitó a Serrano como juez tras cumplir su condena por prevaricación

Serrano, juez condenado por prevaricación y rehabilitado en su cargo, desarrolló en paralelo una oscura carrera empresarial con varias terminales. Se movieron los 2,4 millones de euros, según los atestados de la UDEF, obtenidos de forma supuestamente fraudulenta entre diversas sociedades con el juez como nexo de unión: Bio Wood Niebla, Proyectos e Inversiones Serralba –antes Serrano Abogados de Familia–, Pellex Energía, Overhouse Construcciones y XYZ Comunicaciones SL, al frente de un periódico digital que le ayudó en el despegue de su carrera política.

El que fue líder de Vox dejó su escaño el pasado septiembre, cuando el juez Miquel Pasquau, desde el TSJA, lo llamó a declarar como investigado. Fue el mismo Pasquau quien en 2011 lo había procesado por prevaricación en el caso de custodia y que le costó una condena. Dejó el escaño en el tiempo de descuento para su declaración, a pesar de que se había amarrado al escaño para continuar como aforado y se había convertido en no adscrito tras ser expulsado de Vox. Al perder el aforamiento, su caso volvió a la justicia ordinaria y deberá prestar declaración el próximo febrero.

Eso será ya 2021. Atrás quedará ese 2020, que supuso el ocaso de un juez que lideró a Vox en Andalucía y llevó el partido a conquistar una victoria inesperada en las urnas. El político que persiguió a las “turbas feministas” y sus “paguitas”, el mismo que tiene pendiente una indemnización de medio millón de euros del Estado por su inhabilitación como juez luego suspendida, deberá responder ahora ante la justicia. Debe aclarar el destino de esos dos millones de euros que nunca se devolvieron a las arcas públicas. La Policía informa que se montó todo un entramado ‘fantasma’ para obtener de forma ilícita ese dinero.