El caos de Madrid traslada el desconcierto y la polarización al resto de España

El pulso político abierto en Madrid no deja indiferente al resto de España en tiempos de covid. La incertidumbre que se vivió en la antesala de un puente festivo así como la pelea retransmitida en directo y al minuto entre el Gobierno de la nación y el de la comunidad madrileña generó un ruido ensordecedor que llega más allá de la M-40. Los partidos aprietan sus filas y los ciudadanos asisten con desconcierto a las consecuencias de la pugna de siglas en plena pandemia. Madrid sin duda es una caja de resonancia y lo que ocurra allí intoxica a cualquier otro punto del país.

La posibilidad de que el Gobierno firmara el decreto de estado de alarma en Madrid, como se anunció en la noche del jueves mientras supuestamente se negociaba con el ejecutivo autonómico, agitó para toda España el fantasma de lo ocurrido el pasado marzo, aunque nada tiene que ver el confinamiento de ahora con el de entonces. En las comunidades donde hay municipios o ciudades sometidas a restricciones se acrecentaron las dudas por el vacío legal que provocó la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras que en Andalucía o Castilla y León sus tribunales superiores de justicia respaldaban las medidas de confinamiento, en Aragón su alto tribunal también dejó sin efecto la reducción de aforos de la hostelería en Zaragoza, pensada para controlar las fiestas del Pilar.

Éxodo del puente

En Andalucía, donde viven más de ocho millones de españoles y donde este viernes se volvieron a batir cifras récord de contagios por tercer día consecutivo, con 1.997 casos, se suma, como en otro lugares de España, la preocupación porque los madrileños salgan hacia sus segundas residencias en la costa. Los alcaldes de algunos de los municipios con más censo de segundas residencias de madrileños, como es el caso por ejemplo de Chiclana de la Frontera (Cádiz) o Punta Umbría (Huelva), no quisieron hacer ninguna declaración al respeto. Las restricciones, advierten, se deben de tomar en Madrid y no en sus localidades. El Gobierno andaluz aseguró que "monitorizará" esas localidades donde se prevén más visitantes, controlando los movimientos de sus centros de salud y actos médicos. No obstante, creen que el éxodo de madrileños será "residual".

El Gobierno andaluz, de PP y Cs, eludió ningún tipo de advertencia sobre estos traslados. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), recordó que Andalucía es tierra de “brazos abiertos” y animó a quien quisiera venir a hacerlo cumpliendo las normas. El dirigente del PP cerró filas con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y arremetió contra un decreto de alarma que dijo es fruto de “la soberbia” de Pedro Sánchez. El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín (Cs), auguró como consejero de Turismo que la ocupación hotelera en el puente será más optimista que las previsiones, por encima del 55%. Su discurso sobre el estado de alarma fue más templado, lo apoyó “si va en la línea de salvar vidas”. Enfrente, la oposición elevó el tono por la "irresponsabilidad" de la presidenta madrileña. Susana Díaz aseguró que el presidente Moreno Bonilla había comenzado a "dar aletazos" y dictar "medidas contradictorias" porque como a su homóloga madrileña "se le va de las manos la pandemia".

Moreno auxilia a Ayuso

En Andalucía, el PP desde el Gobierno ha pasado de mostrar dudas por la gestión de la pandemia de Díaz Ayuso, convencidos de que no era justo el retrato que se hacía desde Madrid sobre la gestión de los barones del PP, a cerrar filas con la dirigente popular, a la que retratan como víctima del "acoso" de Pedro Sánchez. El presidente andaluz ha pasado de tener una actitud que rehuía siempre la confrontación a acusar abiertamente a Sánchez de ponerse de perfil para no asumir desgaste por la gestión de la segunda ola. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que el presidente Juan Manuel Moreno habla con frecuencia con su homóloga madrileña y apoya su criterio para negarse al cierre perimetral de la capital. Creen que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid demuestra “el carajal” y la “insolvencia jurídica” del Gobierno. Insisten en que ahora mismo hay 17 comunidades autónomas haciendo cada una la guerra por su cuenta contra el virus.

