Vox reta a Moreno tras el giro de Casado: pide que se apruebe el pin parental y castigar a okupas

El Gobierno andaluz aprobó ayer su proyecto de ley de Presupuestos y lo remitió al Parlamento andaluz. Son las terceras cuentas que presenta el Ejecutivo de PP y Cs en Andalucía y están marcadas por el covid. Las dos anteriores salieron adelante con el voto de Vox, que se hizo de rogar y tensó la cuerda durante días antes de dar el sí.

El Presupuesto de 2021, afectado de lleno por la pandemia, alcanza los 40.188 millones de euros, un 3,7% más que el vigente. Andalucía se endeuda un 2,2% de su PIB y destina ese dinero extra principalmente a sanidad, educación y políticas sociales. Unas cuentas ante las que el PSOE ya se ha puesto enfrente, por considerar que son más de lo mismo, un ejercicio de continuidad cuando una crisis mundial exige algo extraordinario, sostienen. El Gobierno de Juanma Moreno tiene a Vox como socio preferente y ahora ya sabemos que seguramente único aliado posible, porque los partidos de izquierda no piensan darle oxígeno.

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El presidente Moreno, que lleva a gala ser uno de los rostros moderados del PP y está entre los barones que pedían a Pablo Casado una vuelta al centro del partido, va a convertirse en el primero en pagar el discurso que hizo el líder de su partido en la moción de censura de Vox. Los golpes de Casado a Santiago Abascal, marcando un espacio propio para el PP al margen de la extrema derecha que tanto le habían pedido sus principales barones, los va a encajar Moreno si nada cambia de aquí a dos semanas. Ya lo decía Cayetana Álvarez de Toledo, que acusaba a Moreno de pedir centro mientras pactaba con Vox.

El debate a la totalidad de los Presupuestos andaluces se prevé el 18 de noviembre. El PP siempre ha defendido que Vox no tiene alternativa y que derribar el Gobierno del cambio en Andalucía sería dar paso de nuevo al PSOE que gobernó 36 años esta tierra. Vox viene a decir que puede no dejarlo caer pero sí hacerle la vida imposible. Ayer, durante la sesión parlamentaria, 'el tercer socio' en Andalucía pidió eliminar el Defensor del Pueblo, le reclamó al PP "que se aleje del suicido político de Casado y no asuma el discurso de la extrema izquierda sobre el cambio climático" y acusó al presidente andaluz de querer "arruinar" a los andaluces por "pedir al Gobierno socialcomunista un confinamiento generalizado que solo traerá ruina y miseria".

Un calendario urgente

Vox ya dejó ver su estrategia y su monumental cabreo tras ese debate en el Congreso. Anunció que suspendía las negociaciones del Presupuesto andaluz. Sobre la mesa del consejero de Hacienda, Juan Bravo, habían puesto condiciones que, de momento, el Gobierno de PP y Cs ven inasumibles. No hay nada nuevo ni que se salga del guion del partido de Abascal. Más bien, Vox ha metido todas sus banderas ideológicas, todas sus señas de identidad en un documento y, como novedad, le ha puesto fecha, con tintes de acta notarial.

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Vox exige que el Gobierno andaluz firme un calendario. Por un lado, que garantice que todas las medidas acordadas y pendientes del Presupuesto de 2020 se cumplan antes de que acabe el año. En tres meses. Por otro, que muchas otras iniciativas se pongan en marcha o empiecen a materializarse en el primer trimestre de 2021. Esa es la gran novedad. Hasta ahora firmaban acuerdos, PP y Cs hacían algunas concesiones e iban dando una patada hacia delante a otras más comprometidas. O las aprobaban casi por la puerta de atrás.

Ocurrió con el teléfono de atención a la violencia intrafamiliar, la gran concesión a Vox en la negociación de 2020, por lo que supone de ninguneo a la violencia de género. Se puso en marcha a mediados de octubre, pero el partido más a la derecha del Parlamento consideró que se hacía mal, sin publicidad, casi con la consejera de Igualdad, de Cs, ninguneando la iniciativa y dejando claro que no sustituía al activo contra el maltrato machista.

