PRESUNTO DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS

El empresario de Isofotón, en Panamá y con una orden de busca y captura

La jueza activa la la petición de Anticorrupción después de que los hermanos Serrano no acudieran a declarar en un caso que se construye con un patrón igual al de los ERE

Foto: Fotografía de archivo del empresario Ángel Luis Serrano. (EFE)
Fotografía de archivo del empresario Ángel Luis Serrano. (EFE)

Orden de detención para Ángel Serrano, el empresario de Isofotón que no acudió a declarar ante la jueza por estar en viaje de trabajo entre Panamá, donde reside, y México. La juez Patricia Fernández, que instruye el caso del supuesto desvío de 37,3 millones de euros de fondos públicos en la empresa fotovoltaica, atendió este viernes la petición de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que no había comparecido por causa justificada.

Los juzgados de Sevilla vivieron un día antes, el 15 de octubre, una especie de viaje al pasado. El ambiente era muy similar al que se vivía durante las largas jornadas del caso ERE. El juzgado de instrucción número 3 había citado a declarar como investigados a los empresarios de Isofotón, la empresa fotovoltaica que fue liquidada en 2014 tras haber cobrado 37,3 millones de euros de fondos públicos a través de la Agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía, y de Soprea, Sociedad para la Promoción y la Reconversión Económica de Andalucía.

Los empresarios Ángel Luis Serrano y su hermano Diego, que estuvieron al frente de la fotovoltaica desde 2010 hasta su liquidación cuatro años después, no aparecieron por los juzgados. Desde el primer momento, se especuló con la idea de que la jueza dictara una orden de detención. La Fiscalía Anticorrupción así lo solicitó para quien fue “el mesías de Isofotón”, su CEO, el hombre que venía a salvar la empresa buque insignia de las renovables en España, Ángel Serrano. La decisión de la magistrada, Patricia Fernández, se conoció al medio día de este viernes. Es lo que faltaba, admitían fuentes del caso, un empresario detenido en Panamá, donde tiene su residencia, conocido paraíso fiscal, para equiparar Isofotón al caso de los ERE en cuanto a focos y atención mediática.

El abogado de Ángel Luis Serrano había pedido un aplazamiento alegando que su cliente estará fuera de España hasta el próximo 1 de noviembre. Fue rechazado por la instructora en septiembre y recurrido, según explicó por escrito la defensa de Serrano, sin margen para que el que fue principal accionista de Isofotón acudiera a tiempo. Tras cinco años de instrucción —arrancó en 2015—, presentó un billete de avión comprado en junio y alegó que estaría disponible en 15 días. Hay declaraciones fijadas hasta el 24 de noviembre, por lo que "en nada perjudica a la causa".

Su defensa aseguró, en declaraciones a este periódico, que la petición de la Fiscalía Anticorrupción, avanzada por 'Diario de Sevilla', resulta "inaudita" y recordó que hay tres escritos presentados en el juzgado justificando su ausencia. "Es absolutamente desproporcionado, además de innecesario, dictar una orden de detención contra quien se ha puesto a disposición del juzgado en tan solo unos días", sostuvo el abogado de Serrano.

No se plantea la detención de Diego Serrano, la otra pata del Grupo Affirma, la consultora que compró Isofotón al Grupo Bergé en 2010. En este caso, no consta ningún escrito del letrado que los representa, pero fuentes del caso aseguraron que había un defecto de forma y había sido citado por 'mail', medio que no tiene aval legal para forzar su comparecencia.

El 'dumping' chino

La jueza instructora, Patricia Fernández, citó el pasado julio a los hermanos Serrano así como al director financiero de Isofotón, Óscar López. Solo este último apareció, mochila al hombro, vaqueros y camisa, y estuvo declarando durante algo más de media hora. El director financiero contó a la magistrada que él nunca había participado en las negociaciones con la Agencia IDEA ni la Junta de Andalucía para inyectar liquidez en la empresa, y aseguró que en 2010, momento en que Isofotón recibió el último aval de la empresa pública, tenía enormes perspectivas de negocios. En 2012, hubo un préstamo de Soprea de 8,3 millones. El ‘dumping’ de China, con ayudas del Gobierno a sus empresas de energías renovables, rompió el mercado y hundió la fotovoltaica española, sostuvo. Un ‘pull’ de varios bancos inyectó dinero y avaló su liquidez.