En estos momentos, en la comunidad andaluza, con datos de incidencia por la enfermedad por 100.000 habitantes, lejos de los que arroja Madrid, hay tres municipios cerrados: Casariche (Sevilla), Almodóvar del Río (Córdoba) y Linares (Jaén), el más importante con más de 57.000 habitantes. En estos tres casos el Gobierno andaluz ha dictado por orden del consejero de Salud, Jesús Aguirre, medidas restrictivas prácticamente idénticas a las que el Ministerio propone para Madrid. La Junta se dotó de un protocolo propio, asesorado por su comité técnico asesor, y elevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para su ratificación las medidas aprobadas. El alto tribunal andaluz dio aval jurídico en los tres casos, a diferencia del madrileño, que alertó de que la base jurídica Ayuso no era válida.

El Gobierno andaluz se jacta de que en Andalucía todo se ha hecho desde el consenso y que los alcaldes de esas localidades están de acuerdo, lo que es imprescindible para que las autoridades locales hagan efectivo el cumplimiento de las restricciones, así como la Delegación del Gobierno, que en todos los casos, aseguran, han colaborado con las dotaciones necesarias de Policía Nacional y Guardia Civil. No obstante, aunque el limbo legal que se abrió en Madrid no afecta a ninguno de los municipios andaluces confinados, desde la Junta sí admiten dudas sobre qué harían en caso de tener que cerrar una ciudad de más de 100.000 habitantes, apelando a la proporcionalidad y a la restricción de derechos fundamentales.

Por ejemplo, hay un problema si hubiera que adoptar el cierre de Granada, una medida que la Junta aún descarta pero donde se han disparado los contagios, hasta tasas por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes, de la mano, señala Salud, de la comunidad universitaria. En este caso, desde el Gobierno andaluz, visto lo ocurrido en Madrid, aseguran que acudirían previamente a la justicia a preguntar cómo tendrían actuar y evitar un varapalo judicial.

Cubrir el vacío legal

Desde el PP andaluz niegan que hayan existido consignas de Génova al abordar las restricciones del Ministerio de Salud y defienden que el Gobierno de Moreno votó en contra en el consejo interterritorial por criterios “puramente técnicos”. “Génova sabe que en cuestiones tan delicadas no puede dar órdenes”, subrayan desde el Gobierno andaluz. Todas las comunidades del PP, salvo Murcia, que explicó que se abstuvo por error, y Castilla y León, que sufre la cercanía de la comunidad madrileña, se alinearon en contra de la orden del Ministerio de Salvador Illa. Es más, aseguran desde el Ejecutivo andaluz que en la cita preparatoria de este encuentro, donde no acuden los consejeros sino los directores generales, varios de estos altos cargos en comunidades gobernadas por el PSOE se mostraron en contra de la propuesta del Gobierno de la nación y después los consejeros de Salud socialistas cambiaron su voto.

Pese a que en Andalucía nadie ha acudido a un juez a recurrir las restricciones de la Junta, desde el Gobierno autonómico admiten la incertidumbre que se generaría si cualquier ciudadano pidiera que se anularan esas medidas. En ese sentido, como reclama el PP y ha hecho llegar formalmente el gallego Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de Pedro Sánchez, insisten en que es necesario reformar con urgencia la ley de salud de 1986 para acabar con la incertidumbre.

Ecos en la fiesta valenciana

La crisis madrileña y su permanente exposición mediática también ha alcanzado al debate político valenciano hasta el punto de que contaminó la festividad autonómica del 9 d’Octubre. La Comunidad Valenciana ha logrado contener por ahora la pandemia, con cifras de contagios a la cola de España y una respuesta más o menos rápida a los brotes que van surgiendo. Pese a esa percepción de normalidad relativa con mascarilla Marc Granell, el poeta galardonado con el Premi de les Lletres Valencianes, no dudaba en referirse a esa sensación de desconcierto y decepción que el foco madrileño está trasladado hacia la periferia:

“En un tiempo en que la muerte nos visita y se lleva cuerpos y voces queridas, y el dolor y el miedo nos llena de incertidumbres los ciudadanos ven perplejos el comportamiento cainita y suicida de tantos políticos obsesionados en sus peleas. ¿Pero en qué manos estamos, señor?”, dijo Granell en su discurso en nombre de los premiados.