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Esa bandera de Vox sí se ha cumplido, pero otras muchas firmadas para sacar adelante el Presupuesto de 2020, no. “Ahora ya no nos fiamos”, repite el partido de Abascal en Andalucía. “El PP hace ver que no puede llegar a esos compromisos con ese nivel de detalle. Hay buena sintonía, pero no cede en nada”, señalan desde el grupo parlamentario de Vox. De momento, negocian los responsables de Hacienda y se reservan, para intervenir por arriba en el último momento, los perfiles más políticos.

El pin parental

Del acuerdo firmado en junio de 2019 para pactar el Presupuesto que está ahora en vigor, Vox reclama que este mismo año se apruebe el llamado pin parental, “el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias”. También, que se pongan en marcha “actividades educativas sobre la actividad cinegética”, es decir, llevar la caza a las aulas, y una licencia interautonómica para que los cazadores puedan moverse entre distintas comunidades autónomas.

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En el apartado de control de las cuentas públicas, Vox exige que se apruebe un programa de transparencia para la Intervención General de la Junta, lo que obligaría a hacer públicos todos los informes internos sobre las cuentas públicas. Reclama también que se impongan medidas cautelares a los ayuntamientos, sobre los que la Cámara de Cuentas lleva años poniendo el foco por sus sonoros incumplimientos en la rendición de cuentas. El ayuntamiento que no cumpla con sus obligaciones en este sentido dejará automáticamente de recibir subvenciones.

Inmigración y feminismo

Luego hay otros ‘clásicos’ ya de Vox, que forman parte del ADN de su discurso político y alimentan esa guerra cultural en la que se mueven con comodidad. Atacan la inmigración, el feminismo o la okupación en España.

Exigen más recursos y una campaña de publicidad para impulsar el teléfono de violencia intrafamiliar. Reclaman que se cumpla esa propuesta firmada de colaboración con el Ministerio de Interior para el intercambio de información sobre inmigrantes en situación irregular, lo que consideran que facilitaría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado promover su expulsión. Reclaman una partida firmada para dotar de seguridad privada los centros de menores inmigrantes, poniendo el acento en el supuesto carácter violento de estos extranjeros. Exigen que se ponga en marcha una campaña para disuadir de la okupación de viviendas, se ayude a los propietarios y que se retiren todas las ayudas públicas a los okupas.

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Demandan en Vox para aprobar el Presupuesto eliminar todas las subvenciones que se destinen a pagar gastos corrientes de asociaciones y centrar las ayudas en empleo, autónomos y pymes, así como suprimir las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal.

Recortes en el sector público

La otra gran reclamación de Vox en Andalucía siempre ha sido recortar el sector público andaluz, que consideran brazo armado de la red clientelar del PSOE en la comunidad. La Junta ha encargado auditorías —que analizan las empresas, agencias y fundaciones más relevantes— a las principales consultoras del país y asegura que no tendrá resultados hasta la próxima primavera. Vox no quiere esperar ni se cree ese plazo. Reclama que se les entreguen los 16 lotes de auditorías adjudicados antes de que acabe el año y que sus resultados sean vinculantes. Eso conllevaría, por ejemplo, despidos.

El partido de Abascal exige suprimir el Consejo Audiovisual, el Consejo Consultivo, que ya el presidente andaluz dijo que no era posible porque está en el Estatuto, el Consejo Económico y Social de Andalucía o la Agencia de la Competencia. Piden quitar las asignaciones a más de una decena de entes que no tienen actividad pero sí reciben transferencias de la Junta, en la mayoría de los casos, para pagar nóminas. Por ejemplo, la Fundación Andalucía Olímpica.

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Vuelven a poner el foco en Canal Sur, la cadena autonómica que en las negociaciones de investidura reclamaron suprimir. Ahora piden que se elimine el segundo canal, Andalucía Televisión, y “optimizar todos los recursos en un solo ente que se pasaría a llamar así”, señalan fuentes de Vox. Un cambio de nombre, avanzado por ‘El País’, que el PP vería con buenos ojos para evitar que el canal autonómico se identifique con el PSOE.

Reclama Vox también que se subvencione la cuota de los autónomos en función de la declaración de la renta, del tiempo de cese de su actividad y de las pérdidas del negocio. Aplicar a las familias con algún miembro con discapacidad las mismas bonificaciones fiscales que en las numerosas. Piden una Oficina de Lucha Contra el Fraude en el Etiquetado, en un claro guiño a los agricultores.