ENFADO DE LOS RECTORES

Del vídeo de Bertín al enfado de Granada: la pugna de la universidad y la Junta se viraliza

La auditoría de la AIReF a las universidades dispara los recelos y la operación financiera que dejó en manos del Gobierno 135 millones de sus remanentes abrió una profunda herida

Foto: Facultad de Ciencias de la Salud de Granada. (EFE)
Facultad de Ciencias de la Salud de Granada. (EFE)

Es difícil encontrar a un rector de universidad en un vídeo viral. O más bien, era. En Andalucía, ha ocurrido en dos ocasiones en un lapso de tiempo muy breve. Primero fue el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, que criticó duramente a la Junta de Andalucía por utilizar dinero del remanente de las universidades, que nutrió el fondo de emergencia covid, para financiar Canal Sur. Fue durante el acto de inauguración del nuevo curso: “Por muy importante que sea ‘El show de Bertín’, señor consejero, más importante es en mi opinión la educación superior de los andaluces”, le dijo al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, al que no se le pudo ver el rictus tras la mascarilla.

“Dejan los bares abiertos y nos cierran las aulas”. Así resumía la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, su profunda indignación por la decisión del Gobierno andaluz de clausurar las aulas durante 15 días por las altas tasas de contagio en la ciudad. A la rectora le informaron desde el Gobierno una vez que se había aprobado la medida en Consejo de Gobierno. Ella se preguntó en voz alta si una medida así tenía “amparo legal” y respetaba la autonomía universitaria. Este jueves, dará una rueda de prensa.

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Tras el enfado de los rectores de las universidades con más peso y solera de Andalucía —entre ambas suman casi la mitad de los alumnos universitarios de toda la comunidad—, hay una pugna abierta entre el Gobierno de Juan Manuel Moreno y los rectores que va a ir a más. Una suma de capítulos que ha terminado rebosando el vaso. El momento es tenso y el consejero del ramo aprovechó la jornada para subir varios grados la temperatura del enfrentamiento. Primero, al decir que no había tenido “ni voz ni voto” en el cierre de la Universidad de Granada. “¿Para qué tenemos un consejero de Universidades entonces?”, se preguntó más de un rector. Después, al presentar un informe que tiene indignada a buena parte de la comunidad universitaria.

"Sobran cargos y titulaciones"

Un estudio que el Gobierno andaluz encargó en marzo de 2019 a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que esta a su vez adjudicó en noviembre de ese año por 236.000 euros a la auditora KPGM, que ya tenía un importante lote de todos los exámenes puestos en marcha en el sector público andaluz. Los rectores ya avisaron entonces de que no se les había tenido en cuenta al encargar este trabajo externo y pidieron colaboración. Empezaron a hacerse públicos algunos recelos y roces entre los rectores y la consejería.

Los resultados de ese informe se presentaron este miércoles, en mitad del incendio con la Universidad de Granada. El consejero destacó conclusiones como que hay que “reducir el exceso de cargos y titulaciones en las universidades andaluzas” y apuntó que el organigrama de la universidad cuesta 40 millones de euros. Los rectores callan, pero la indignación sube y sube bajo sus birretes.

La fractura más grave se remonta a marzo, cuando el consejero de Hacienda, Juan Bravo, decidió recortar en 135 millones el presupuesto público de las universidades para destinar ese dinero al fondo de emergencia por el covid. A cambio, autorizó que gastaran ese mismo dinero de sus remanentes. Nadie consultó, aseguran fuentes de las universidades, esa decisión con los rectores. “No hay un espacio de colaboración ni de diálogo”, advierten. La desconfianza va en aumento. La reciente eliminación de las reglas fiscales ya aprobada por el Ministerio de Hacienda hubiera permitido igualmente a las universidades andaluzas hacer uso del dinero que tienen apalancado en sus cuentas por las férreas reglas de estabilidad, aseguran desde el ámbito de la universidad.

La música les suena en las universidades andaluzas a la que tarareaba el exministro de Educación José Ignacio Wert, y no les gusta nada. Desde el Gobierno andaluz, menosprecian la profunda indignación en las universidades asegurando que es una guerra política, para desgastar el Ejecutivo de PP y Cs. No hay un dirigente del PP al que cuando se le pregunta por este tema no asegure que los rectores le hacen el juego al PSOE, y subrayan la vinculación de los dos que han elevado la voz, Castro y Aranda, con este partido.

¿Por qué no con Castells?

Como ejemplo, en el Gobierno andaluz se preguntan dónde está la indignación de las universidades andaluzas con el ministro Manuel Castells, que también ordenó las clases 'online' y ha propuesto un nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador. El excoordinador del grupo parlamentario de Podemos en Andalucía David Moscoso, profesor de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), publicó un artículo en ‘Cuarto Poder’ donde acusaba a Castells, cuota de Podemos en el Gobierno de la nación, de haber retomado el espíritu de la reforma legal que propuso Wert de 'laboralización' de la universidad al estilo, señalaba, de las universidades privadas americanas.

El consejero andaluz de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco. (EFE)
El consejero andaluz de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco. (EFE)

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, trató días atrás de calmar el motín que se ve venir en las universidades andaluzas. No es ninguna tontería tener enfrente una comunidad que entre profesores, alumnos y familias puede sumar un millón de personas directamente afectadas. Tras la reducción de 135 millones en el presupuesto público de 2020, anunció Moreno una inyección de 61 millones de euros más para que enfrenten los gastos imprevistos por el coronavirus. El intento de sofocar la rebelión casi sentó peor.

Eternos pulsos con Hacienda

Las tensiones de los rectores de las universidades con la Consejería de Hacienda no son nuevas. Hubo pulsos muy importantes con la anterior titular del ramo, la ahora ministra María Jesús Montero. Los problemas de tesorería han marcado las relaciones con el Gobierno andaluz, también en la época socialista, y los rectores llevan muchos años reclamando que se les abone la deuda pendiente por una financiación deficiente.

En mayo, en una reunión telemática, los rectores andaluces se levantaron de una cita con el consejero Rogelio Velasco. Los 135 millones de sus remanentes que se había apropiado el Gobierno andaluz, en una operación muy similar a la que la ministra Montero intentó con el superávit de los ayuntamientos, fue el detonante. Desde entonces, todo va a peor.

Un par de meses antes, en marzo, el Parlamento aprobó que se mantuviera la gratuidad de las matrículas universitarias, que instauró el Gobierno de Susana Díaz, con el voto en contra de Vox. En mayo, dimitió la secretaria general de Universidades. Un cese que la consejería achacó a motivos personales y negó que estuviera vinculado con un debate interno sobre la gratuidad de las matrículas universitarias. Velasco sí lo había criticado, como una medida que no era progresiva, al no tener en cuenta la renta de las familias.

Hay mucho malestar con el consejero del ramo, economista y catedrático que dejó la Universidad de Granada para fichar por Telefónica y volvió como miembro del Consejo de Universidades a propuesta del PSOE, antes de que Cs lo fichara para el Gobierno de Andalucía. Velasco conoce la universidad, también la norteamericana, fue profesor en Berkeley y Nueva York. “Lo peor es que no se ha sentado a colaborar con las universidades. No construye espacios de diálogo. No sabemos cuál es su modelo. ¿Quiere el Gobierno andaluz abrir la puerta a las universidades privadas? ¿A cuáles? ¿Sobran titulaciones? ¿Sobran cargos? Es una suma de cosas y además va a ir a peor”, vaticina una voz autorizada del mundo universitario que conoce de primera mano lo que pasa entre bambalinas en la pugna entre los rectores y el Gobierno andaluz.

Andalucía

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