La confusión sobre lo que está ocurriendo es generalizada. También la polarización política que se vive en Madrid, si bien en el caso valenciano mucho más mitigada en el debate político por el hecho de que la Administración autonómica está presidida por alguien del mismo partido que el Gobierno central. Ximo Puig, que ha hecho de la reivindicación del diálogo entre instituciones y niveles estatales unos de los ejes de su discurso ante la pandemia, se refería a esa diferencia con el hervidero madrileño en su discurso con motivo de la festividad autonómica: “Frente a los territorios de la confrontación, la Comunidad Valenciana es hoy sinónimo de unidad, de estabilidad y de serenidad. Gracias al trabajo de toda la sociedad, hoy somos reconocidos por el acuerdo, la gestión y la cordura. Sobre todo esto: sentido común. Esa es la mirada que proyectamos a las tierras diversas de España. A esa 'España de Españas' que enriquece, y no empobrece", una referencia que parecía contraponerse al "Madrid es España", de Ayuso.

El mensaje que se traslada desde el llamado Consell del Botànic, donde el PSOE comparte conselleries con Compromís y Unidas Podemos, es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene mucha más responsabilidad en la situación de caos que se vive en la capital de España, no solo porque tiene las principales competencias en la lucha contra la pandemia, como es la gestión sanitaria, sino por su incapacidad para consensuar, aceptar y compartir las medidas y soluciones alternativas que le llegan desde el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha terminado por imponer el estado de alarma y un cierre perimetral de forma unilateral.

Son muchas las voces que se preguntan cuál sería la posición de los poderes madrileños, incluidos los mediáticos, si hubiera sido cualquier otro líder autonómico, y no la presidenta `popular Isabel Díaz Ayuso, quien se hubiera enfrentado de tal forma al Ministerio de Sanidad en plena pandemia y con los índices de contagios y enfermedad más altos de Europa.

De Barcelona a Madrid

“Durante muchos años hemos estado mirando a Cataluña como el mayor problema territorial de España; pero ahora, nos encontramos con que es Madrid la comunidad que ha puesto patas arriba el ‘statu quo’ del régimen autonómico”, escribía esta semana el periodista Andrés Hernández de Sá en el diario Levante-EMV, por poner un ejemplo de reflexiones publicadas en medios de comunicación periféricos.

Un síntoma de la excepcionalidad madrileña es que ni siquiera genera consenso en un partido acostumbrado a fijar posiciones unitarias como es el Partido Popular. Aunque el presidente andaluz ha cerrado Juan Manuel Moreno ha cerrado filas con Ayuso, el voto favorable de Castilla y León a las restricciones propuestas por el Ministerio de Sanidad en el último consejo interterritorial reflejan una discrepancia muy sintomática. Se trata de un territorio gobernado por el popular Alfonso Fernández Mañueco limítrofe con Madrid que sufrió muchos problemas en la primera ola de la pandemia entre marzo y junio. Miles de residentes en Madrid se desplazaron a poblaciones familiares o segundas residencias, lo que tuvo un efecto de presión añadida sobre el sistema sanitario, no preparado para incrementos de población fuera de temporadas estivales.

Esa una diferencia con las regiones más turísticas del país, que ahora, cuando la llegada de visitantes extranjeros se ha reducido de forma importante, ven en un posible éxodo de madrileños un alivio al desplome de actividad. En la Comunidad Valenciana, poblaciones costeras como Benidorm, Jávea o Torrevieja aseguran estar preparadas para recibir visitantes, dueños de segundas residencias y teletrabajadores, mientras que la Conselleria de Sanidad asegura que el sistema de atención primaria tiene capacidad de respuesta.