La instructora investiga el uso del dinero público que fue a Isofoton, con 37 investigados, entre ellos, los mismos ex altos cargos que ya comparecieron en los ERE, exconsejeros, exviceconsejeros y la cúpula de la Agencia IDEA. Algunos están condenados y pendientes del Supremo. Casi todos repiten abogado, así que los rostros eran los mismos que se veían de forma habitual en la planta superior a los de este jueves en la vista de Isofotón, donde entonces la jueza Alaya tenía su despacho. El PP, personado en la causa, también tiene el mismo letrado. El comité de empresa fue quien, en 2015, se dirigió a Alaya para denunciar presuntas irregularidades en los fondos públicos que estaba recibiendo la empresa. Ella puso la denuncia en manos del decanato y entró en el reparto habitual.

Un 'déjà vu'

La instructora Patricia Fernández, como hizo Alaya en su momento con los ERE, investiga si estas ayudas y avales a Isofotón, que sumaron 80 millones de euros, aunque no todo el dinero se terminó pagando, contaban con los trámites legales correspondientes y preceptivos. La jueza ha solicitado al Ejecutivo andaluz las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno celebradas entre 2005 y 2015. En esos años, presidieron la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Se sentó en ese Consejo de Gobierno la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y estuvo en el 'staff' de la empresa la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que dirigió entre septiembre de 2012 y mayo de 2013 un proyecto de alianza con Samsung en EEUU que no fructificó. “Hay ingredientes de sobra para que el PP haga de este caso el contrapunto perfecto al caso Kitchen, como hizo de los ERE la réplica a Gürtel”, comentaron fuentes del caso.

En septiembre de 2011, funcionarios de la Junta de Andalucía entregaban a la jueza Alaya las actas de los consejos de Gobierno, casi medio millar, después de que el Supremo tumbara el argumento del entonces equipo de San Telmo de que eran “secretas”. Fue un punto de inflexión. El caso de Isofotón se está construyendo de una manera muy similar al de los ERE, poniendo en la diana a quienes aprobaron dar esas ayudas a una empresa en crisis.

Manifestación de trabajadores de Isofotón en defensa de sus puestos de trabajo. (EFE)
Manifestación de trabajadores de Isofotón en defensa de sus puestos de trabajo. (EFE)

Sin embargo, las defensas aseguran que hay una gran diferencia. Entonces, ya acusaban a Alaya de falta de imparcialidad al buscar a los investigados, y ella misma declaró que llegaría hasta “la cúspide” de la pirámide. Sobre la instructora de Isofotón todos hablan bien, de su profesionalidad, su capacidad para ir al grano en los interrogatorios, su profundo conocimiento del derecho penal... Ella estuvo al frente del caso de la mina de Aznalcóllar, que archivó para que luego la Audiencia lo reabriera. Pinchó una burbuja judicial que el PP aseguró que iba a ser el caso que tumbaría al Gobierno de Susana Díaz.

En tiempos de Abengoa

Los argumentos que se oyeron en los juzgados de Sevilla por parte de las defensas fueron los mismos que con el caso ERE. Ya sabemos cómo acabó, 19 condenados pendientes ahora del Supremo. Primero alegan que es “absurdo” investigar políticas de fomento de empresas, donde siempre se asume riesgo con el dinero público, bajo la lupa del derecho penal. Segundo, que es fácil considerar ahora que esos avales o créditos fueron fallidos porque ya se sabe que la empresa acabó desguazada y vendida en lotes, pero que en aquel momento se trataba, como Abengoa, de la gran multinacional española en energías renovables.

Es otra de las grandes diferencias con aquel caso. Entonces estaba el PSOE en la Junta de Andalucía, ahora están el PP y Cs, el primer Gobierno de derechas en la autonomía, que hizo de este modelo de ayudas públicas una de las grandes batallas, retratando una sociedad anestesiada y subvencionada con dinero público destinado a crear una red clientelar a favor de los intereses socialistas. El Gobierno andaluz tiene precisamente ahora que decidir sobre Abengoa, que necesita de forma urgente 20 millones de euros para salvarse de la pira, y de momento, pese a la presión de los trabajadores a las puertas de San Telmo, asegura que no cuenta con instrumento legal para inyectar ese dinero. En tiempos de Isofotón, sin duda, hubiera sido otra cosa.

Andalucía

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