Así se 'tumbó' el PGOU de Torremolinos: todas las claves de una guerra comercial

Ahora mismo todo está en el aire en el proyecto del mayor centro de ocio de Andalucía… e incluso de España, según se promociona. Hay disputa con unos terrenos y en juego figuran varias sociedades con intereses en la zona. El urbanismo de Torremolinos está pendiente de un hilo e inmerso en un embrollo judicial de futuro más que incierto.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha 'tumbado', como mínimo de modo provisional, el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del municipio turístico, en vigor desde enero de 2020. El motivo de la discordia son los terrenos sobre los que la multinacional británica Intu (ahora mismo en concurso de acreedores) prevé una inversión de 600 millones. Tendrá una afluencia de 20 millones de vehículos al año en un área de 600.000 metros cuadrados y se estima la creación de 4.500 empleos.

TE PUEDE INTERESAR

El tráfico deja en el aire el mayor centro comercial andaluz y sus 4.500 empleos

Agustín Rivera. Málaga

Salsa Inmobiliaria (Sociedad Azucarera Larios) interpuso una demanda contra el Ayuntamiento de Torremolinos "motivada por un interés legítimo". Se defienden del supuesto "perjuicio que ocasionan los últimos cambios introducidos en el PGOU, fundamentalmente en el ámbito de los accesos. "Durante dos años hemos presentado alternativas viables sin que el Ayuntamiento haya informado, contestado, ni atendido", subrayan fuentes oficiales de Salsa.

La suspensión cautelar del PGOU viene motivada "por un defecto grave en la tramitación, la ausencia de la Evaluación Ambiental Estratégica, motivo por el que Tribunal Supremo ha anulado reiteradamente diversos planes generales, creando doctrina", según indica a este diario la Sociedad Azucarera Larios, que añade: "A nuestro criterio el plan tiene un problema de fondo que se resolverá en los próximos años cuando haya sentencia". La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Torremolinos han recurrido la decisión.

"Han forzado el uso de la norma"

Galerías de Centros Comerciales, socimi liderada por el empresario Tomás Olivo, y la sociedad mercantil Arrou SL también han presentado demandas judiciales, según confirma a El Confidencial María Isabel Tocón, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torremolinos. "Han intentado una estrategia procesal jugando a dos barajas planteando la misma demanda de manera textual. Es abusivo porque han forzado el uso de la norma".

Considera el equipo de Gobierno municipal que existe una guerra comercial, que tanto Salsa como un representante de Galerías de Centros Comerciales consultado por este periódico niegan que exista. Ginés Ros, su director financiero, rechaza que el proyecto de Intu sea competencia del centro comercial que tienen en La Cañada (Marbella). Entre ambos terrenos hay 47 kilómetros. Además, añade Ros sobre el PGOU: "Cuando un plan necesita cuatro informes y tiene solo tres, no puede nacer. Todo requiere su trámite", indica a este diario.

TE PUEDE INTERESAR

Intu pide auxilio a la CEOE tras otro revés de Compromís a su megacentro de ocio

Víctor Romero. Valencia

Salsa cuenta con 111.198 metros cuadrados de suelo, calificados como comercial, y situados junto a los terrenos del futuro centro de ocio. Salsa se queja de no contemplarse un acceso directo a su futuro emplazamiento en la zona, como sí cuenta ya Intu tras una intensa negociación con la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Tocón resalta las "graves implicaciones económicas, sociales y medioambientales" que supone este parón del proyecto. El Ayuntamiento de Torremolinos considera que la aplicación del anterior PGOU (que data de 1996) resulta más lesivo para la defensa del medio ambiente que el aprobado por la Junta de Andalucía.

El planeamiento urbanístico es similar al desarrollado en Zaragoza. Se promociona como el primer 'smart city' de Europa

El planeamiento urbanístico es similar al que Intu ha desarrollado en Puerto Venecia de Zaragoza. El complejo, que se promociona como el primer 'smart city' de Europa, prevé un tranvía interno, una conexión con el centro de Torremolinos mediante un tren eléctrico, un circo estable y un espacio de reciclaje del agua para no gastar recursos en el riego de las zonas verdes.

La fundamentación utilizada por la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA interpreta que el documento de revisión del PGOU no había sido objeto de Evaluación Ambiental, dado que considera que las instrucciones elaboradas por los servicios de medio ambiente no se adecuan a las leyes medioambientales en vigor.

Recurso al Supremo

En la sentencia n.º 432/2018, de 27 de febrero del mismo año, se estimó la legalidad de la evaluación ambiental de dicho documento de revisión que había sido impugnado en la fase de aprobación provisional. "Sobre la misma Evaluación Ambiental Estratégica existen dos resoluciones contradictorias dictadas por el mismo Tribunal, en una se admite adecuado a derecho el documento ambiental y en otra se suspende la entrada en vigor del PGOU por considerar que el mismo documento podría no cumplir con la normativa urbanística. ¿Por qué antes —en 2018— y no ahora —2020— el mismo documento cumple con la legalidad en 2018 y no lo hace en 2020 cuando la legislación ambiental es la misma en ambos años?", se preguntan fuentes jurídicas próximas al caso.

El Ayuntamiento de Torremolinos espera que se levante la suspensión cautelar en un plazo de un par de meses, pero nadie duda de que alguna de las partes recurrirá la sentencia del TSJA al Tribunal Supremo en el caso de que no sea favorable para sus intereses.

"Si al final ocurre esto, se van a 'cargar' el PGOU de Torremolinos porque, aunque Intu aguante todo ese tiempo con el interés en el proyecto, el ayuntamiento tardaría menos en tramitar un nuevo Plan General que en seguir con este porque tendría que esperar entre tres años o cuatro años", insisten estas mismas fuentes jurídicas.